ELa abolición de la esclavitud en Colombia, que se realizó hace ciento cincuenta años con la expedición de la ley 21 de 1856, marca un hito en la lucha contra la desigualdad, un logro en materia de los derechos humanos que antecede a muchos otros países. Sin embargo fue tardío el proceso de realización de los derechos de esta población cuya situación se ha caracterizado por su gran marginamiento y profunda pobreza. Los esfuerzos para superar la discriminación tomaron impulso especial a partir de la Constitución de 1991 y con la expedición de la Ley 70 de 1993 sobre la reglamentación de los derechos de las comunidades negras, que son los instrumentos más importantes en la lucha contra la discriminación racial, el reconocimiento de la desigualdad y en el proceso de construcción de la entidad política de esa población colombiana. Estas comunidades son hoy día, un objetivo prioritario de las políticas publicas, sobre la base del respeto de la diversidad cultural y étnica, con el fin de promocionar su desarrollo sostenible de acuerdo a su propia cultura.

La situación de la población afrocolombiana en medio del conflicto armado y las necesidades de promoción y defensa de sus derechos humanos han constituido especial preocupación del presente gobierno, razón por la cual fue contemplada como un derrotero desde su política de atención a las poblaciones más vulnerables. La defensa de la vida, de la integridad personal y el desplazamiento de estas comunidades constituyen preocupaciones cardinales en la actual coyuntura colombiana, que se suman a aquellas inherentes a la discriminación racial. La aceptación de las diferencias, la solidaridad y la tolerancia social por los desplazados han definido los rumbos más recientes del tratamiento gubernamental hacia ese sector de colombianos.

Las políticas colombianas han sido apuntaladas por los instrumentos internacionales que tratan de mejorar la situación de las personas afrodescendientes, víctimas del racismo y de la discriminación racial a nivel mundial. La Convención Internacional sobre la "Eliminación de todas las formas de Discriminación" fue ratificada por Colombia en 1981 y es la norma universal más idónea para luchar contra toda distinción, exclusión, o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en la vida pública, política, económica, social y cultural o en cualquier otra esfera. El compromiso de Colombia de la adopción de un plan de acción surge de los resultados de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y demás formas conexas de intolerancia, realizada en Durban en 2001.

En Colombia se ha avanzado en el reconocimiento de su condición de grupo étnico diferenciado políticamente; en la elaboración de diagnósticos que han puesto en evidencia la grave situación en que se encuentra dicha población; en el establecimiento de un amplio marco jurídico; en el reconocimiento de sus derechos territoriales; en su aporte a la conservación de la biodiversidad y el derecho a beneficiarse de ella, incluida la facultad de decidir sobre los conocimientos tradicionales asociados a los recursos biológicos que poseen sus territorios; en el explícito reconocimiento por parte del Estado de la situación de discriminación, inequidad y falta de igualdad de oportunidades que afecta a los afrocolombianos; en la implementación de políticas diferenciadas y la adopción de medidas de discriminación positiva en su beneficio.

Así, se ha progresado en el reconocimiento de su identidad sociocultural, en el fortalecimiento de su participación política con el establecimiento de una circunscripción especial en el Congreso, en incentivar la equidad a través de la educación mediante un fondo para créditos educativos, en la promoción del derecho territorial sobre las tierras ancestralmente ocupadas por estas comunidades con la titularización colectiva y también en incentivar el desarrollo socioeconómico con proyectos como el Plan Pacífico.

Desde 1994 la superación de la situación de la población afrocolombianana viene siendo incluida en la agenda de cada uno de los gobiernos y en los planes de desarrollo nacional. Las estrategias han abarcado entre otros, el impulso al desarrollo socioeconómico, saneamiento básico, salud, educación, actividades productivas conforme a su cultura, el reconocimiento de la diferencia, la promoción del derecho territorial y a los recursos naturales (titulación y adquisición de tierras); el fortalecimiento organizativo e institucional y la participación equitativa en las instancias de definición y orientación del país (Consejo Nacional de Comunidades Negras y consejos regionales). Los instrumentos están incluidos en el CONPES 2909 de febrero 26 de 1997, Programa de apoyo para el desarrollo y fortalecimiento étnico de las Comunidades Negras. De igual manera, abarcan incentivos para el acceso de grupos afrocolombianos y raizales en igualdad de condiciones a los diferentes sectores económicos, sociales y culturales (Plan Nacional de Desarrollo "Cambio para Construir la Paz", ley 508 del 29 de julio de 1999). Ligado a esto, el documento CONPES, del 23 de mayo de 2002 concretó acciones para la protección de afrocolombianos amenazados por el conflicto y en situación de desplazamiento.

Estos impulsos en la política hacia las comunidades afrocolombianas coinciden con el resurgimiento de su movimiento social, la aparición de espacios de interlocución con el Estado, la creación de instancias gubernamentales especiales para la atención de su problemática, como la dirección especial en el Ministerio del Interior y la inclusión de la dimensión afrocolombiana en la política exterior del país.

Los esfuerzos emprendidos por Colombia en la promoción de los derechos humanos de la población afrocolombiana han sido mitigados por la enorme brecha producto de la anquilosada discriminación y en la actual coyuntura por las consecuencias del conflicto interno colombiano sobre ella. Su vulnerabilidad está agudizada por las amenazas, muertes y, en particular, por el desplazamiento del cual son un grupo social especialmente afectado. Todo esto define a la población afrocolombiana como un foco de la máxima atención en materia de derechos humanos.

La llegada de familias afrocolombianas a distintas ciudades trae nuevos fenómenos sociales que están siendo atendidos. Además de los programas de atención a los desplazados que brinda el Gobierno Nacional a través de la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República, se desarrolla una campaña de sensibilización para despertar la solidaridad y tolerancia por los grupos de desplazados que llegan a las ciudades, buena parte afrodescendientes.