Este documento presenta una síntesis de estudios empíricos sobre las infracciones del derecho internacional humanitario y de las violaciones de los derechos humanos cometidas por los grupos de autodefensa en el curso del conflicto armado, y los esfuerzos del Estado colombiano para enfrentarlos. Su propósito es el de aportar algunos elementos que enriquezcan la percepción del gobierno colombiano en relación con estos protagonistas de graves infracciones del derecho internacional humanitario. Los orígenes de los actuales grupos de autodefensa se remontan a los primeros años de la década de 1980, cuando las organizaciones de narcotraficantes promovieron y financiaron las autodefensas del Magdalena Medio. El modelo desarrollado entonces en esta región pronto comenzó a exportarse a otros lugares del país, entre ellos Urabá y Córdoba. Con la muerte de los principales narcotraficantes se produjeron fisuras y divisiones en el interior de estas organizaciones, pero paulatinamente se definieron nuevos mandos y adquirieron nuevo impulso. A mediados de la década de los noventa los grupos de autodefensa se organizaron en dos grandes bloques con una coordinación centralizada de los líderes regionales. Para contrarrestar a la subversión se conformaron las "Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá", ACCU, bajo el mando de los hermanos Fidel y Carlos Castaño. De distintos orígenes, recogiendo múltiples organizaciones locales financiadas por el narcotráfico y por muy variados grupos locales, se formaron las "Autodefensas Unidas de Colombia", AUC. En un proceso de expansión territorial, en los últimos años los dos bloques se han expandido a muchas zonas del país, entre las que se destacan los departamentos de la costa norte, Meta, Casanare, Putumayo y Valle del Cauca. Estas estructuras han crecido considerablemente al amparo del narcotráfico y de una gran diversidad de intereses privados. De acuerdo con la información del Ministerio de Defensa, pasaron de 850 miembros en 1992 a 8.150 en el presente, usualmente enrolados como mercenarios1. La información estadística histórica sobre el orígen y comportamiento de los grupos de autodefensa permite afirmar su naturaleza privada y autónoma del Estado. Su expansión y crecimiento están indisolublemente asociados al narcotráfico, que sin duda le ha proporcionado su fuerza y dinámica, pero también a los intereses de una amplia gama de sectores de propietarios rurales, comerciantes, empresarios y capas medias de la sociedad. No sólo han diversificado sus fuentes de financiamiento acudiendo a estos sectores, sino que han buscado ampliar y diversificar sus bases de apoyo con mensajes y hechos políticos dirigidos a potenciales víctimas de las guerrillas. Su empeño en presentarse como una fuerza nacional con un mando único es una estrategia para mostrarse como una organización política. Aunque en determinadas regiones han contenido la acción de los grupos subversivos, en sus objetivos, estructura y actividades se encuentran otros elementos relacionados con el narcotráfico y con intereses privados que impulsan su expansión y desarrollo. Las redes de apoyo social en algunas regiones como reacción y, o contraposición a la influencia subversiva, son un factor de fortalecimiento de las autodefensas. Las acciones de estos grupos ilegales han alcanzado diversos sectores sociales, políticos y académicos. De la misma manera sus acciones se han dirigido contra el Estado y, en especial, contra sus funcionarios y las estructuras gubernamentales que tienen por finalidad la investigación y sanción de los responsables de haber cometido o dado la orden de cometer infracciones a la normativa humanitaria. De manera que uno de los sectores que más ha sufrido es el judicial, pues las autodefensas buscan por todos los medios evitar que sus actividades ilícitas se vean sometidas a investigación. Es cierto, no obstante, que algunos agentes estatales han tenido una actitud complaciente y aún cómplice con estas organizaciones, lo cual es objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, es claro que estos comportamientos no responden a directivas de los altos niveles del Estado, sino que son inducidos por fuerzas sociales locales, o están asociados a hechos de corrupción o a convicciones personales.
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INTRODUCCIÓN