La vida y la libertad de los protagonistas de los procesos electorales vienen siendo afectadas por más de una década. Durante la campaña presidencial de 1990 fueron asesinados tres candidatos presidenciales, Luis Carlos Galán Sarmiento, del partido Liberal, Bernardo Jaramillo Ossa de la Unión Patriótica y Carlos Pizarro del M-19, organización que había surgido de la desmovilización del grupo guerrillero del mismo nombre. A esto se agrega el asesinato de otros dos ex candidatos presidenciales en periodos no electorales: en 1987 de Jaime Pardo Leal de la Unión Patriótica y en 1997 de Alvaro Gómez Hurtado, candidato en varias ocasiones por sectores del Partido Conservador, y quien fuera objeto de secuestro político. El reciente secuestro de la candidata presidencial Ingrid Betancourt, los fallidos atentados contra Alvaro Uribe Vélez y Luis Eduardo Garzón y la obstaculización de la marcha hacia la zona de distensión a la campaña de Horacio Serpa reflejan el grado de dificultad en la actual coyuntura.

A finales de los años 80, la situación fue de especial gravedad para los dirigentes e integrantes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano. No menos de 1.500 miembros o simpatizantes de estos dos partidos fueron asesinados. Además decenas de militantes del Movimiento Esperanza Paz y Libertad (EPL) fueron asesinados o amenazados después de su desmovilización como grupo guerrillero a comienzos de la década de 1990.

En lo corrido del presente proceso electoral los ataques a la vida y la libertad han afectado especialmente al Congreso de la República. Los datos recogidos por el Observatorio de Seguimiento del Proceso Electoral del Ministerio del Interior muestran 28 casos de ataques a miembros, ex miembros y candidatos al Congreso de la República. Los miembros del actual Congreso han sido objeto de secuestro con fines políticos y extorsivos. Durante los últimos cuatro años, las FARC, el ELN , el EPL y las AUC han secuestrado a 21 congresistas.

Fuente: Ministerio del Interior, Observatorio de seguimiento del proceso electoral.

Entre 1988 y 2001 fueron asesinados 1.798 funcionarios electorales, dirigentes, militantes, activistas políticos y funcionarios electorales, de acuerdo a cifras del DAS. Esto incluye los homicidios de cuatro candidatos presidenciales, once aspirantes a escaños en el Congreso de la República, 72 candidatos a alcaldías y 92 candidatos a concejos municipales. A las guerrillas les cabe gran responsabilidad de las muertes y secuestros de los dirigentes políticos. Las FARC han sido responsables de las muertes de dirigentes nacionales mientras que el ELN ha utilizado más el secuestro. En relación a los candidatos y a las autoridades locales ambos grupos insurgentes y en especial el ELN han sido autores de buena parte de los homicidios registrados. Las FARC arreciaron sus ataques a los protagonistas políticos en 1993, un año pre-electoral, en el que cometieron el 22% de los homicidios contra dirigentes políticos de todos los niveles. En 1996, fueron responsables del 40% de los mismos. En periodos más recientes, las acciones de este tipo por parte de las FARC han sobrepasado a las cometidas por el ELN.

De igual manera una parte importante de estos ataques a dirigentes y políticos, muchos relacionados con los procesos electorales y con algunas diferencias históricas, es atribuida a grupos de autodefensas y desconocidos, como se concluye de las cifras, a pesar de la gran dificultad con las categorías e identificación de autores de dichas acciones. La mayor responsabilidad de las autodefensas y de desconocidos en estos delitos corresponde a la época de auge de los carteles de la droga y más recientemente al periodo de consolidación de los grupos de autodefensas.

Durante el actual proceso electoral se han visto afectados por violencia los candidatos al congreso y a la presidencia, y también los alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y miembros de juntas de acción comunal. Así mismo sus familiares han sido objeto de acciones violentas por parte de los actores armados. El Observatorio de Seguimiento Electoral del Ministerio del Interior ha registrado 138 casos contra alcaldes, candidatos, integrantes y ex integrantes de las distintas corporaciones públicas. Desde el 1 de enero de 2001 hasta el 24 de febrero del 2002 se han registrado 47 muertos y 53 secuestrados, además de las amenazas a candidatos y dirigentes políticos. Los datos de la Asociación de Municipios contabilizan nueve alcaldes muertos y once secuestrados y otros 13 ex alcaldes muertos entre 2001 y el 20 de febrero de 2002.

A estas dificultades se agregan las de la intimidación de candidatos y electores afectando los derechos humanos fundamentales y políticos en el actual proceso electoral. Según algunas fuentes consultadas, los grupos armados al margen de la ley han venido presionando a los electores e impidiendo a la fuerza actos de las campañas políticas. Ante esas circunstancias, la plaza pública como arena de campaña debió sustituirse por los medios de comunicación. Algunos candidatos al Congreso de la República han tenido que compartir visitas y escenarios de campaña con sus rivales políticos por motivos de seguridad.

La dificultad en la realización de comicios locales en muchos sitios de Colombia por presiones de los grupos armados ilegales, fue especialmente notoria en las elecciones locales de 1997, cuando debieron aplazarse las elecciones en 43 sitios del país. La intimidación electoral por la guerrilla en 110 municipios en 1997, reflejada en el secuestro, muerte o renuncia de varios candidatos, así como los 19 candidatos a las alcaldías y 15 a los concejos asesinados y los 264 municipios afectados por la violencia en las elecciones regionales y locales del 2000, son otras muestras de la fragilidad de los derechos humanos en los procesos electorales como consecuencia del enfrentamiento armado. A este panorama debe agregarse también la afectación de los derechos políticos, con consecuencias sobre la participación y el pluralismo político al verse coartada la realización de elecciones libres, en medio del temor de los votantes causado por el conflicto armado.