Unión Patriótica En diciembre de 1993 la Fundación Renacer y la Comisión Colombiana de Juristas presentaron una petición oficial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Gobierno Colombiano respondiera las 1554 víctimas por homicidio, desaparición forzada, atentados y amenazas contra miembros del partido político de la Unión Patriótica bajo la configuración de "genocidio", y solicitó medidas cautelares para la protección de dirigentes del partido. En 1996 la Comisión se puso a disposición de las partes para una solución amistosa, aprobó la admisibilidad de la solución pero no bajo la caracterización del genocidio. En el proceso, el gobierno colombiano creó un programa de protección para miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano y realizó la compilación sobre los casos de violaciones a los derechos humanos de los simpatizantes y miembros. Para el impulso de las investigaciones, la Fiscalía General de la Nación conformó unas subunidades y una Comisión Especial. La Procuraduría por su parte presentó un informe sobre el estado de las investigaciones en el año 2000. En marzo de ese año se suscribió un acuerdo en el marco de la búsqueda de la solución amistosa. Luego se creó un grupo de trabajo para propender por el esclarecimiento de los hechos, la reparación integral (patrimonial, sicológica, social, simbólica, política y la recuperación de la memoria histórica) y la realización de los derechos a la verdad y a la justicia, así como la prevención de violaciones a los derechos humanos de los miembros y sobrevivientes de la UP.