La degradación del conflicto armado interno colombiano ha provocado hechos imposibles de defender ética y moralmente. Muestra de ello son los crecientes ataques a la misión médica: los ataques a centros hospitalarios; las amenazas a personal del servicio sanitario; el bloqueo de las acciones de prevención, tales como las campañas de vacunación; los atentados contra personal médico y paramédico; la prohibición de circulación a ambulancias y las acciones para rematar heridos o enfermos en centros de atención o medios de transporte del sector salud.

La protección y atención a heridos y enfermos en las guerras y conflictos internos constituyen los fundamentos humanitarios históricos de las organizaciones de asistencia humanitaria y también de la doctrina que orienta el derecho humanitario. El Derecho Internacional Humanitario, los Convenios de Ginebra de 1949 y los códigos deontológicos internacionales gobiernan los deberes de los médicos, la asistencia humanitaria y deben regir la conducta de los combatientes.

Para garantizar la protección y atención de heridos y enfermos así como de todos los profesionales involucrados en la prestación de los servicios de salud y la asistencia humanitaria, Colombia dispone de principios que gobiernan la profesión médica, la legislación penal colombiana y el Derecho Internacional Humanitario que rige los conflictos.
El Estado colombiano reconoce de forma explícita la importancia de la misión médica y su carácter humanitario. Cuando los médicos tratan a los heridos y enfermos, están éticamente obligados a hacerlo, incluso a riesgo de su seguridad personal. El Derecho Internacional Humanitario descarta como blancos legítimos en una confrontación armada a los heridos, a las instituciones sanitarias, a sus medios de transporte y a su personal. De acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario, los heridos y los enfermos deben poder ser atendidos y por esta razón el personal sanitario adquiere, por analogía, el derecho a ser protegido así como también los hospitales, los centros de salud, las ambulancias y todo servicio sanitario asignado para la búsqueda, la recolección, el traslado y el tratamiento de heridos y enfermos, o para la prevención de enfermedades. El personal de la misión médica goza no sólo de inmunidad, sino de especial protección y consideración para llevar a cabo su labor humanitaria, aún en medio de las hostilidades.

Los atentados contra los médicos afectan sus derechos y coartan las funciones que puedan desempeñar en el conflicto. Los médicos y demás profesionales de la salud cumplen con el deber de aliviar, prevenir y reducir a un mínimo el sufrimiento y el número de víctimas que causan los enfrentamientos en combatientes y no combatientes. Además, deben atender las consecuencias que los conflictos traen en la salud pública, tales como enfermedades epidémicas y otras letales que afectan a la población más vulnerable, los más jóvenes y ancianos como efecto de los problemas en suministro de agua, energía, etc., así como también las secuelas humanas, físicas, psicológicas y sociales que pueden prolongarse durante varias generaciones.

El Estado colombiano y las organizaciones sociales del sector vienen trabajando coordinadamente en dirección a la defensa de los derechos de los profesionales de la salud así como de los equipos y misiones médicas. Para brindar protección a profesionales de la salud en peligro el Gobierno Nacional, desde el Programa Presidencial de los Derechos Humanos, está concertando con las organizaciones gremiales correspondientes, el diseño de la estrategia global de atención de estos profesionales que permita los traslados de urgencia y facilite la nueva ubicación laboral a los afectados. En el Ministerio de Salud se cuenta con un sistema centralizado de registro de infracciones al DIH que recibe de las Seccionales de Salud para poder hacer un adecuado seguimiento de los casos. Así mismo, en acuerdo con la Cruz Roja Nacional y las Secretarías Departamentales de Salud, está trabajando la aplicación de la norma (Decreto 860 de 1998) que protege las actividades de asistencia humanitaria y el desarrollo de un emblema para identificar la Misión Médica a nivel nacional.

En la 55 Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud se aprobó la iniciativa presentada por Colombia para que los países miembros de la OMS, promuevan y adopten normas de aplicación del Derecho Internacional Humanitario, que se condenen los ataques dirigidos al personal sanitario, se promueva la aplicación de medidas que garanticen la seguridad del personal de salud y que velen porque las ambulancias, vehículos médicos e instalaciones sanitarias sólo sean utilizados con fines humanitarios. El Comité Internacional de la Cruz Roja, por su parte, ha exhortado a todas las partes involucradas en el conflicto a respetar y aplicar plenamente el derecho humanitario, abstenerse de atacar a quienes no tomen parte activa en las hostilidades, y respetar el emblema de la Cruz Roja y a los individuos participantes en labores humanitarias en favor de las víctimas del conflicto. La Defensoría del Pueblo ha instado a los actores ilegales del conflicto el respeto por las misiones médicas. Así el Estado, el Gobierno y la sociedad están empeñados en impulsar esta regla mínima humanitaria en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario para que sea acogida por los actores armados enfrentados en Colombia: el respeto de las misiones médicas, al personal de salud, los enfermos y heridos, las instalaciones y vehículos de salud, y los suministros de drogas.

Los ataques a la misión médica no sólo constituyen una grave infracción a las normas humanitarias sino que afectan principalmente a la población más desprotegida y no representan ventaja militar alguna. Por eso el Gobierno Nacional convoca la solidaridad de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional con los trabajadores de la salud para exigir el cese de estas acciones inútiles militarmente e indefendibles moralmente.