La defensa de la vida de los sindicalistas ha constituido un punto central de la política gubernamental de Promoción, Protección y Garantía de los Derechos Humanos y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, y se atiende principalmente mediante el Programa de Protección de Testigos y Personas Amenazadas y la Comisión Insterinstitucional de los Derechos Humanos de los Trabajadores.

El Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos, miembros de las Organizaciones Sociales y Testigos de Casos de Violaciones de Derechos Humanos, a cargo del Ministerio del Interior, desarrolla el mandato constitucional y legal y da cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano sobre derechos humanos. Su trabajo, encaminado a la prevención y protección, es concertado entre las organizaciones sociales y el Gobierno Nacional. Su ejecución se coordina con los organismos de seguridad del Estado luego de que un comité de riesgos, integrado por representantes de organizaciones sindicales y de derechos humanos, así como funcionarios del gobierno y oficiales de la Policía y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, adopta la medida más conveniente para que de manera inmediata se minimice el grado de vulnerabilidad de los líderes amenazados. Los beneficios del Programa de Protección consisten en ayuda humanitaria, dotación de medios de comunicación, gastos de traslados, pasajes nacionales e internacionales, viáticos, proyectos productivos, blindaje de sedes, cursos de autoprotección, autoseguridad, y esquemas duros de protección.

El 69% de las medidas de protección adoptadas por el Programa en el año 2000 se destinaron a sindicalistas y el resto, 31%, a defensores de los derechos humanos. Así mismo, el Programa otorgó 136 tiquetes nacionales y 51 internacionales; se entregaron 228 viáticos para escoltas de las organizaciones sindicales y se contrataron cinco apoyos especiales de transporte terrestre para las organizaciones sindicales. Entre enero y mayo del año 2001 el Programa destinó un total de 584 millones de pesos para la atención de 318 casos relacionados con organizaciones y dirigentes sindicales; se han entregado 670 equipos de comunicación, entre teléfonos satelitales, celulares y radios Avantel, 83 ayudas humanitarias nacionales y 36 especiales; y 53 tiquetes nacionales y 8 internacionales.

También en este año, para la protección de sindicalistas se han adquirido 60 esquemas móviles de protección: 28 individuales, 16 colectivos y 16 complementarios. Para esos esquemas el DAS destinó $3.000.millones de adición presupuestal, y tomó a su cargo el mantenimiento y combustible de los vehículos durante un año, así como el costo de 124 escoltas. Por su parte, el Ministerio del Interior realizó una inversión de $2.392 millones representados en la compra de 48 vehículos con sus respectivos gastos de matrícula y seguros. La inversión total realizada por del Ministerio del Interior en el Programa de Protección a las organizaciones sindicales entre enero y mayo 31 de este año asciende a $2.976 millones, de cuales $2.000 millones se financiaron con la adición presupuestal y $976 millones con recursos asignados al Programa para la presente vigencia.

De esta manera, el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos para atender a las necesidades de protección de dirigentes sindicales. Estas representaron una inversión de casi $6.000 millones en los cinco primeros meses del año, suma que sin embargo no ha sido suficiente ante la escalada de atentados de los cuales son víctimas los sindicalistas.

La Fiscalía General de la Nación ha asumido con especial empeño la defensa de los derechos humanos de los sindicalistas. Desde octubre de 1999 creó 25 subunidades especiales para conocer las violaciones de los derechos humanos de las que son víctimas.

El Gobierno nacional y el Estado colombiano han intensificado sus esfuerzos para resolver los casos de amenazas, desapariciones y homicidios de sindicalistas, dentro de la estrategia de lucha contra la impunidad de la Política de Promoción y Garantía de los Derechos Humanos y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Los mecanismos dispuestos para el desarrollo de esta política contemplan concretamente este aspecto. La Comisión Interinstitucional para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos de los Trabajadores, creada en 1997 como organismo consultivo y de coordinación del Gobierno nacional, se ocupa de los casos de violencia contra sindicalistas y dirigentes sindicales, especialmente los tramitados ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Dicha Comisión está presidida por el Ministro de Trabajo y de ella hacen parte el Procurador General de la Nación y el Fiscal General de la Nación, y pueden ser invitados un representante de la OIT, las organizaciones sindicales y sociales, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y expertos. En este espacio de concertación en materia de protección, defensa y promoción de los derechos humanos han participado las centrales obreras, la Conferencia Episcopal, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas.

Con recursos procedentes de la cooperación internacional, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario hace seguimiento de las investigaciones y realiza gestiones relacionadas con casos en los cuales los sindicalistas han sido víctimas de violaciones de los derechos humanos, como el asesinato de Jorge Ortega, de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y el del atentado contra Wilson Borja, también de la CUT.

Son muchas las dificultades que se oponen a las numerosas medidas adoptadas. Por la gravedad general de la situación y las amenazas contra vida de los trabajadores, el Gobierno nacional, a través del Ministro de Trabajo, ha pedido al Procurador General de la Nación la integración de una unidad que impulse y vigile el estado de los procesos concernientes a los sindicalistas.

Las organizaciones internacionales han alertado a Colombia sobre la necesidad de adoptar medidas de protección de la vida de los sindicalistas. Un representante especial de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, adelantó una visita, y ante la continuidad de la situación, sin recurrir a la designación de una comisión de encuesta, la OIT acaba de determinar el inicio de un programa de asistencia técnica para ayudar al Gobierno colombiano a adoptar medidas de protección de los dirigentes sindicales. Este apoyo internacional permitirá vigorizar las herramientas diseñadas para la protección de los sindicalistas y fortalecerá la estrategia colombiana de promoción y defensa de los derechos humanos de los trabajadores y líderes sindicales, incluyendo las libertades sindicales.