La aprobación del nuevo Código Penal Militar y la puesta en marcha del Comité Especial de Impulso a las investigaciones de violación de Derechos Humanos demuestran la firme decisión de los colombianos de corregir la grave crisis humanitaria que venimos padeciendo hace ya varios lustros. De este desempeño participan, entre otros, organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, distintas instancias del Estado como la Procuraduría y la Fiscalía y en forma decidida el Gobierno Nacional.

La reforma de la justicia penal militar constituye un hito en la conducción de Derechos Humanos. Esta dirigida a prevenir y sancionar su posible violación por parte de miembros de la fuerza pública y más allá, evitar cualquier tipo de vínculos con grupos armados de justicia privada. Con esta reforma se favorece la jurisdicción civil. El nuevo código introduce expresamente el tema de los Derechos Humanos en la legislación castrense.

El Gobierno además, en virtud del Decreto 2429 del 1 de diciembre de 1998, creó el Comité de seguimiento a las investigaciones sobre los casos más graves de violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, integrado por el Vicepresidente de la República, Alto Consejero Presidencial en materia de Derechos Humanos, el Ministro del Interior, el Fiscal General y el Procurador General de la Nación. La creación del Comité busca mejorar la coordinación en distintas entidades encargadas de las investigaciones y de luchar contra la impunidad. El Comité, al más alto nivel, tiene como tarea llevar el seguimiento de las respectivas investigaciones para gestionar la aplicación oportuna de la justicia, estimular la celeridad de las investigaciones y procesos y facilitar la articulación de los organismos encargados. En sus labores el Comité vincula a las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos.

El Comité ha cogido una serie de casos considerados como críticos en materia de violaciones graves de los Derechos Humanos y se ha empeñado en instrumentalizar una serie de tareas que faciliten la aplicación de la justicia.

El aseguramiento de la protección de los Derechos Humanos en la justicia colombiana no se limita a la perspectiva del castigo sino que busca favorecer a las víctimas. Con la reparación integral se hacen ingentes esfuerzos, aún económicos, para ayudar al grupo familiar e incluso a la comunidad afectada por hechos de violación de grandes características, en el marco del trámite de soluciones amistosas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las instituciones encargadas de la investigación y sanción avanzan en el camino de disminuir la impunidad. La Procuraduría General de la Nación estableció un grupo de venticinco asesores de Derechos Humanos que dependen directamente del despacho del Procurador con la misión de dar impulso a las investigaciones más relevantes de Derechos Humanos. La Fiscalía General de la Nación a tráves de la Unidad de Derechos Humanos ha entregado resultados positivos.

Los esfuerzos en materia de Derechos Humanos propiciados por el Gobierno vienen siendo objeto de reconocimiento en distintas instancias del mundo. El pasado 9 de junio Lord Waverley, MP, hizo en el parlamento británico una exposición sobre los mecanismos con los cuales el gobierno colombiano ha reforzado la lucha por la vigencia de los Derechos Humanos. Otro reconocimiento por parte de la comunidad española es el premio a la Convivencia de la Fundación Pro Derechos Humanos Miguel Ángel Blanco concedido al Presidente de la República, doctor Andrés Pastrana por sus esfuerzos en la protección de los Derechos Humanos. La labor de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía fue objeto de reconocimiento explícito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el seno de la OEA.