"Una Consejería para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos".
En 1987, bajo la presidencia de Virgilio Barco, se abrió la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República con el nombre de "Consejería para la Defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos" mediante el Decreto Presidencial 2111 del mismo año. La apertura de esta oficina marcó un hito en el tratamiento público y político del tema de los derechos humanos en Colombia.
Hasta ese momento esta materia de capital importancia para toda democracia, era vista con prevención, de una manera defensiva, y se presentaba poca proactividad en las políticas públicas relacionadas con ella. Desde ese entonces la máxima instancia del poder público en Colombia, es decir, la Presidencia de la República, ha gestionado políticas en este tema, las cuales han rendido frutos en el mejoramiento de la vigencia de los derechos humanos en Colombia en medio de las violencias crecientes que han azotado al país durante las últimas décadas.
El primer Consejero Presidencial fue el historiador Álvaro Tirado Mejía, quien asumió el reto de darle forma institucional a la Oficina de Derechos Humanos como polo generador de políticas en derechos humanos hacia diversas instituciones de la estructura estatal y diversos sectores de la sociedad colombiana. Con esto se inició el cambio de percepción sobre el tema en los funcionarios públicos y en las instancias de decisión del Estado colombiano. Con este objetivo se creó la primera Comisión de Derechos Humanos con presencia de los ministerios y organismos de control.
También, se realizó una intensa labor pedagógica que avanzó hasta el año de 1995, dirigida, sobre todo, a los personeros municipales y a la Fuerza Pública a lo largo y ancho del país. El equipo de la Consejería contribuyó a los trabajos preparatorios para la Asamblea Nacional Constituyente, proponiendo temas que hoy son realidad en la Constitución de 1991. En efecto, se hizo un primer diseño de Defensoría del Pueblo y una primera redacción de la Carta de Derechos. En este período se promovió una nueva presencia del Estado colombiano en los escenarios internacionales de evaluación y de debate sobre el tema de los derechos humanos para promover, desde allí, políticas a nivel interno.
Emilio Aljure Nasser fue el llamado a ejercer las funciones de Consejero hasta el final del gobierno en 1990. Durante este período la Consejería continuó con los programas que venían en curso y se inició el montaje de la red de informática que permitiera el flujo de información sobre casos de violaciones a los derechos humanos entre la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y los Ministerios de Justicia, Defensa y la Presidencia de la República.
Durante el gobierno de César Gaviria Trujillo, hasta enero de 1993, actuó como Consejero el también historiador, Jorge Orlando Melo. Su gestión guardó, también, continuidad con la administración anterior en temas como la educación en derechos humanos. La campaña pedagógica se extendió a diversos sectores de la sociedad civil y a la escuela formal con el apoyo de la embajada de los Países Bajos.
Se realizó un diseño para identificación de personas no identificadas y desaparecidos en coordinación interinstitucional con la antigua Dirección Nacional de Instrucción Criminal, la naciente Fiscalía General de la Nación y organizaciones no gubernamentales. Para responder a las demandas de protección, se organizó el centro de quejas y prevención de incidentes violatorios de los derechos humanos, el cual realizó las primeras experiencias de protección a defensores de derechos humanos y activistas sociales amenazados.
Ante la relevancia que la problemática del desplazamiento fue adquiriendo, se tomaron las primeras medidas para brindar apoyo y asistencia a esta población víctima del conflicto armado. Ya aprobada y puesta en vigencia la nueva Constitución, la Consejería trabajó en los proyectos que pusieron en funcionamiento la Defensoría del Pueblo y otros instrumentos de desarrollo legal de la carta política. A nivel de agenda legislativa se destaca en este período la aprobación del Protocolo II a los Convenios de Ginebra.
En la última etapa del gobierno Gaviria y hasta 1997 en el gobierno de Ernesto Samper, ejerció como Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Carlos Vicente de Roux, quien venía de una activa labor ciudadana alrededor de la expedición de la nueva Constitución Política. De la misma manera que en las gestiones anteriores se dieron importantes continuidades e innovaciones.
Con el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, el Centro de quejas y prevención cedió su paso al Área de Casos, la cual se especializó en el seguimiento e impulso a los casos paradigmáticos de violaciones a los derechos humanos tanto en las diversas instancias internas como ante los organismos internacionales de derechos humanos.
La labor pedagógica también fue traspasada a la Defensoría que quedó encargada de tal función de acuerdo con las nuevas normas constitucionales puestas en vigencia, sin embargo el trabajo educativo centrado en la educación formal continuó hasta la expedición de la Ley General de Educación, en la cual el equipo pedagógico de la Consejería hizo un importante aporte. Un área de movilización y promoción de los derechos humanos, continuó con el trabajo de acercamiento a las regiones y a los movimientos sociales. Se creó una oficina y un equipo especializado en el diseño e impulso de políticas.
Ante el vacío institucional para la atención de la población desplazada se creó y asignaron recursos a un equipo, que inició las primeras experiencias de atención a dicha población, labor que más tarde fue asumida por la Red de Solidaridad Social. Durante este período se aprobó la Ley para el reconocimiento de indemnizaciones por decisión de organismos internacionales de derechos humanos.
Sonia Eljach, antes Directora de Asuntos Especiales de Cancillería, asumió el cargo de Consejera Presidencial en etapa final del gobierno de Samper Pizano. Se mantuvieron la estructura y las funciones de las distintas oficinas de la Consejería.
Tres gestiones se pueden destacar de este período: la reactivación de la agenda legislativa con los proyectos de ley del nuevo Código Penal Militar, el proyecto de ley sobre la Desaparición Forzada de Personas, y el proyecto de ley sobre el desplazamiento de personas, este último salió aprobado durante este periodo. También se firmó el convenio de establecimiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y se puso en marcha, con cooperación de las Naciones Unidas, un proyecto técnico de evaluación y diseño curricular de derechos humanos para las escuelas de formación de toda la Fuerza Pública.
Al iniciarse la administración de Andrés Pastrana Arango, con la intención de dar mayor jerarquía al tema, se nombró como Alto Consejero Presidencial al Vicepresidente de la República, Gustavo Bell Lemus, quién asumió, entre otras funciones, las de la Consejería para los Derechos Humanos.
Después de varios esquemas administrativos puestos en marcha, en el año 2000 se expide el Decreto 1636 por medio del cual se crea el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, bajo la supervisión inmediata del Vicepresidente de la República. Durante los dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, asumió la dirección del Programa Reinaldo Botero y posteriormente Carlos Franco Echavarría.
Creación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH
En septiembre de 2010, bajo la supervisión del Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, la dirección del Programa fue ocupada por Hernán Jaime Ulloa. El 18 de enero de 2012, Alma Viviana Pérez Gómez fue posesionada por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, como Directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Con el respaldo del Vicepresidente Garzón, Alma Viviana Pérez dio continuidad al Proceso de Construcción Participativa de la Política Pública Integral de Derechos Humanos y DIH y lideró la puesta en marcha y consolidación institucional de la Política de Derechos Humanos a través del Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH.
A cargo del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH se encuentran la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de DD. HH. y DIH, y la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención de Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Armados al margen de la Ley y por Grupos de Delincuencia Organizada.
El Presidente Juan Manuel Santos Calderón, tras ser reelegido para el periodo presidencial 2014 - 2018, acogió la paz, la educación y la equidad como los tres principales pilares de su nuevo periodo de Gobierno. A partir de dicha modificación, consignada en el Decreto 1649 de 2014, el 2 de septiembre de 2014 se crea la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, y se posesiona en el cargo Guillermo Rivera Flórez, dependencia que formó parte del despacho del Alto Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo.
Posteriormente, el 19 de abril de 2016, el Presidente Juan Manuel Santos designa como nueva Consejera Presidencial para los Derechos Humanos a Paula Gaviria Betancur, cuya posesión tuvo lugar el 2 de junio de 2016.
El Decreto 672 de 2017, que modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, señala que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Consejería Presidencial de Seguridad, la Dirección de Seguimiento para la Implementación del Proceso de Paz, la Dirección Política Integral para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y la Dirección de Proyectos Especiales se constituirán en dependencias para el apoyo del cumplimiento de las funciones asignadas al despacho del Vicepresidente de la República.
La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos tiene entonces como una de sus principales funciones la de asesorar al Presidente de la República, al Vicepresidente, y al Gobierno Nacional en la promoción, coordinación y direccionamiento de la política integral de derechos humanos, desde la perspectiva de construcción de paz y reconciliación; así como en la promoción de acciones dirigidas a garantizar la adecuada protección de los derechos humanos en el territorio nacional y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, como un elemento esencial para consolidar la paz.
El nuevo periodo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales
El 7 de agosto de 2018, Iván Duque Márquez asume como Presidente de la República de Colombia para el periodo 2018 - 2022, y posteriormente, el 13 de agosto se posesiona a Francisco Barbosa Delgado como Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.
El 04 de octubre de 2019, mediante el Decreto 1784 de 2019, se modificó la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. En el artículo 6. informa que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales hace parte del Despacho del Director de Departamento.
Mientras, que en el artículo 30: se detallan las funciones de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales es Asesorar al Presidente de la República, al Secretario General de la Presidencia y a las entidades del Gobierno Nacional en la promoción, coordinación y direccionamiento de la política integral de derechos humanos, así como en la promoción de acciones dirigidas a garantizar la adecuada protección de los derechos humanos en el territorio nacional y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.
El 31 de enero de 2020, el Presidente de la República Iván Duque Márquez, designó a la la Doctora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, como nueva Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Ante la elección por parte de la Corte Suprema de Justicia del Doctor Francisco Barbosa Delgado como Nuevo Fiscal General de la Nación.
La posesión de la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda se realizó el 20 de febrero de 2020.
Logros 2020 - 2022
A partir de la declaratoria de emergencia sanitaria el 12 de marzo de 2020, esta Consejería Presidencial adelantó un riguroso seguimiento a todas las acciones adoptadas para hacer frente a la misma, revisando el cumplimiento de las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos y demás organismos internacionales de derechos humanos. Además, se tuvo en cuenta los pronunciamientos de los Relatores, Grupos de Trabajo y Expertos Independientes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como la declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
En el contenido de los informes, se puede encontrar:
- Seguimiento sobre la constitucionalidad de los decretos proferidos en el marco de los dos Estados de Emergencia, bajo el examen efectuado por la Corte Constitucional.
- Las medidas específicas para atender las necesidades particulares y minimizar el impacto diferenciado que sufren los grupos poblacionales en especial condición de vulnerabilidad (Héroes de la Salud, Mujeres, Personas mayores, Niñas, niños y adolescente, Personas privadas de libertad, Pueblos indígenas, Comunidades NARP, Personas con discapacidad, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto)
- Medidas adoptadas para garantizar los derechos a la información, a la libertad de expresión y a la participación
- Las medidas adoptadas para proteger los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
- Las medidas adoptadas para asegurar ingresos y/o medios de subsistencia de todas las personas (mitigación al impacto económico / desarrollo económico de las empresas)
- Los esfuerzos para contrarrestar el impacto negativo de la corrupción en el goce de los derechos humanos.
En cuanto a las más de 100 recomendaciones propuestas en el informe a corto, mediano y largo plazo, se destaca que una buena parte de las recomendaciones estuvieron dirigidas a las poblaciones más vulnerables que requerían una especial protección de sus derechos en el marco de la pandemia; a sectores como el de la salud, social, agrícola, empresarial, justicia, transporte, minero y cultural; a la protección de los derechos a la salud, trabajo, educación, vivienda, agua y saneamiento, medio ambiente sano y culturales; al impacto en la salud mental, la deforestación, la minería ilegal, el cierre de la brecha digital, la desinformación en plataformas virtuales, entre otras.
Todo lo anterior se documentó en tres (3) publicaciones de 1.018 páginas presentadas el 7 de diciembre de 2020 ante miembros de la comunidad internacional. En lanzamiento se logró la participación de: El Presidente del Comité DESC ONU, Renato Zerbini; el Comisionado CIDH, Stuardo Ralon y la Representante en Colombia de ACNUDH, Juliette de Rivero.
Plataforma Observa
En el marco del Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH) –SNIDH–, concebido como la principal herramienta del Estado que articula la información Y datos en materia de DD. HH., el Observatorio lanzó al público la plataforma tecnológica llamada Observa. Esta plataforma cuenta con tres módulos de información: i) Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA); ii) Mapas de riesgo a la vulneración de derechos humanos; y iii) Homicidios de líderes sociales y personas defensoras de DDHH. Cada módulo cuenta con procesos automatizados en recolección, estructuración, preparación y consolidación de los datos y esta plataforma permite que se realicen consultas, de manera interactiva, por medio de tableros de control y mapas.
Fortalecimiento a observatorios
La Consejería Presidencial junto con la Unidad para Las Víctimas y el Ministerio del Interior, han trabajado aunadamente en la consolidación y acompañamiento de la Red Nacional de Observatorios de DDHH y DIH (RODHI). La RODHI, actualmente, cuenta con 11 nodos territoriales (Cundinamarca, Chocó, Nariño, Cauca, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Meta, Caribe, Valle del Cauca y nodo Orden Nacional) con cerca de 150 observatorios. Adicionalmente, se ha trabajado en la consolidación y fortalecimiento de los observatorios de DDHH y DIH de las cinco organizaciones nacionales de los pueblos indígenas (Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana –OPIAC–; Confederación Indígena Tayrona –CIT–; Gobierno Mayor; Autoridades Indígenas de Colombia –AICO– por la Pacha Mama y la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC–).
Actualización del PLANEDH
El 29 de octubre de 2021, la Consejería Presidencial actualizó el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos - PLANEDH, teniendo en cuenta las oportunidades, retos y desafíos que el país enfrenta en materia de Derechos Humanos. En tal sentido, fruto del trabajo del trabajo interinstitucional articulado, se lanzó el documento denominado “Actualización y Fortalecimiento del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 2021 a 2034", por medio del cual, en términos generales, se busca un cambio transversal de paradigmas en el entendimiento de los Derechos Humanos en todos los ámbitos de la Nación, por lo que involucra impactar todos los niveles de la educación formal, así como en los procesos de educación informal o formación para el trabajo y el desarrollo humano, brindando herramientas para fortalecer el entendimiento de la promoción, protección, respeto y garantía de los Derechos Humanos. Este instrumento se articula con la “Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014 – 2034", específicamente en los lineamientos y acciones del componente denominado “Cultura y Educación en Derechos Humanos y Paz".
Designación del Consejero (e) Jefferson Mena Sánchez
La Consejería Presidencial ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la prevención de reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de GAO y GDO. Esta instancia a 22 entidades del orden nacional, entidades territoriales y aliados estratégicos. Durante 2022 implementó la línea de política pública en la materia, asistiendo territorialmente a 476 municipios de los 32 departamentos y capacitando a más de 7.000 personas de los entornos protectores.
