El 12 de agosto, día del cincuentenario de la promulgación de las Convenciones de Ginebra, el Gobierno presentó ante el país y ante la comunidad internacional la "política de promoción del respeto y garantía de los Derechos Humanos y de aplicación del Derecho Internacional Humanitario". Este documento es resultado de un largo y complejo proceso de concertación, al cual contribuyeron los equipos técnicos de las instancias gubernamentales y estatales con responsabilidad directa en los asuntos relacionados con los Derechos Humanos. Además de los nuevos lineamientos, la política recoge acciones que venían en marcha desde inicios del gobierno y aún desde gobiernos anteriores.

La política proporciona dirección precisa a la gestión gubernamental en materia de Derechos Humanos. Permite mayor coherencia interna y facilita la cooperación con el conjunto del Estado y de la sociedad, y aún con la comunidad internacional. Es el punto de partida para la elaboración y ejecución del Plan de Acción, que dinamice, coordine, señale metas, plazos y controles a la gestión de las distintas agencias gubernamentales en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de acuerdo con las recomendaciones de la Convención de Viena de 1993.