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Un numeroso grupo de asociaciones sociales trabajan en Colombia
por la promoción, protección y respeto de los Derechos Humanos
y el Derecho Internacional Humanitario. Se ocupan de la defensa de grupos
sociales, la denuncia de violaciones de los derechos fundamentales, la
lucha contra la impunidad, la prevención, el alivio de las víctimas
de la violencia y la difusión y pedagogía de los Derechos
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Su papel es fundamental
y legítimo en la democracia colombiana. Así lo reconoce
el gobierno. El hecho de que muchas de las tareas de las organizaciones
de defensa de los Derechos Humanos sean coincidentes con las del Estado
permite su interlocución con el gobierno, así como el trabajo
concertado.
Los defensores de los Derechos Humanos, sindicalistas, promotores
de causas indígenas y activistas sociales y políticos han
venido siendo objeto de amenazas, persecusiones y asesinatos. También
han sido atacadas las sedes de algunas de sus organizaciones. Estos actos
hostiles son perpetrados en su mayoría por grupos armados al margen
de la ley, especialmente las autodefensas. La Unidad de Derechos Humanos
de la Fiscalía adelanta 17 investigaciones por homicidio y amenazas
contra miembros de organizaciones de Derechos Humanos. Las quejas presentadas
ante la Defensoría del Pueblo demuestran el origen de las amenazas
contra la vida de los activistas de los Derechos Humanos. Las quejas contra
la guerrilla se refieren a la vulneración de la protección
humanitaria. Los dirigentes de las organizaciones sociales y de Derechos
Humanos han elevado solicitudes de protección al Estado. El gobierno
ha reforzado las acciones para controlar tan extrema situación.
Además del empeño en superar las causas estructurales
que generan el conflicto y hace vulnerables a los defensores de los Derechos
Humanos, la política de promoción, respeto y garantía
de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Gobierno,
tiene entre sus prioridades garantizar la integridad personal de los defensores
de los Derechos Humanos. Con una dimensión pedagógica se
ha emprendido una labor que hace énfasis en el reconocimiento de
la legitimidad del trabajo de los defensores de los Derechos Humanos.
De otro lado, se adelanta un proceso para estrechar los vínculos
entre el Gobierno, la Fuerza Pública y los defensores de los Derechos
Humanos y líderes sindicales. En las regiones más críticas
se desarrollan reuniones entre el Comando General de las Fuerzas Militares
y las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos. El Gobierno
promueve la revisión, por conducto de la Procuraduría, y
guardando los límites legales, de los archivos de inteligencia
donde reposa información errada sobre estas organizaciones.
A partir de 1997 se viene adelantando desde el Ministerio del Interior un programa de protección de testigos y personas amenazadas. Este programa pretende proteger a los defensores de los Derechos Humanos y a las sedes de sus organizaciones mediante sistemas de comunicación, de transporte, sistemas de seguridad y servicios de escoltas, así como también con acciones preventivas autoprotectivas y de sensibilización. La prevención se extiende también a sindicalistas, periodistas, indigenistas, dirigentes políticos y profesores universitarios en situaciones de riesgo contra su vida e integridad. Su presupuesto fue fortalecido con una asignación adicional de $8.000 millones en febrero de este año destinados al Ministerio del Interior y al DAS, para sistemas de comunicación, ayudas de emergencia, personal y funcionamiento, dotación y vehículos para los servicios de escoltas. El programa ha permitido responder a la protección personal de miembros de las organizaciones de Derechos Humanos y líderes sindicales, así como a la seguridad de las sedes de esas organizaciones en varias regiones del país. Los sindicalistas piden protección con escoltas y automóviles blindados. Los miembros de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos prefieren elementos de comunicación y transporte. Desde 1997 se ha atendido la seguridad de 88 sedes de diferentes organizaciones, entre ellas de la CUT -Central Unitaria de Trabajadores-, el Comité Presos Políticos, UNEB -Unión Sindical de Empleados Bancarios-, Fensuagro -Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria-, Sintraminercol -Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Minera, Mineralcol, Ltda.-, así como la protección personal de dirigentes de Fecode -Federación Colombiana de Educadores-, CUT, USO -Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo-, Sintracreditario -Sindicato de la Caja de Crédito Agrario- y Fenaltrase -Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado-. Continúa el proceso de evaluación y presentación de solicitudes de protección personal e institucional por parte de las organizaciones de Derechos Humanos. |
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