El actual escalamiento del conflicto armado en medio del desarrollo del proceso electoral, los atentados a la vida y la libertad de los candidatos y electores y a los derechos políticos de los colombianos, crean un clima de violación de los derechos humanos y se pone en peligro la estabilidad democrática de Colombia. Los actores armados ilegales tratan de afectar a los protagonistas y los resultados del proceso electoral impidiendo el adecuado desarrollo de las elecciones, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto.

El Gobierno Nacional basado en los lineamientos trazados en su la política de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos y DIH está empeñado en atender, garantizar y defender la vigencia de los derechos humanos y también las instituciones democráticas colombianas y afianzar el pluralismo político en especial durante el desarrollo de los comicios electorales programados para este año. Para brindar protección a la vida, asegurar los derechos y las libertades en el marco de las elecciones de Congreso y Presidenciales, se adelantan el Plan de Garantías Electorales y el Plan Democracia.

La responsabilidad institucional de la seguridad electoral se ha asignado a la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales integrada por los ministros del Interior, quien la dirige, Defensa y Comunicaciones, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, el Fiscal General, el Presidente del Consejo Electoral y el Registrador Nacional. El Plan de Garantías Electorales tiene como objetivo mantener la seguridad del proceso electoral, de los candidatos, los electores y las sedes políticas. Igualmente se ocupa de los seguros y la red alterna de comunicaciones.

Adicionalmente atiende asuntos como la transparencia de las elecciones, la logística electoral y la pedagogía ciudadana. El desarrollo del Plan de Garantías Electorales está a cargo del Ministerio del Interior y de las instituciones públicas concernidas.
Para garantizar la seguridad de comicios, candidatos y sedes, las autoridades realizan previamente estudios sobre los niveles de riesgos y, con base en ellos, adoptan las acciones preventivas y correctivas necesarias para evitar actos violentos contra la integridad de los lideres políticos, los candidatos a la Presidencia y al Congreso, y la ciudadanía en general. En este aspecto también ejercen competencia los Consejos de Seguridad en los distintos niveles, gobernadores y alcaldes.

La definición de la estrategia está a cargo del Observatorio de Seguridad Electoral de la Dirección de Orden Público y Convivencia Ciudadana en coordinación con la de Asuntos Políticos y Electorales del Ministerio del Interior. Allí se identifican las tendencias de las amenazas criminales contra el proceso electoral, con la información sobre homicidios, secuestros, liberaciones de secuestrados, amenazas y atentados contra funcionarios de elección popular, candidatos, miembros de los partidos y movimientos políticos y otros funcionarios públicos en ejercicio.

El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) realiza el análisis del nivel de riesgo de los candidatos, establece el personal de protección y la coordinación de los desplazamientos. Las medidas de protección están a cargo de la Policía Nacional y de los Comandos de Policía Departamentales. Adicionalmente, la Policía Nacional, cuando se requiere, es la encargada de la seguridad de las sedes políticas de acuerdo a la evaluación de riesgos respectiva.

El Plan también incluye una póliza de seguros que ampara los vehículos automotores destinados a la movilización de candidatos y una red alterna de comunicaciones entre las distintas entidades estatales responsables y los directivos de los partidos, movimientos o candidatos en situación de riesgo. Este sistema permite establecer un plan de contingencia en comunicaciones para el día de los comicios que facilite reaccionar rápidamente ante situaciones de emergencia. El Plan de Garantías Electorales brinda igualmente la seguridad y la libertad de los electores, las garantías de la libre circulación de los votantes y del sufragio libre y secreto.

El Plan Democracia dispone la seguridad en los comicios por parte de la fuerza pública. La coordinación de este componente fundamental del Plan de Garantías Electorales es responsabilidad de los Ministerios de Defensa y del Interior. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional adoptan las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio del derecho al voto en todo el territorio nacional. Es así como llevan a cabo los dispositivos necesarios y realizan actividades de inteligencia y protección del proceso electoral en coordinación con las autoridades civiles, el D.A.S, las campañas políticas, candidatos presidenciales y los aspirantes al Congreso de la República. Adicionalmente, la Fuerza Pública trabaja en forma coordinada con las entidades encargadas de establecer el grado de amenaza o riesgo prevalente en cada región del territorio nacional. A través del Plan Democracia las fuerzas militares y de policía han dispuesto el cubrimiento de la seguridad de los puestos de votación en todo el país y entraron en acuartelamiento de primer grado. De esta manera, la fuerza pública cumple su papel de garante de los derechos humanos fundamentales y políticos.