Los Principios Rectores, presentados por el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, el Profesor John Ruggie, fueron acogidos unánimemente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2011 mediante la Resolución 17/4.
Como consecuencia, los Principios Rectores son hoy en día la norma de conducta a nivel mundial que orienta a los Estados y a las empresas en relación con el desarrollo de actividades empresariales y consisten en el deber del Estado de proteger los derechos humanos; la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y la necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación de las víctimas de abuso relacionados con las empresas.
En este contexto, el 9 de diciembre de 2015, el Gobierno de Colombia adopta el primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas 2015-2018 como una respuesta de Colombia a la implementación de los "Principios Rectores sobre empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar", convirtiéndose en el primer país no europeo en adoptar un Plan Nacional de Acción en la materia.
En el año 2020, el virus conocido como Coronavirus SARS-CoV-2, cambió la vida del mundo con la enfermedad denominada COVID-19. De ahí viene la necesidad de construir un Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos que tenga en cuenta este nuevo contexto sin perjuicio de que ello se convierta en la razón bajo la cual se adopta esta política.
El 10 de diciembre de 2020, el Gobierno de Colombia adoptó el segundo Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas 2020-2022. "Juntos Lo Hacemos Posible: Resiliencia y Solidaridad". El propósito del Plan es convertirse en la piel del programa de reactivación económica del Gobierno Nacional denominada 'Compromiso por Colombia’, que se encuentra encaminada en fortalecer la dinámica económica reconociendo el valor del tejido empresarial, pero también requiere un compromiso de protección a los Derechos Humanos que vaya más allá de garantizar unas buenas relaciones laborales entre empleadores y empleados, además de convocar a la formalización y promover el respeto de los derechos de la comunidad con el fin de luchar contra la pobreza y la desigualdad.
