1. LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA ATACAN A LA POBLACIÓN CIVIL Y A LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO Existe abundante evidencia que demuestra que las autodefensas contribuyen a la degradación de la situación colombiana al atentar contra la población, especialmente la población campesina y más pobre. Pero también, y muy poco conocidos, son los ataques de las autodefensas contra funcionarios del Estado y dirigentes políticos. Los grupos de autodefensa atacan a la población Los asesinatos de civiles y las denominadas masacres, así como otras
formas de amedrentamiento y ataque contra la población civil, son reconocidas
estrategias de guerra de las autodefensas, que constituyen prácticas
violatorias del derecho internacional humanitario. Los anteriores son hechos palmarios puestos en evidencia en las cifras y categorías de las fuentes oficiales y de las organizaciones no gubernamentales: los registros que llevan las Fuerzas Militares de civiles muertos fuera de combate con autor conocido, las cifras sobre homicidios políticos recopiladas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y por la Policía Nacional, los datos sobre masacres de la Defensoría del Pueblo, la suma de homicidios políticos y de víctimas de las masacres que relaciona el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, los datos sobre homicidios políticos y ejecuciones extrajudiciales que suministra la Comisión Colombiana de Juristas, y las cifras del CINEP- Justicia y Paz, que incluyen masacres y homicidios en personas protegidas. Al observar en su conjunto las cifras de víctimas fatales del conflicto armado, en especial de las masacres, resulta alta la responsabilidad de las autodefensas, con un notorio aumento desde 1998. Autodefensas y subversión se disputan mes tras mes el primer lugar en cuanto al número de muertes de civiles, de acuerdo con el Comando del Ejército. Si en 1999 la subversión fue culpable de la mayoría de los homicidios de civiles, en el año 2000, las autodefensas contabilizaban la mayor cantidad. La responsabilidad de las autodefensas en estas muertes creció un 32% respecto al año anterior. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las autodefensas son culpables del mayor número de masacres. Hasta septiembre de 2000, eran responsables por 93 casos con 512 víctimas. Las masacres cometidas por las autodefensas han venido aumentando notoriamente desde 1995. El aumento de las masacres coincide con la expansión de las autodefensas, como se deduce de la información de la Policia Nacional. Las autodefensas también son las mayores causantes de desplazamientos colectivos de campesinos. En el primer semestre de 2000, de acuerdo con el Sistema de Estimación de la Red de Solidaridad Social, el 53% de los desplazamientos fue propiciado por las autodefensas, con algunas variaciones regionales. COMPARATIVO
CIVILES MUERTOS FUERA DE COMBATE
COMPARATIVO
PRIMER SEMESTRE MASACRES
COMPARATIVO
PRIMER SEMESTRE MASACRES
SECUESTROS LLEVADOS A CABO POR LAS AUTODEFENSAS DURANTE EL 2000
De otra parte, el secuestro y la desaparición son otras de las comunes prácticas violatorias del derecho internacional humanitario cometidos por estos grupos. De acuerdo con los datos del Programa para la Libertad Personal, el número de secuestros efectuados por estos grupos armados ilegales en este año sigue una tendencia ascendente, aunque sin embargo continúa siendo inferior al número de los ejecutados por la guerrilla. El secuestro se ha convertido en otro método de las autodefensas para mantener sus ingresos, como lo ha comprobado el Ministerio de Defensa, pues ha aumentado el número de secuestros extorsivos realizados por ellas. Los datos del Ejército y de la Policía Nacional señalan que de 45 secuestros en 1998, las autodefensas pasaron a ejecutar 106 en 1999 y 203 durante los diez primeros meses de 2000. También son los grupos de autodefensa los que cometen la gran mayoría de los homicidios en persona protegida y las torturas, de acuerdo con los registros sobre infracciones del derecho internacional humanitario de la organización no gubernamental CINEP. También ha aumentado en los últimos tres años su responsabilidad por atentados contra la vida e integridad personales como infracciones del derecho internacional humanitario, según el Comando General de las Fuerzas Militares. La misma fuente informa además del incremento año tras año de los casos de desaparición de personas por parte de las autodefensas. Aquellas, en algunos casos, son encontradas en fosas comunes, con huellas visibles de tortura y mutilaciones. Las autodefensas, aunque en menor proporción que la guerrilla, llevan a cabo ataques e incursiones contra las poblaciones. En 1999 guerrillas y autodefensas atacaron 106 poblaciones del país, el 9,7% de los municipios colombianos, de acuerdo con el Comando General de las Fuerzas Militares. En 1999 las autodefensas atacaron 11 poblaciones y 4 más en el 2000, hasta junio, que representan el 11 % de estas acciones. Las autodefensas, por lo demás, asesinan a personas que no participan directamente en las hostilidades, atacan instalaciones públicas y privadas, incurren en piratería y bloqueos, y también siguen involucrando a menores de edad, niños y niñas, en el conflicto. Las estrategias de guerra de las autodefensas con sus ataques directos contra la población pobre campesina y la práctica de violaciones tales como torturas, muertes fuera de combate, masacres y desplazamientos forzados, contribuyen a la crítica situación que vive Colombia. El secuestro, los asaltos a las poblaciones y los bloqueos de carreteras son crecientes e imitan las tácticas de la subversión con la consecuente intensificación del conflicto. El crecimiento de las autodefensas y su expansión territorial van de la mano del aumento de todas estas prácticas.
SECUESTROS
REALIZADOS POR LAS AUTODEFENSAS Y
Los grupos de autodefensa atacan a funcionarios del Estado y dirigentes políticos Tradicionalmente se ha creído que las guerrillas son las responsables de los homicidios, los secuestros, las desapariciones y las amenazas, contra funcionarios del Estado y dirigentes políticos sin advertirse que las autodefensas también tienen una enorme participación en ellos. Se consultaron y procesaron listados de hechos y algunas estadísticas que han pasado desapercibidas de fuentes tan variadas como el Banco de Datos de CINEP - Justicia y Paz, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y la Fiscalía General de la Nación. Una de las características centrales encontradas en esta aproximación al problema es que en muchos de los casos estudiados es prácticamente imposible establecer responsabilidades. La información del CINEP sobre los casos en que la responsabilidad se atribuye a las autodefensas, habla de los homicidios de 91 funcionarios estatales y dirigentes políticos de los órdenes local, regional y nacional integrantes de las estructuras ejecutiva, judicial y legislativa, en los cuarenta y dos meses considerados. Sin embargo, la cifra real podría ser más alta. Después de consultar la estadística elaborada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se deduce que la responsabilidad de las autodefensas debe ser mucho más elevada que la que le atribuye el CINEP-Justicia y Paz. Con los listados del DAS sobre la ocupación de las personas asesinadas entre enero de 1995 y diciembre de 1999, fue posible seleccionar con mayor precisión el tipo de víctimas. Se concluyó que de un total de 676 víctimas entre funcionarios estatales y dirigentes políticos, solo 167 se atribuyen directamente a la guerrilla (25%), y el 75% restante a otras organizaciones armadas al margen de la ley, entre las que sobresalen las autodefensas. Por otra parte, de acuerdo con los datos del DAS, entre enero y el 15 de octubre de 2000 las autodefensas y las guerrillas asesinaron al menos a 105 dirigentes y funcionarios del estado de nivel local. Murieron 11 alcaldes, 43 concejales, 13 candidatos a alcaldes, 17 candidatos a concejales, 2 candidatos a asambleas, 7 inspectores de policía y 12 más entre funcionarios y dirigentes. Aun cuando en la mayoría de los casos la responsabilidad de los crímenes se atribuye a "desconocidos", es evidente que la participación de las autodefensas no es marginal en un contexto de lucha entre guerrillas y dichas organizaciones.
Los ataques de las autodefensas afectan al poder nacional, como lo señalan los magnicidios, muy posiblemente en conexión con el narcotráfico, y los secuestros de parlamentarios y sus familiares realizados por las autodefensas como medio de presión. Las autodefensas secuestraron recientemente a siete congresistas (Zulema Jattin, Juan Manuel López, José Ignacio Zapata, Antonio Guerra, Anibal Mosterrosa, Luis Villegas y Miguel Pinedo). No es la primera vez que lo hacen. Ya habían secuestrado a la Senadora Piedad Córdoba el 21 de Mayo de 1999, y en junio del mismo año a Guillermo León Valencia Cossio, hermano de un senador y negociador por el Gobierno. Aparte de los secuestros extorsivos, el secuestro político, acción tradicional de las guerrillas, ha sido adoptado por las autodefensas. De acuerdo con la información del DAS, entre enero de 1997 y julio de 2000 fueron secuestrados por estas dos organizaciones 40 dirigentes políticos departamentales, 6 diputados, 120 alcaldes, 136 concejales, 67 candidatos a alcaldías, 68 candidatos a concejos y 4 inspectores de policía, sin contar a otros funcionarios de menor rango. Sí bien es cierto que la guerrilla concentra aproximadamente el 75% de las responsabilidades por casos de secuestro político, tiene relevancia el hecho de que a las organizaciones ilegales diferentes a estas, entre las que predominan las autodefensas, se les atribuye un 25%, que equivale a 147 casos, en el mismo periodo. No se cuenta con estadísticas confiables sobre amenazas, pero la información disponible sugiere que estas tienen un peso importante y son utilizadas con mucha frecuencia por las autodefensas como medio para intimidar2. En cuanto a los altos niveles del Estado, se constatan amenazas públicas a figuras como el Fiscal General de la Nación y el anterior Alto Comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo
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En cuanto a las estructuras de poder local y regional, es claro que los alcaldes, concejales, diputados, candidatos y dirigentes políticos, así como también los inspectores de policía nombrados por los alcaldes, están entre el fuego de la guerrilla y el de las autodefensas y son objeto de presión de parte de las organizaciones al margen de la ley por medio de amenzas, secuestro y muertes. La confrontación entre guerrillas y autodefensas es uno de los escenarios donde se producen los asesinatos, secuestros y amenazas a funcionarios estatales y dirigentes políticos que buscan espacios en las alcaldías y en los cuerpos colegiados municipales. Tales homicidios ocurren mayoritariamente en las regiones en las que estas dos organizaciones luchan por el control del poder local y regional. Esto es especialmente cierto, de un lado, en departamentos del norte del país como Guajira, Magdalena, Cesar, Sucre, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, en las regiones de Urabá y el Magdalena Medio, y en el sur del país, en departamentos como el Valle del Cauca, Putumayo y el Meta, donde las autodefensas han tenido avances importantes en los últimos años. De otro lado, muchos de los homicidios han sucedido en departamentos donde las guerrillas tienen una influencia importante, como Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Arauca, Casanare. Las estadísticas revelan que los asesinatos de estos funcionarios se incrementan con ocasión de las elecciones. En la más reciente campaña para alcaldes, gobernadores, concejales y diputados se registró un comportamiento ascendente. Sin embargo, los asesinatos de funcionarios y dirigentes políticos no se reducen a las coyunturas electorales3. En la reciente coyuntura electoral por ejemplo, en el municipio de El Piñón, en el departamento del Magdalena, las autodefensas asesinaron al concejal Bernardo Martínez en el mes de abril; en Santa Marta asesinaron al inspector de policía del corregimiento de Bonda en mayo, y en Aracataca al concejal liberal Francisco José López Baldomino el mismo mes. Igualmente, el 3 de febrero de 2000 asesinaron al ex Alcalde de Cúcuta, Pauselino Camargo, en agosto de 2000, al ex alcalde y candidato a la alcaldía de Aguachica, Luis Fernando Rincón, y más recientemente, el 15 de diciembre el alcalde electo de Tenerife, Magdalena, Orlando Sandoval. Una de las instancias del Estado más afectadas por las autodefensas es sin lugar a dudas la del poder judicial. Tanto las autoridades judiciales como los testigos son víctimas de homicidios, secuestros y amenazas. Las zonas donde las autodefensas ubican sus retaguardias están protegidas por anillos de seguridad muy complejos, prácticamente imposibles de penetrar para los investigadores de la Fiscalía y las autoridades encargadas de la investigación judicial. Adicionalmente, las autodefensas obstaculizan estas labores en las zonas donde tienen influencia, limitando enormemente el ejercicio de la justicia. Las amenazas, presiones y ataques contra el poder judicial por parte de estas organizaciones son tan antiguos como las autodefensas mismas. Así, basta recordar la denominada masacre de La Rochela, ocurrida el 18 de enero de 1989 en el corregimiento de El Centro, municipio de Barrancabermeja, contra una comisión integrada por quince funcionarios judiciales entre quienes murieron dos jueces de instrucción criminal, dos secretarios de juzgado, siete agentes de instrucción criminal y dos conductores, cuando se encontraban investigando una oleada de asesinatos y masacres protagonizados por estas organizaciones al margen de la ley.
En lo relacionado con los funcionarios de la justicia, las estadísticas no son completas. Se estima en mas de medio centenar el número de funcionarios judiciales asesinados por grupos de autodefensa. Sin embargo, con información suministrada por la Fiscalía, puede establecerse que en los últimos nueve años al menos 80 investigadores del CTI han caído bajo las balas de autodefensas y guerrillas 4. Los casos señalan que son las primeras las que ostentan una mayor cuota de responsabilidad. La modalidad establecida en la masacre de La Rochela, ya descrita, siguió siendo practicada por las autodefensas. Se ha seguido atentando contra comisiones de investigación mixtas, asesinando, desapareciendo, secuestrando o amenazando a sus integrantes (de hecho los investigadores no ingresan individualmente a las zonas dominadas por las autodefensas) 5. Las autodefensas tratan de esta manera de impedir que las comisiones judiciales investiguen sus actividades al margen de la ley. Las autodefensas afectan toda la compleja organización estatal, entrabando su correcto funcionamiento. Además de los casos ya mencionados, han sido objeto de amenazas, secuestros y homicidios muchos otros funcionarios judiciales de los órdenes local y regional tanto de niveles directivos como de escalones intermedios e inferiores de la compleja organización estatal.
EVOLUCIÓN
DE HOMICIDIOS DE FUNCIONARIOS Y DIRIGENTES
EVOLUCIÓN
DE HOMICIDIOS DE FUNCIONARIOS DEL ESTADO POR
De los datos y casos expuestos en este análisis empírico sobre los ataques frecuentes contra servidores públicos y especialmente miembros del poder judicial por parte de grupos armados distintos a la guerrilla, entre los que predominan las autodefensas, se deduce que estas últimas atentan contra el Estado, lo cual contradice los argumentos que las describen como un proyecto militar producto del Estado colombiano. |
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