Erradicación de las minas antipersonales

Aprobación y ratificación de la Convención de Ottawa

El Gobierno nacional comparte plenamente el sentido humanitario que inspira a la Convención, y ha impulsado su ratificación por parte de Colombia. En el primer semestre de 1998 fue sometida a consideración del Congreso para su aprobación. El proyecto fue finalmente aprobado a través de la ley 548 de 1999, sancionada en enero pasado por el Presidente de la República. Actualmente se encuentra en proceso de revisión oficiosa ante la Corte Constitucional, para proceder seguidamente a los trámites de ratificación.

Una vez entre en vigor la Convención en Colombia, esto es, 6 meses después del depósito del instrumento de ratificación, el Estado deberá empezar a dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en ella, especialmente en cuanto a la destrucción de las minas que estén bajo su jurisdicción y control, para lo cual dispone de un plazo máximo de 4 años. En virtud de la Convención, Colombia se compromete a que nunca, y bajo ninguna circunstancia, va a emplear, desarrollar, producir, adquirir, almacenar, conservar o transferir estos artefactos, con excepción de los mínimos necesarios para desarrollar técnicas de desminado y para el respectivo adiestramiento de equipos. Además, adquiere la obligación de destruir la totalidad de las minas antipersonales colocadas en todo el territorio nacional, para lo cual cuenta con un plazo de 10 años. El cumplimiento de esta obligación se encuentra materialmente obstaculizado por el conflicto armado, razón por la cual la misma Convención prevé un mecanismo de prórroga, por un término no mayor de diez años más. Es decir, habría un plazo máximo de 20 años para llevar a cabo la destrucción total de las minas.

La suspensión del uso de las minas antipersonales y armas trampa por parte de los grupos armados hace parte de la política de promoción del Derecho Internacional Humanitario que impulsa el actual gobierno, liderada por la Vicepresidencia, y está ligada al proceso de paz.

Por su parte, las Fuerzas Militares, concretamente la Industria Militar colombiana (INDUMIL), suspendieron la producción de este tipo de armas con la firma de la Convención.

La atención a las víctimas debe fortalecerse. En la actualidad, la atención integral se concentra en Bogotá en el Hospital Militar, pero resulta insuficiente para lograr la efectiva integración socioeconómica de los afectados. El esquema de atención a las víctimas, establecido por la Ley 418 de 1997 y cuya vigencia se amplió en dos años en diciembre de 1999, se basa en el pago de indemnizaciones. Sin embargo, es indispensable ir más allá y prestar también atención a la persona individual y a su recuperación psicosocial.

Para el cumplimiento de sus obligaciones, Colombia acudirá a la comunidad internacional, conforme a  la cooperación y asistencia prevista en la Convención, ante el elevado costo de destruir campos minados, así como de sustituir las minas por otros sistemas para proteger instalaciones que actualmente requieren este tipo de defensa.

Actualmente el gobierno nacional está diseñando una política que tiene como propósitos la atención a las personas afectadas, la prevención de accidentes con estos artefactos, la disuasión de su uso, y su erradicación. El gobierno nacional prepara un documento oficial del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Documento CONPES), con el cual se busca proporcionar un marco institucional a la política y hacer las provisiones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a sus propósitos. De la misma manera, ha incluido en el "Plan Colombia" una campaña de sensibilización, prevención de accidentes y erradicación de las minas instaladas. Esta política y sus avances permitirán al país satisfacer las obligaciones contraidas con la firma de la Convención, entre ellas la adopción de medidas administrativas y legislativas para desarrollar  las disposiciones del instrumento. Además, deberá presentar ante la comunidad internacional avances sobre las acciones adelantadas con relación al desminado, la atención a las víctimas, y la estructuración de una política integral.