En desarrollo de la política de protección y defensa de los derechos humanos, el Gobierno Nacional realiza amplios esfuerzos institucionales encaminados a velar por los derechos humanos y la dignidad de los reclusos, mejorando sus condiciones de vida. Con estos propósitos, trabaja en el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario mediante la ampliación del número de cupos en los penales y la superación de los problemas de administración de los centros de reclusión. En más alto nivel del Estado, lo anterior es materia para el Consejo Nacional de Política Criminal.

MUERTES VIOLENTAS OCURRIDAS EN EL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fuente: INPEC, Oficina de Planeación.

La sentencia de la Corte Constitucional T153, fallo de marzo de 1998, abordó a fondo el tema carcelario y fijó los derroteros que el Estado colombiano debe seguir para dar solución a los problemas penitenciarios de manera integral en cuanto a la reducción del hacinamiento, la separación de sindicados y sentenciados, la rehabilitación de los reclusos y la atención de sus necesidades básicas. La planificación de estos esfuerzos correspondió al Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES. En virtud de dichas orientaciones e instrumentos, el Gobierno Nacional está trabajando en cada uno de los frentes mencionados. Para reducir el hacinamiento de la población carcelaria, el Gobierno adelanta el Plan de Ampliación de la Infraestructura Penitenciaria a través del Fondo para la Infraestructura Carcelaria, con la construcción y adecuación de cárceles y penitenciarías. El Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, aprobó en el año 2000 partidas para un plan de tres años por 363.000 millones de pesos. A esto se le suman los esfuerzos de la Procuraduría, que concluye actualmente un estudio sobre el tema del hacinamiento en las estaciones de policía.

Frente a la magnitud y complejidad de la actual situación de hacinamiento y congestión, el INPEC y las autoridades judiciales adelantan esfuerzos para remitir a las personas con privación preventiva de la libertad a los centros de reclusión destinados al efecto, de manera que se respete la separación de condenados y sindicados. Sin embargo, la efectividad de la aplicación de las medidas entre el año 2000 y el 2001 no se traducen en un cambio significativo en la proporción de personas privadas de la libertad sindicadas y condenadas, dadas las características del propio sistema penal. En este sentido, debe mencionarse la comprobada repercusión en el índice de hacinamiento de la disminución los delitos con penas carcelables del nuevo Código Penal.

Situación jurídica de los reclusos, 1998 - 2001

Fuente: INPEC. Estadística promedio.

En lo referente a la superación de la problemática de la administración de los centros de reclusión, ha sido esencial el fortalecimiento del servicio penitenciario mediante un aumento sustancial del personal y su profesionalización. En 2001 se incorporaron a la planta de oficiales 554 nuevos efectivos y 40 profesionales. La planta de la guardia penitenciaria es en el 2002 de 8.093 personas y se ha autorizado un incremento de otras 1.000. Además, para asegurar el control por parte de las autoridades sobre la población reclusa mediante métodos y prácticas respetuosas de los derechos y la dignidad de los detenidos, se creó en el Instituto Nacional Penitenciario, encargado del sistema carcelario, una instancia especializada en Derechos Humanos. El Grupo de Derechos Humanos del INPEC, creado mediante Resolución 02972 del 12 de septiembre de 2001, está encargado de sensibilizar a los funcionarios del INPEC en el respeto y la defensa integral de los derechos humanos. Para ello, el Grupo ofrece capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario, conoce y vigila el estado de los procesos por presuntas o reales violaciones de los derechos humanos atribuidos a funcionarios del INPEC, y brinda asesoría en el manejo de problemas humanitarios y en temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario con incidencias penitenciarias y carcelarias. El Grupo ha logrado iniciar su trabajo de manera coordinada con instituciones y organismos de derechos humanos, gubernamentales y no gubernamentales de carácter nacional e internacional. El INPEC esta empeñado en fortalecer el compromiso del personal de custodia y vigilancia en cuanto a la prestación de un servicio integral a los internos, con programas de capacitación que incluyen cursos sobre temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

También, para asegurar el control por parte de las autoridades sobre la población reclusa y velar por la vida y la integridad de los internos, se han intensificado los operativos periódicos de control con el apoyo de la Fiscalía, el DAS, el CTI y la Policía. Estos operativos comprenden inspecciones y requisas de establecimientos carcelarios y penitenciarios en todo el país. Se destaca el decomiso de grandes cantidades de armas blancas de fabricación casera, como cuchillos, chuzos, punzones, seguetas, limas, destornilladores, etc. En el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2001, el INPEC efectuó 41 inspecciones y requisas de establecimientos carcelarios y penitenciarios en todo el país, en las cuales se decomisaron 7.934 armas blancas de fabricación casera.

HACINAMIENTO POBLACIÓN RECLUSA EN COMPARACIÓN CON LA CAPACIDAD CARCELARIA, 1998 - 2001

Fuente: INPEC. Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República. Estadísticas promedio, enero - noviembre 2001.

El número de muertes violentas continúa siendo alto en las prisiones colombianas. No obstante, mediante los esfuerzos del gobierno las cifras han comenzado a disminuir de manera notoria.

El Ministerio de Justicia y el INPEC han incrementado las medidas para garantizar un control efectivo sobre la conducta del personal administrativo y de custodia y vigilancia, a fin de investigar y sancionar adecuadamente todos los actos de corrupción. Se adelanta la creación de la Inspección General del INPEC para dinamizar las investigaciones disciplinarias contra los funcionarios de la institución, así como de unidades de inteligencia y contrainteligencia en el interior del INPEC. Las entidades están brindando el apoyo necesario para que la Defensoría del Pueblo lleve a cabo una vigilancia especial sobre las condiciones de detención.

La dirección del INPEC, en uso de sus facultades discrecionales y disciplinarias, ha procedido al retiro de varios funcionarios. Desde enero de 2000 hasta junio de 2001 fueron llamados a calificar servicios 442 miembros, de los cuales 214 fueron retirados del servicio por motivos disciplinarios.

Para garantizar los derechos de los reclusos, el estado colombiano, por intermedio del INPEC, presta el servicio de salud mediante un programa con cubrimiento del 100% de la población interna de los establecimientos en cuanto a medicamentos y tratamientos, incluido el montaje de unidades de salud mental. También se tiene en marcha un programa de educación, en el cual participaron 6.014 internos en diferentes niveles en el año 2001, así: 1.067 en el nivel de alfabetización, 3.002 en primaria, 1.826 en bachillerato y 119 en educación superior. En lo relacionado con las oportunidades de trabajo, en el año 2001 se emplearon 22.707 reclusos en las áreas de industria, artesanías, agropecuaria y de servicios. El cuidado y la educación de los niños hijos de las reclusas lo hace el INPEC mediante seis guarderías ubicadas en centros de reclusión de mujeres en las ciudades de Bogotá, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta y Medellín, que albergan alrededor de 530 niños.

Por otro lado, está en estudio el proyecto de un nuevo Código Penitenciario y Carcelario respetuoso de las normas y principios internacionales, cuya efectividad, más allá de su contenido, dependerá de la adecuación de los mecanismos de implementación que se generen.