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Machuca
El 18 de Octubre de 1998
en el sitio Machuca, caserío minero en el Municipio de Segovia,
Antioquia, una explosión del Oleoducto Central ocasionada por una
carga de dinamita produjo una conflagración de gran magnitud que
causó la muerte a 73 personas, entre ellas 36 niños, y heridas
a 32 personas más. También ocasionó daños
ambientales irreparables, destruyó 634 viviendas, perjudicando
a 1070 personas, afectó la infraestructura de servicios públicos,
y produjo la muerte de animales y la devastación de los cultivos
del área. El hecho, que constituye una infracción de las
normas del Derecho Internacional Humanitario por no distinguir a la población
civil y combatiente y por los daños, de desbordadas proporciones,
causados a los bienes de los particulares, fue reivindicado por el Comando
General de grupo guerrillero ELN, que reconoció su culpabilidad
y anunció castigo para los autores.
Tanto el Ejército Nacional como la firma OCENSA, concesionaria
del oleoducto, presentaron denuncia contra el ELN. La Unidad de Derechos
Humanos de la Fiscalía General de la Nación abrió
investigación en contra de Luis Guillermo Roldán, alias
"Julián", Germán Enrique Fernández, alias
"Jonhy González" o "Margarita", Oscar de Jesús
Giraldo, alias "Rian" o "Palmer", y capturó
a Eduardo Antonio Sánchez Mosquera, alias "El Cojo",
detenido en la cárcel de Itagüí. Todos ellos son miembros
del grupo guerrillero ELN, y fueron sindicados de terrorismo, rebelión
y homicidio culposo.
Como caso de DIH, fue puesto en conocimiento de la comunidad internacional
por el gobernador de Antioquia, quien lo presentó ante la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En informe de ese organismo se menciona el caso, y se señala que
los atentados a los oleoductos tienen graves consecuencias para la población
civil, en razón de la gran peligrosidad que encierra la liberación
de un producto altamente inflamable.
Benjamin Khoudari
El industrial Benjamín
Khoudari Ruben fue secuestrado y muerto en hechos ocurridos entre septiembre
y diciembre de 1998. Su cadáver se encontró en una zona
rural del departamento de Cundinamarca. La investigación adelantada
por la Fiscalía Especializada permitió capturar a los particulares
acusados y vincular como presuntos sujetos procesales a tres oficiales
del Ejército, miembros de la sección de inteligencia de
la Brigada XIII: TC Jorge Plazas Acevedo, Te. Alexander Parga Rincón
y SS Guillermo Lozano Guerrero, quienes también fueron vinculados
a la desaparición de otras cuatro personas.
Dichos oficiales
fueron acusados de concierto para delinquir, secuestro extorsivo agravado,
y homicidio agravado en su modalidad de concurso homogéneo y heterogéneo,
entre otros actos punibles. Dentro del proceso penal, el agente del Ministerio
Público solicitó el envío del expediente a la justicia
ordinaria, en razón a que las actividades en cuestión no
tienen relación con actos del servicio y por lo tanto no eran de
la competencia de la justicia militar. Se cometieron en aprovechamiento
de la condición de miembros del Ejército, configurándose
así modalidades penales. Por lo tanto, su judicialización
corresponde a la Fiscalía General de la Nacional y a la Procuraduría
General de la Nación.
El retén militar
de Villeta
El 28 de enero
de 1998 en un retén militar sobre la carretera entre Villeta y
Guaduas murieron 5 civiles. La Procuraduría General de la Nación
abrió pliego de cargos contra los militares que participaron en
el operativo. La investigación encontró que el oficial al
mando había ordenado montar un retén fantasma para interceptar
a dos jefes de un Frente de las FARC que, según los informes de
inteligencia, se desplazaban entre Útica y Guaduas. El Ministerio
Público acusó al Capitán Hernández de emitir
una orden que afectó a la población civil y mentir a sus
superiores para ocultar el hecho. El proceso disciplinario se encuentra
en etapa probatoria.
El
proceso penal fue llevado por la justicia penal militar. En Consejo de
Guerra, el Juzgado 4 penal militar dictó el 30 de septiembre sentencia
condenatoria por el delito de homicidio y lesiones personales culposos
y encubrimiento de los hechos. Fueron condenados los oficiales Mayor Pablo
Efraín Hernández a 66 meses de prisión; Te. Luis
Fernando Chamorro, a cuarenta y ocho meses de prisión; los suboficiales
Cabo Edison Varón a cuarenta meses, y Diego Fernando Parra y José
Herney Castaño, a 8 meses de arresto por el delito de encubrimiento.
Los 16 soldados que hicieron parte de la patrulla fueron condenados a
36 meses de prisión.
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