A pesar de que los actores al margen de la ley involucran cada vez más
a la población civil en el conflicto armado colombiano y contribuyen
a la degradación de la situación del país, son visibles
los resultados de los esfuerzos del gobierno en el desarrollo de la Política
de Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos
y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario.
Las cifras sobre los procesos penales por violaciones de los derechos
humanos e infracciones del derecho internacional humanitario adelantados
por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la
Nación demuestran resultados positivos, tanto por el aumento en
el número de las personas vinculadas judicialmente como por el
número de acciones procedimentales en curso (medidas de aseguramiento,
órdenes de captura y resoluciones de acusación). Esta eficiencia,
puesta de manifiesto en el mayor el número de procesos atendidos
por la Unidad, se confirma por el aumento en la judicialización
de miembros de los grupos de autodefensa. La menor cantidad de subversivos
vinculados obedece a los tipos penales de los que se ocupa la Unidad.
También se aprecia que la proporción de agentes del estado
implicado en las investigaciones es menor. Sin embargo, las cifras reflejan
un esfuerzo de la Unidad de Derechos Humanos por impulsar la judicialización
de las infracciones del derecho internacional humanitario en el marco
del conflicto armado. El mayor incremento en el número de ordenes
de captura entre 1999 y 2000 se presentó para los grupos subversivos:
159%.
En aquellos casos en lo cuales se ha comprobado que los agentes estatales se encuentran seriamente comprometidos, por acción o por omisión, en actos calificados como violación de los derechos humanos o infracciones del derechos internacional humanitario, la justicia colombiana no ha dudado en investigar y sancionar a los responsables. Ejemplos de ello son los casos de la Masacre de Mapiripán, el asesinato del Benhjamin Koudari y otros. La vinculación de miembros de la fuerza pública a procesos por violaciones de los derechos humanos como indicador tradicional de la situación en este campo, señala una perceptible mejoría. Las quejas recibidas y los procesos abiertos por la Procuraduría General de la Nación contra miembros de la Fuerza Pública van en sensible descenso. Entre enero y diciembre de 2000, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos recibió 430 quejas contra miembros de la Fuerza Pública en comparación con 3.000 en 1995, esto es, una disminución del 86.6%, lo cual es notable desde todo punto de vista. Sobre este resultado han incidido procesos pedagógicos que incluyen el trámite de denuncias. De igual forma, la cantidad de procesos abiertos por la Procuraduría disminuyó significativamente en 2000 con respecto al año anterior: 61%. Además, número de casos abiertos en 1995 indica una disminución del 84%. |