La
población indígena de Colombia, calculada actualmente en
cerca de un millón de personas, es decir, el 2% de la población
del país, distribuídas en 82 pueblos, ha sido especialmente
afectada por el creciente conflicto armado y es víctima de amenazas,
hostigamientos, muertes, secuestros y desplazamientos. Así lo revelan
las tendencias generales de la información, tanto de entidades
estatales como de organizaciones de la sociedad civil. En este caso concreto
del estudio de la situación de los indígenas, las fuentes
de datos son imprecisas e incompletas, y existen problemas de cubrimiento
y de subregistro, y por lo tanto es necesario utilizarlas de manera complementaria.
De acuerdo con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, los indígenas son víctimas tanto de las autodefensas como de la subversión, particularmente de las FARC. Ello muestra claramente cómo esta población sufre los efectos del conflicto armado. Sin embargo más allá de las categorías establecidas por el DAS, y teniendo en cuenta la gran proporción de indígenas muertos presuntamente por desconocidos y delincuentes comunes, se podría pensar que el número de indígenas muertos como consecuencia de las acciones de las organizaciones armadas es mayor de lo pensado.
La geografía de las violaciones del derecho a la vida y las infracciones del DIH de la población indígena coincide con sus asentamientos territoriales. El impacto ha sido particularmente notorio entre ciertas etnias, en especial por la acción de las autodefensas y las guerrillas. Se destacan los embera-katío y los embera-chami, víctimas de homicidio y masacres, entre otras violaciones, en los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó; los nasas -varios paeces fueron víctimas de la masacre del Alto Naya- y los guambianos en el Cauca; los u´was en territorios de Arauca, Boyacá y Norte de Santender; los arhuacos, los kogis, los arsarios y los kankuamo en Cesar, Magdalena y Guajira, en la Sierra Nevada de Santa Marta; los wayuu en la Guajira, los coreguajes en el Caquetá, los inga y los siona en Putumayo, los zenú en Córdoba, y otras etnias en Guainía y Vaupés.
La acción del Estado en cuanto a protección y garantía de los derechos humanos mediante la administración de justicia incluye la judicialización de casos de violaciones contra las comunidades indígenas. Actualmente la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación tiene radicados 146 procesos relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas, de las cuales 119 corresponden a homicidios. En cuanto al estado de dichas investigaciones, en julio de 2001 se hallaban 85 procesos en investigación previa, 11 con resoluciones de acusación, 4 con medidas de aseguramiento, uno había pasado a juicio y otro estaba asignado a la justicia penal militar.
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