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La efectividad de la aplicación de la política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Estado colombiano y de la determinación gubernamental de combatir a los grupos armados y luchar contra la impunidad en casos de graves violaciones de los Derechos Humanos se mide, en primer lugar, por los resultados operacionales obtenidos por la Fuerza Pública, y en segundo lugar por la gestión de los organismos competentes de la justicia en la sanción de los actores ilegales armados por las violaciones de los Derechos Humanos y las infracciones del Derecho Internacional Humanitario. Las cifras en ambos casos muestran los resultados de la lucha contra la insurgencia armada y contra los grupos de autodefensa.
Los datos comparativos sobre los resultados operacionales de la Fuerza Pública muestran recientes progresos en cuanto al combate por igual a todos los grupos armados al margen de la ley. En cuanto a las autodefensas, en el primer semestre de 2000 se produjeron tantas bajas como en todo el período de 1998 a 1999. En cuanto a bajas y capturas de miembros de la subversión, durante en el primer semestre de 2000 fueron proporcionalmente superiores a las contabilizadas a partir de 1997.
En relación con los resultados obtenidos por la administración de la justicia, los datos históricos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación demuestran eficiencia. Si se mide la labor judicial por el estado de las investigaciones y se establecen comparaciones entre agosto de 1999, diciembre de 1999 y julio de 2000, es claro el aumento de las cifras en cuanto a medidas de aseguramiento, resoluciones de acusación, detenidos y órdenes de captura vigentes, dictadas tanto en contra de los miembros de la subversión como de los miembros de las autodefensas.
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