SINOPSIS El análisis empírico y la discusión de las tesis comunes sobre las autodefensas en Colombia realizado en este panorama permite desvirtuar el planteamiento según el cuál el Estado financia, organiza y planifica operaciones conjuntas con las autodefensas. También permite cuestionar la concepción que se sostiene con frecuencia de que el Estado es omisivo y complaciente, y que no pone en funcionamiento su capacidad para investigar, sancionar y atacar a estas organizaciones armadas al margen de la ley. Sin embargo, sí bien las autodefensas no son un proyecto estatal, esto no quiere decir que algunos de sus agentes no tengan una actitud complaciente y aún cómplice con estas organizaciones. Pero estos comportamientos no responden a una directiva de los altos niveles del Estado -tales funcionarios son investigados por las instancias correspondientes-, sino que en lo esencial son inducidos por fuerzas sociales locales o están asociados a hechos de corrupción o a convicciones personales. En los últimos años se ha notado que las autodefensas hacen cada vez mayores esfuerzos por presentarse como una fuerza nacional, con un mando único y responsable lo cual es más bien una estrategia para mostrarse como una organización política. Si bien es cierto que en determinadas regiones las autodefensas han contenido a la subversión, existen otros ingredientes asociados al narcotráfico y a intereses privados que impulsan su expansión y desarrollo. Las redes de apoyo social en algunas regiones como reacción y/o contraposición a la influencia subversiva son un factor de fortalecimiento de las autodefensas. Existe abundante evidencia sobre los ataques cada vez más recurrentes que las autodefensas han efectuado contra la población civil y el Estado. Acuden en no pocas ocasiones a la atroces práctica de las masacres y el desplazamiento forzado de personas, atentando contra los campesinos más pobres. Aparte de la gran cantidad de víctimas cobradas por el sector judicial en su labor de investigación, las autodefensas han asesinado una significativa proporción de funcionarios y dirigentes políticos de los niveles local y regional. Los ataques contra funcionarios del Estado son, por extensión, ataques contra el Estado mismo. Son positivos los resultados del Estado en el desmantelamiento de estos grupos al margen de la ley. El balance de la administración de justicia es significativo, especialmente por la labor de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, donde se concentran las acciones penales contra particulares presuntamente vinculados a grupos de autodefensa. Son muy pocos los casos de miembros de la Fuerza Pública vinculados a procesos por el delito de conformación de grupos de autodefensa. Respecto de este tipo de nexos, el gobierno impulsa la realización de las correspondientes investigaciones y busca sancionar a los miembros de las Fuerzas Militares, de Policía, o de los organismos de seguridad que se encuentran vinculados con estos grupos ilegales. En cuanto a los resultados operacionales de la Fuerza Pública, las bajas y capturas de integrantes de estas agrupaciones se han intensificado, lo cual se ha traducido en una pérdida significativa de sus efectivos. Sí bien estos resultados muestran que las bajas que le ocasionan el Ejército y la Policía a la subversión son muy superiores a las que le causan a las autodefensas, las estadísticas analizadas permiten apreciar una tendencia creciente coincidente con la participación de estos grupos en la violencia. No obstante el crecimiento exponencial de estos grupos, la Fuerza Pública hace esfuerzos respondiendo a la tendencia al aumento de las masacres, secuestros y desplazamientos forzados causados por las autodefensas. Hace falta analizar otras dimensiones como sus particularidades y los ataques contra sectores específicos como los sindicalistas, periodistas y acedémicos. La participación de las autodefensas en la grave situación de violencia y en el conflicto armado colombiano señalada aquí, refuerza la directriz de la política del Gobierno Nacional, compartida por sectores de la sociedad colombiana y la comunidad internacional, de desarticular y combatir estas organizaciones criminales, así como todas las formas de violencia. |
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CASOS
ABIERTOS EN EL ÚLTIMO AÑO POR CONFORMACIÓN DE Y VINCULACIÓN A
GRUPOS DE AUTODEFENSA Y DE JUSTICIA
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ALGUNAS INVESTIGACIONES ADELANTADAS POR LA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS DE LA FISCALÍA CUYOS VINCULADOS HAN SIDO ACUSADOS DE CONFORMAR O ESTAR VINCULADOS CON GRUPOS DE AUTODEFENSA Y DE JUSTICIA PRIVADA
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