Con el fin de atacar de manera eficaz el problema del hacinamiento de la población reclusa en Colombia, condición delicada y violatoria de los derechos humanos, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha una serie de iniciativas que incluyen la ampliación de los cupos, así como el mejoramiento de las condiciones de los reclusos mediante la construcción, ampliación y remodelación de centros de reclusión, y la realización de programas especiales de derechos humanos en el servicio penitenciario.
Para reducir el hacinamiento de la población carcelaria, el Plan de Ampliación de la Infraestructura Penitenciaria a través del Fondo de Infraestructura Carcelaria permitió entregar dos cárceles en el último año, con lo cual se amplió el cupo en 3.800 plazas. El resultado ha sido la disminución de los niveles de hacinamiento a un 31,74% -promedio anual de 2001-. A lo largo de 2001 el hacinamiento en las cárceles del país registró una disminución considerable a partir del segundo semestre, pues de un 37% en el mes de julio descendió el nivel de hacinamiento al 16% en diciembre. Debe anotarse la repercusión de los cambios en la aplicación de la ley en cuanto a la penalización de algunos delitos excarcelables -producto de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, ley 599 de julio 24 de 2001- sobre el índice de hacinamiento. Dichos cambios disminuyen la población reclusa precisamente cuando entra en operación la ampliación de cupos. No obstante, aunque en 2001 aumentó la capacidad de los centros de reclusión con respecto a la población reclusa, es necesario señalar que dicha capacidad aún sigue siendo insuficiente para albergar a la totalidad de personas privadas de la libertad en el país con la satisfacción de los requerimientos básicos para el goce de una vida digna durante su condena. Los planes gubernamentales permitirán mejorar continuamente esta situación.
El documento CONPES
30-86, de julio 14 de 2000, autorizó al Fondo de Infraestructura
Carcelaria la suma de 363.000 millones de pesos para su ejecución
en un plazo de tres años, para la construcción y adecuación
de cárceles, y una partida de $660.000 millones adicionales para
construir once nuevos centros penitenciarios de mediana seguridad. Como
resultado del Plan, en 2000 entró en funcionamiento la cárcel
de Valledupar, con 1.600 cupos. En el año 2001 se generaron 2.702
cupos en diferentes lugares del país. Cabe destacar la creación
de la Penitenciaría Nacional de Girardot (con capacidad para 400
reclusos) y la Penitenciaría Nacional de Acacías (con capacidad
para 1.600 reclusos). |