El secuestro y la toma de rehenes, con la cual está aquél asociado dentro del marco del conflicto armado, han alcanzado en Colombia niveles alarmantes. Ambas prácticas, continuas y endémicas, constituyen graves atentados contra la libertad personal y han sido uno de los mayores motivos de preocupación y temor en el país en los últimos diez años. La lucha contra el secuestro y la toma de rehenes hace parte fundamental de la acción del Estado colombiano frente a la actual situación, y particularmente de la política de derechos humanos y DIH del actual gobierno.

El gobierno continúa enfrentando con firmeza el secuestro, una de las prácticas de los grupos insurgentes que más afectan a la población en general. Para ello utiliza tanto los instrumentos que proporciona el sistema de justicia como medidas de fuerza, con operaciones que comprometen a distintos organismos del Estado en la ejecución de acciones represivas, administrativas, de inteligencia y de investigación, y que garantizan el sometimiento a un proceso judicial expedito y específico.

Se ha impulsado la legislación en materia de secuestro, extorsión, desaparición forzada y tráfico de personas. El secuestro, por constituir una grave infracción del derecho internacional humanitario, que proscribe específicamente la toma de rehenes, ha sido tipificado recientemente como delito, al entrar en vigencia el nuevo código penal colombiano.
La creciente gravedad del problema del secuestro llevó al Gobierno a enfatizar la estrategia operativa, transfiriendo la responsabilidad de coordinar el Programa para la Defensa de la Libertad Personal del Ministerio de Justicia y del Derecho al Ministerio de Defensa.

La responsabilidad institucional recae en el Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro y demás atentados contra la Libertad Personal, CONASE, presidido por el Ministro de Defensa Nacional, y del cual hacen parte el Fiscal General de la Nación, el Director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el Comandante General de las Fuerzas Militares y los Comandantes del Ejército Nacional, de la Policía Nacional y de la Armada.

La parte operativa de la lucha contra el secuestro está a cargo de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, GAULA, los cuales se concentran en el desmantelamiento de bandas y especialmente en la captura de cabecillas. Los GAULA son veintiocho unidades elite de las distintas entidades responsables, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, coordinados con el DAS y el CTI de la Fiscalía.

La prevención, la atención a las víctimas y la capacitación hacen parte también de la política de lucha contra el secuestro. La primera, a través de acciones directas represivas y disuasivas sobre los autores del delito. La capacitación, mediante acciones pedagógicas dirigidas a las víctimas reales o potenciales y la participación de la propia comunidad ciudadana o gremial, tanto a nivel regional como nacional. Se trabaja en la prevención y la sensibilización de los ciudadanos sobre la existencia de un sistema institucional de defensa ciudadana basado en los organismos de seguridad institucionales. Se estimula a los ciudadanos a acudir a los GAULA, denunciar y brindar información solidaria.

Se presta atención a las víctimas por medio de asistencia psicológica a los secuestrados y sus familias, atención que se extiende aun a los funcionarios de los GAULA. La atención, además, cubre asesoría legal para los afectados.

La capacitación en la lucha contra el secuestro está centrada en la investigación criminal y criminalística, así como en la educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario, y está dirigida a los funcionarios del DAS, el CTI, la Policía Nacional y los miembros del Ejército que prestan su concurso en los GAULA. Además, la política incluye la promoción de los mecanismos de protección y prevención y de las normas y entidades pertinentes, la divulgación de los casos de personas perdidas o extraviadas, el estudio de las temáticas, y el desarrollo del Centro Nacional de Datos.

El Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal, FONDELIBERTAD, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, además de las funciones de prevención y atención, está encargado de administrar los recursos destinados para la lucha contra el secuestro y la extorsión. El presupuesto asignado para FONDELIBERTAD había sido de 5.000 millones de pesos anuales (US$ 2,5 millones) desde el año 1996 hasta el 2001. En el año 2000, por gestión presidencial, se obtuvo una adición de $15.000 millones de pesos (US$ 7,5 millones). El 90% de dichos fondos se destina al fortalecimiento de los GAULA.

La lucha contra el secuestro hace parte de la agenda del Plan Colombia. La comunidad internacional ha mostrado su interés en contribuir a elevar la eficacia operativa de los GAULA.

En el marco del proceso de paz, el Gobierno se ha ocupado del secuestro y la toma de rehenes desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, a través del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En tal sentido se realiza una concertación con las organizaciones de las víctimas del secuestro y la desaparición forzada de personas, tales como la Corporación Humanitaria y Social "Grupo La María", el "Grupo del Kilometro 18 de Cali", el grupo que lidera el señor Ismael Duarte, País Libre y ASFADDES, para canalizar hacia la mesa de negociación con las FARC propuestas globales sobre el secuestro provenientes de los sectores más afectados.