El impulso a la investigación y penalización de quienes incurren en violaciones de los derechos humanos y la lucha, por igual, contra todos los grupos armados al margen de la ley, han sido metas prioritarias en la ejecución de la política gubernamental de Promoción, Garantía y Defensa de los Derechos Humanos y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, en el entendimiento de que el deterioro de la situación colombiana está relacionada con las infracciones del derecho internacional humanitario cometidas por dichos grupos.

Comparativo de la labor judicial por grupos

Fuente: Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación Procesado: Observatorio del Programa Presidencial Derechos Humanos y DIH - Vicepresidencia de la República

Se aprecian notorios resultados en la judicialización de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas por miembros de los grupos armados al margen de la ley, como resultado de la labor de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, fortalecida con sus Unidades Satelitales ubicadas en Neiva, Cali y Villavicencio, que operan desde este año.

Al terminar septiembre de 2001 estaban vigentes 207 ordenes de captura, 199 medidas de aseguramiento y 108 resoluciones de acusación contra miembros de la subversión por cuenta de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Al mismo tiempo, contra miembros de las autodefensas estaban vigentes 359 órdenes de captura, 648 medidas de aseguramiento y 373 resoluciones de acusación. Las órdenes de captura aumentaron en 32% contra los miembros de los grupos de autodefensa y en 113% contra los miembros de la subversión, respecto a diciembre del pasado año. El empeño del Estado de impulsar los casos de infracciones del DIH se refleja en el aumento de las decisiones por las cuales se vinculan miembros de los grupos subversivos, teniendo en cuenta que cuando se inició la Unidad se concentró especialmente en el conocimiento de casos de violaciones de los Derechos Humanos a las cuales se vinculaba a miembros de los grupos de autodefensa y agentes estatales. A pesar de los logros de la Fiscalía, cabe señalar que el crecimiento de los grupos armados ilegales es alto, y que esta situación continúa desbordando la capacidad del aparato de administración de justicia colombiana.

Respecto a investigaciones y casos a los cuales se vinculan agentes estatales, en septiembre del 2001 estaban vigentes en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación 265 medidas de aseguramiento, 214 resoluciones de acusación y 61 órdenes de captura, que significaron un crecimiento del 4%, 18% y 2% respectivamente frente a diciembre de 2000.

En cuanto a las investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación relacionadas con violaciones de los Derechos Humanos e infracciones del DIH, entre enero y noviembre de 2001 se abrieron 226 expedientes -los datos suministrados por el Ministerio Publico han sido elaborados tomando como fuente los listados de las investigaciones mientras se dispone del sistema de información consolidado-. En el mismo lapso se profirieron 96 decisiones, entre las cuales se cuentan 14 destituciones, 40 suspensiones del cargo y una separación absoluta de miembros de la Fuerza Pública. Entre estos fallos figuran la separación absoluta del Comandante de la Séptima Brigada, brigadier general Jaime Humberto Uscátegui, la represión severa del comandante (E) del Batallón de Infantería, teniente coronel Hernán Orozco Castro, y la destitución de 5 soldados del Ejército por el caso de la masacre de Mapiripán.

Entre los procesos por derechos humanos y DIH llevados por los procuradores judiciales penales ante la Justicia Penal Militar figuran el caso del brigadier general Fernando Millán Pérez y otros por el caso de la organización CONVIVIR "Las Colonias", en Lebrija, Santander, y el caso de los miembros del Ejército acusados de homicidio, implicados en las masacres de Trujillo, Valle, de marzo y abril del 1990. Por incumplimiento de la directiva presidencial 007 de 1999, que ordenó la protección a los defensores de los derechos humanos, sindicalistas e indígenas, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos adelanta 34 investigaciones que tienen que ver con amenazas, homicidios, desapariciones y masacres. Varios casos relacionados con militares, por concepto de la Procuraduría, pasaron a la justicia ordinaria.