“Rechazamos actos de agresión y hostigamientos en contra líderes, lideresas y defensores y defensoras de Derechos Humanos”

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“Rechazamos actos de agresión y hostigamientos en contra líderes, lideresas y defensores y defensoras de Derechos Humanos”

BOGOTÁ, D.C. , 22/01/2024

Foto: DDHH

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​La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, rechaza los actos de agresión que sufrieron el abogado del Colectivo de Abogados ´José Alvear Restrepo´, CAJAR, Santiago Salinas Miranda y su esposa Erika Prieto, el pasado 8 de enero de 2024 en Bogotá, además de los hostigamientos que han tenido otros integrantes del equipo.

De acuerdo con la Directiva Presidencial 07 de 2023, la consejera recuerda el compromiso del Gobierno Nacional con el reconocimiento de la labor las personas defensoras de DDHH en Colombia y su compromiso de trabajar de manera coordinada y en conjunto con las personas, colectivos y organizaciones que defienden los derechos humanos.

La directiva del señor presidente Gustavo Petro, señala expresamente que : “Estas personas desempeñan una labor de especial trascendencia en una sociedad profundamente afectada por la violencia la cual ha generado múltiples impactos en los derechos individuales comunitarios y territoriales teniendo repercusiones en los procesos democráticos y en el disfrute colectivo de la naturaleza en el país”.

Por su parte, la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y del DIH, Lourdes Castro García, afirmó que “el Colectivo de Abogados ´José Alvear Restrepo´, CAJAR es una organización con una larga trayectoria y compromiso con la defensa integral de defensa de los derechos humanos, que además ha contribuido significativamente en la lucha contra la impunidad”.

En ese marco la consejera Lourdes, insta a la Fiscalía General de la Nación a avanzar prontamente ​en la investigación de la agresión perpetrada contra el abogado Santiago Salinas Miranda y su esposa, identificando las motivaciones y los responsables de la misma. “La investigación, judicialización y sanción de los responsables de ataques contra las personas defensoras de DDHH constituye un elemento fundamental de las garantías para el ejercicio de su labor”.