La promoción y protección de los derechos humanos de los indígenas, población especialmente vulnerable, hace parte de la Política de Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario 1998-2002 del actual gobierno. En ella se ha definido como prioridad proteger la vida, integridad personal y libertad de aquellas personas que son víctimas de amenazas y hostigamientos, masacres y muertes dentro del marco del conflicto armado.

La problemática de los pueblos indígenas en materia de derechos humanos, particularmente en lo que hace referencia a la violación del derecho a la vida, es objeto de atención especial por parte del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, que impulsa espacios de concertación con las propias comunidades, estimula el trabajo de las entidades encargadas y recoge las iniciativas de las propias comunidades.

Son representativos de los esfuerzos de los grupos indígenas para mantenerse fuera de la confrontación armada las iniciativas que han sido postuladas para el Premio Nacional de Paz propuestas por la Organización Indígena de Antioquia, OIA, la comunidad de indígenas yaconana del Resguardo de Rioblanco del Municipio de Sotará, Cauca, los uwas; las familias wayuu de la Guajira, que firmaron un pacto de paz, la comunidad Paéz de Gaitanía, en el Tolima, y el galardonado Proyecto Nasa de Santander de Quilichao.

El Gobierno nacional trabaja actualmente en dar un nuevo impulso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas, creada mediante el decreto 1386 de 1996 con el fin de promover la política gubernamental. Gracias a dicha Comisión ha sido posible plantear estrategias tendientes a resolver las dificultades que vive este sector de la población colombiana, teniendo presentes sus usos, costumbres y cosmovisión. Desde esta perspectiva, la Comisión es un espacio constructivo de diálogo que contribuye a la conciliación y al entendimiento de la problemática de los resguardos indígenas y sus zonas de influencia, y permite al gobierno nacional acceder a un conocimiento directo sobre la realidad que viven los indígenas, su percepción sobre temáticas de relevancia nacional como el procesos de paz y sus implicaciones, y establecer las dimensiones del conflicto en sus territorios.

La Comisión está conformada por representantes indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, los Cabildos Indígenas del Tairona, CIT, invitados de otras comunidades, funcionarios del Gobierno nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Además, recibe asesoría de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Comisión tiene a su cargo el análisis de temas de marcada importancia en relación con casos individuales de violación de derechos humanos que afectan de manera particular a diferentes comunidades indígenas como la huitoto-barí, la chimila, la zenú, la nukak, la del Alto Naya, la arhuaca y la de Nariño, entre aquellas que han presentado las denuncias más recientes.

La Comisión, en conjunto con diversas instituciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional, presta atención humanitaria en casos de violaciones de los derechos humanos de los indígenas. Así, se ha atendido a las comunidades embera y tules en Juradó, Choco, las Comunidades páez del Alto Naya en los departamentos de Cauca y Valle, las comunidades arhuaco, wiwa, kogi, kankuano y yukpa de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, departamentos de Magdalena, Guajira y Cesar, las comunidades embera-katío del Alto Sinú, departamento de Córdoba, y las comunidades barí de Norte de Santander.

Igualmente, la Comisión se ocupa de asuntos más generales, de interés para todos los pueblos indígenas. Entre ellos se cuentan la elaboración de un Estatuto Especial de Protección de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la inclusión del tema indígena y de los derechos de los indígenas en el proceso de paz, la atención al desplazamiento forzado de indígenas en el marco del Programa de Atención de los Pueblos Indígenas Víctimas de la Violencia, la financiación de programas de urgencia, las estrategias de acercamiento con la Fuerza Pública, y los cultivos ilícitos. La Comisión adquirió una nueva dinámica con una propuesta de atención integral concertada con la población indígena afectada por estas problemáticas de los derechos humanos en medio del conflicto armado.

La Dirección general de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior tiene también funciones en cuanto a la protección y defensa de la población indígena: tramita denuncias sobre la vulneración de los derechos de la población indígena colombiana, promueve la inclusión del componente de derechos humanos en los planes de desarrollo de aquellos municipios que tienen asentamientos indígenas, participa en comisiones interinstitucionales encargadas de evaluar situaciones especiales como la indigencia de indígenas en Bogotá y la posición embera-katío respecto al conflicto interno. Además, participó en el acompañamiento al proceso de retorno de las comunidades indígenas desplazadas que se encontraban en Bahía Cupica y Turbo y en la cuenca del Cacarica, en los departamentos de Chocó y Antioquia.

La Red de Solidaridad Social tiene a su cargo la atención a los problemas relacionados con el desplazamiento de indígenas. Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atiende los casos de niños indígenas afectados por el Conflicto Armado. De manera especial, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República presta atención a situaciones de violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas, colaborando en el trámite de denuncias y en la atención de casos. Su intervención ha sido solicitada en particular por el CRIC, la ONIC y la comunidad embera. En el último mes gestionó recursos que permitieron a cinco comunidades indígenas realizar eventos especiales.

El Programa de Protección a Testigos y Personas Amenazadas, de importancia vital en la política de derechos humanos del actual gobierno, incluye la protección de líderes indígenas y el blindaje de sedes de organizaciones indígenas.

La Fuerza Pública viene fortaleciendo sus actividades en las regiones donde, de acuerdo con la información de las autoridades indígenas, están en peligro las comunidades. Durante este año han sido objeto de gestiones especiales por parte del Ministerio de Defensa las situaciones de violencia que afectan a la comunidad de los embera-katio del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, los casos del homicidio del líder José Ángel Domicó Jarupia, de la misma comunidad, la desaparición del líder indígena Kimi Pernia Domicó, y las amenazas en contra del líder Emiliano Domicó Majore, la situación de los embera-chamí de Pueblo Rico, Risaralda, el homicidio de los indígenas Víctor Manuel Villazón, Eneida Arias y Fredy Arias en Rioseco, Córdoba, las amenazas por parte de grupos al margen de la ley contra la comunidad de la región del Alto Naya en el Cauca, y la comunidad del municipio de Morales, Cauca, y de los resguardos Munchique y Canos en Santander de Quilichao, Cauca, el secuestro de Reinero Jurado y Fabio Ruiz Cajas en San Miguel, Putumayo, la presencia de grupos de autodefensa y el Homicidio del indígena Fredy Hamilton Piaguaje en Puerto Asís, Putumayo, los casos de la comunidad bari en Catatumbo y Río de Oro, Santander, las problemáticas indígenas en San Andrés de Sotavento, Córdoba, las amenazas por parte grupos de autodefensa contra las comunidades de Chimila Issaurituna en Sabanas de Ángel, Magdalena, resguardos de San Juan del Cesar en la Guajira y presuntas irregularidades de miembros de la Fuerza Pública.