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Iñigo Eguiluz, de nacionalidad española,
representante de la Organización Europea de Paz y Tercer Mundo,
y el sacerdote colombiano Jorge Luis Mazo, párroco de Bellavista,
Chocó, perecieron al ser embestida la embarcación en que
se movilizaban en el río Atrato, en jurisdicción de Quibdó,
departamento del Chocó, el 18 de noviembre de 1999.
En diciembre de ese año la Fiscalía impuso medida de aseguramiento de detención preventiva contra un particular vinculado a los grupos de autodefensa por homicidio doloso e intencional por los dos muertos, y homicidio en tentativo por los demás ocupantes de la embarcación. El particular se encuentra detenido en la Cárcel Modelo de Bogotá, acusado también de conformación de grupos de autodefensa. Se decretaron pruebas para determinar la posible responsabilidad de Carlos Castaño Gil, líder de las autodefensas. |
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El 10 de marzo de 2000, en juridicción de municipio
antioqueño de Sonsón, el ex viceministro de la Juventud
y ex asesor de Paz de Antioquia, Alex Lopera Díaz, junto con Manuel
José Jaramillo y Luis Fernando Londoño, fueron retenidos
en un retén militar en el que resultaron muertos, en momentos en
que realizaban gestiones para liberar a un secuestrado de las FARC, llevando
una considerable suma de dinero.
La investigación fue conducida por la justicia ordinaria por decisión de la Justicia Penal Militar, en razón a que los sucesos no obedecieron a funciones propias del servicio castrense. Dicha instancia militar solicitó a la Procuraduría la designación de un agente especial para la investigación. La Fiscalía General de la Nación calificó el mérito de la instrucción y profirió resolución de acusación en contra de un mayor del Ejército, un Capitán y un soldado voluntario, un sargento y un conductor civil, por los delitos de homicidio y hurto calificado en concurso homogéneo y sucesivo en la modalidad de agravado, y encubrimiento por favorecimiento. Los militares vinculados fueron detenidos en una guarnición militar. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra los seis miembros del Ejército. Por la fuga de uno de los detenidos, la Fiscalía abrió investigación y dictó la correspondiente resolución de acusación. |
