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El caso Blanquicet
El
22 de septiembre de 1993, en el corregimiento Blanquicet, de Turbo, en
el Urabá antioqueño, en momentos en que se realizaba el
proceso de su reinserción a la vida civil, Carlos Manuel Prada
y Evelio Bolaño, miembros del grupo guerrillero desmovilizado Corriente
de Renovación Socialista -CRS-, fueron asesinados presuntamente
por miembros del Ejército Nacional.
El proceso penal fue adelantado por la justicia penal militar. En consejo
de guerra fueron absueltos los sindicados, un capitán, un sargento
y varios soldados. La parte civil solicitó la nulidad del fallo
por falta de competencia y más tarde, en 1998, el traslado del
proceso de la justicia penal militar a la ordinaria, en virtud de la Sentencia
de la Corte Constitucional C358 de 1997. La solicitud fue negada. Esta
decisión fue apelada y el Tribunal Superior Militar confirmó
la decisión. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía
solicitó el proceso por considerarlo de su competencia. Está
a la espera de la decisión del Consejo Superior de Judicatura.
El proceso disciplinario adelantado por el Ministerio Público terminó
en 1998 con la solicitud de destitución de los implicados y su
retiro de las Fuerzas Armadas. El Procurador General de la Nación
negó la solicitud de revocatoria de dicho fallo. El proceso contencioso
administrativo se encuentra en etapa probatoria. El caso fue llevado ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la cual
admitió la propuesta de solución amistosa, condicionada
al traslado de la investigación penal militar a la justicia ordinaria.
"Pesca milagrosa"
en la vía al Llano
 El
24 de marzo de 1998, en el sitio Monterredondo, en la vía de Bogotá
a Villavicencio, el Frente 53 de las FARC detuvo el flujo de vehículos
por varias horas al montar un retén ilegal. Los guerrilleros pusieron
en práctica el sistema de secuestro conocido como "pesca milagrosa",
que consiste en retener en forma masiva a los viajeros, para proceder
a seleccionar algunos con el propósito de secuestrarlos y luego
negociar su liberación. Más de cien vehículos fueron
inmovilizados, y fueron secuestradas 27 personas, incluyendo tres menores
y varios ciudadanos extranjeros. Se reportaron 4 desaparecidos. En el
posterior enfrentamiento entre el Ejército y el grupo guerrillero
resultaron tres personas muertas y varias heridas. Tres días más
tarde fueron liberadas nueve personas. Seis más fueron reintegradas
por mediación, y una más se fugó de sus captores.
La instrucción sobre el caso ordenó vincular a los integrantes
del Frente 53, entre ellos a Henry Castellanos Garzón, alias "Romaña",
Braulio González Acosta y Blas María Reyes Beltrán.
Este último se entregó ante la Fiscalía y fue detenido
en una Base Militar. Un fiscal de Bogotá dictó medida de
aseguramiento en contra de los acusados, como coautores del concurso de
delitos de secuestro extorsivo agravado, porte ilegal de armas de uso
privativo y homicidio agravado. "Romaña" fue declarado
reo ausente y ordenada su detención. Las decisiones fueron apeladas
y posteriormente confirmadas en segunda instancia por la Fiscalía
Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito. Se dispuso el traslado
de Reyes a un centro carcelario.
HISTORIAL
DE CASOS
Esta
sección señala los pasos adelantados por la justicia
en los procesos sobre los casos incluidos en números anteriores
del Boletín.
CASO
Eduardo Umaña, Boletín No 1, junio 1999
La Fiscalía General de la Nación profirió resolución
acusatoria contra tres particulares, quienes se encuentran privados
de la libertad, por el delito de concierto para delinquir, y contra
un cuarto individuo por homicidio con fines terroristas. Precluye
la investigación a favor de otro particular, quien se encontraba
privado de la libertad.
Masacre
de Barrancabermeja, Boletín No 1, junio 1999
La investigación en la Procuraduría se encuentra en
notificación de fallo en primera instancia.
Mapiripán,
Boletín No 2, julio 1999
Por decreto presidencial fue aceptado el retiro del servicio al
General Jaime Humberto Uscátegui a partir del 31 de diciembre
de 1999. El proceso, que vincula también a un coronel, se
encuentra ante la justicia penal militar por decisión del
Consejo Superior de la Judicatura. Por vencimiento de términos
en la Justicia Penal Militar, el General Uscátegui recuperó
la libertad al haber sido calificado el mérito del sumario.
El general fue posteriormente destituido por la Procuraduría
por avances de otro caso.
En cuanto a la situación jurídica del cabo vinculado
a la investigación de Mapiripán, la Fiscalía
la definió absteniéndose de imponer medida alguna.
La fiscalía profirió resolución de acusación
contra el teniente, actualmente privado de la libertad, responsable
de los delitos de concierto para delinquir, omisión, homicidio
agravado, secuestro agravado y terrorismo. En noviembre se encuentran
cuatro detenidos y existen dos órdenes de captura.
Masacre
de Puerto Alvira, Boletín No. 2, julio 1999
Ocurrida el 4 de mayo de 1998
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía vinculó
a la investigación como reos ausentes a Fidel y Carlos Castaño,
jefes de las autodefensas, y a otros cuatro particulares, con medida
de aseguramiento consistente en detención preventiva sin
beneficio de excarcelación, como presuntos responsables de
los delitos de homicidio agravado, hurto calificado, concierto para
delinquir y terrorismo. También abrió otro proceso
contra tres personas como presuntos integrantes de grupos armados
al margen de la ley.
Machuca,
Boletín No 3, agosto 1999
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, vinculó
a la investigación a Nicolás Rodríguez alias
"Gabino" y a Herlington Chamorro, alias "Antonio
García", jefes del ELN, como presuntos responsables
de los delitos de terrorismo, rebelión, homicidio y lesiones
personales. También dictó medida de aseguramiento
contra otro miembro del ELN y vinculó como personas ausentes
a tres particulares. Al continuar las investigaciones, la Fiscalía
General de la Nación profirió una resolución
de acusación contra un particular, y más adelante
detención preventiva contra otro, vinculado como persona
ausente por los delitos de terrorismo, rebelión y homicidio
culposo.
Jorge
Ortega, Boletín No 3, agosto 1999
La Fiscalía General de la Nación vinculó a
dos particulares como presuntos coautores del delito de homicidio
agravado con fines terroristas, con medida de aseguramiento sin
beneficio de excarcelación. Uno de ellos se encuentra privado
de la libertad.
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