Las comunidades de paz son iniciativas ciudadanas gestadas por impulso de las propias comunidades, y a veces de sus autoridades locales, políticas o religiosas, que han surgido en medio del conflicto armado colombiano como una solución para mantenerse alejado de él, evitar sus consecuencias y buscar la paz. Son manifiestaciones de la capacidad que tienen las propias comunidades, a pesar de su vulnerabilidad, de encontrar alternativas de paz separándose del conflicto. Estas formaciones sociales, con raíces en las propias localidades y en algunos casos constiuidas por comunidades de desplazados, se organizan para la defensa pacífica de su independencia ante las amenazas de los actores armados del conflicto.

Las comunidades de paz han asumido el compromiso de no participar en ninguna forma en el conflicto. Acuden a la defensa del derecho a la paz y a los preceptos del derecho internacional humanitario para mantener a la población civil fuera del conflicto, a cubierto de la injerencia de los actores. Como comunidades contructoras de paz por la vía de la resolución pacífica de conflictos, contribuyen al fortalecimiento de la legitimidad del Estado. Constituyen alternativas reales de paz y de defensa de los derechos humanos, y son verdaderas promotoras de la tolerancia y la reconciliación.

En todo el país se hallan ejemplos de estas iniciativas comunitarias. Se cuentan entre ellas la comunidad de la India, conformada por la Cooperativa de Campesinos y Productores del Carare-Opón; la comunidad de Mogotes en Santander; la Organización Indígena de Antioquia, conformada por 21 municipios; la comunidad de paz de San Francisco, conformada por desplazados organizados; las comunidades en Retorno al Cacarica, del Chocó, conformada por desplazados del municipio de Riosocio asentados provisionalmente en Turbo; las Comunidades de Paz de Urabá; el Proyecto Nasa de los Cabildos indígenas del norte del departamento del Cauca; los casos de Pensilvania, en el departamento de Caldas, y Samaniego, en el departamento de Nariño; la convocatoria de Aguachica, en el Cesar; y el actual proceso de conformación de una comunidad de paz en Tame, Arauca, convocado por algunas veredas y que se ha ido ampliando a comunidades de otras partes del municipio.

Las comunidades de paz han tenido el apoyo tanto del Gobierno colombiano como de la comunidad internacional. El reconocimiento de la sociedad se pone de manifiesto en el Premio Nacional de Paz otorgado a comunidades como la de Mogotes y Nasa, y las menciones a las comunidades de Urabá. La India, Cooperativa de Campesinos y Productores del Carare-Opón, recibió el Premio Alternativo de Paz a nivel internacional. La Iglesia colombiana, a través de la Pastoral Social, ha sido promotora de estas soluciones pacíficas: la diócesis del Socorro y San Gil impulsó la iniciativa de Mogotes, y la diócesis de Apartadó la conformación de las comunidades de paz de Urabá. Avanza el proyecto de la Cartografía de la Paz, con la colaboración del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos.

La Política gubernamental de Protección de los Derechos Humanos y de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario previó la conformación de las comunidades de paz, en particular las de desplazados, como medio para la dignificación de las víctimas del conflicto. El Gobierno garantiza la presencia de las autoridades del Estado en estas comunidades y atiende las demandas de asistencia humanitaria, educación, salud e infraestructura básica, y de prevención del desplazamiento. Así, en San José de Apartadó, la Red de Solidaridad Social ha tomado a su cargo la provisión de alumbrado, el mejoramiento de las vías de acceso y el fomento de proyectos productivos.

La iniciativa de las comunidades de paz ha contado también con el concurso y la asistencia de instituciones gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales, como el Cinep - Justicia y Paz entre las ONG nacionales, y las Brigadas Internacionales de Paz, la Cruz Roja, Médicos sin Fronteras y Médicos del Mundo, Oxfam, Diakonia y Pax Christi entre las internacionales. Estas organizaciones han brindado ayuda humanitaria de emergencia, capacitación y acompañamiento. De otra parte, representantes de organismos multilaterales de derechos humanos y humanitarios, como ACNUR y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como gobiernos como el de Holanda, han acompañado los procesos de las comunidades de paz.

A pesar de sus esfuerzos por la paz y de su decisión de desvincularse del conflicto, debido a su vulnerabilidad estas comunidades de paz no siempre han sido respetadas. Sus miembros muchas veces han sido amenazados, las poblaciones han sido atacadas y algunos de sus líderes han caído víctimas del conflicto, asesinados o sometidos al desplazamiento, lo cual ha generado una gran preocupación nacional e internacional. El Gobierno ha ordenado la adopción de medidas militares y coordinado acciones judiciales en beneficio de estas comunidades, y ha dispuesto también medidas especiales de protección. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han solicitado disposiciones cautelares con el fin de proteger a los miembros de dichas comunidades.