Bogotá, 23 de marzo de 2022. Luego de conocer el informe, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, afirmó que: “causa extrañeza, que en el informe de la CICR, no se identifique a los verdaderos responsables de la vulneración del derecho internacional humanitario en Colombia, hay que decirlo sin ambigüedades, sin temores y con valentía: son los grupos narcoterroristas del ELN, las disidencias de las FARC y el clan de golfo, quienes afectan a nuestra población, bajo su interés de lucrarse con las economías ilícitas”.
Sobre el balance anual publicado el día de hoy por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), como Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales debemos advertir que cada uno de los puntos abordados por el CICR, hacen parte de los objetivos que se encuentran plasmados en el marco de la estrategia de DDHH y DIH, la cual el Gobierno ha venido implementando desde el día uno (1) del mandato.
El Gobierno del Presidente Iván Duque, no comparte la clasificación de 6 conflictos armados, aclarando que esta no es vinculante para el Estado como quiera que, en Colombia, hay es una amenaza marcada por rentas ilícitas de las que se nutren diversos grupos armados y delincuenciales. Es importante reforzar el hecho que el Gobierno Nacional rechaza con vehemencia todas las acciones violentas de grupos armados organizados (GAO) y grupos delictivos organizados (GDO), y que el Estado colombiano ha desplegado todos sus esfuerzos a nivel nacional para prevenir y proteger a toda la población y a los territorios en riesgo o vulnerados por el actuar de estos grupos. Una de las acciones que se debe resaltar es la estrategia de Zonas Futuro, que ha invertido más de $6 billones de pesos en los territorios focalizados.
También aclaran que el Gobierno, a través de sus escenarios legales habla del Clan del Golfo. La expresión AGC, Autodefensas Gaitanistas, no es aceptada, este grupo no existe dentro del contexto con la lucha contra el crimen que enfrenta la Fuerza Pública, utilizar estos términos es retrotraer la discusión a escenarios pasados y totalmente reprochables que no son los actuales.
Por otro lado, es pertinente reiterar que, los desplazamientos en Colombia, se presentan por la presencia de grupos armados al margen de la ley que generan terror por su actuar criminal contra las comunidades. “Si bien es cierto, este flagelo se sigue presentando desafortunadamente en nuestro país, las cifras están lejos de ser las que se reportaban en la década anterior. Por ejemplo, a partir de la información que registra la Unidad para las Victimas, en el periodo 2010 a 2014 se observa que las víctimas de desplazamiento ascendieron a 1.431.731 personas, en el periodo 2015 a 2018 las víctimas fueron 670.778, mientras que en lo corrido del periodo 2019 a 2021 las víctimas decrecieron a 379.176, lo cual ha evidencia una tendencia a la disminución en el último periodo, no estamos diciendo con esto que el problema está solucionado, pero si afirmamos y estamos seguros que vamos por buen camino”, puntualizó el Consejero.
Ahora bien, frente a la preocupación sobre artefactos explosivos, el Alto funcionario dijo que parece que se le olvida el CICR que Colombia es parte de la Convención de Ottawa, y bajo ese instrumento internacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) maneja las cifras oficiales en materia de víctimas de minas antipersonas y municiones sin explotar, las cuales a la fecha registra 152 víctimas: 93 civiles y 59 miembros de Fuerza Pública.
Por su parte, el consejero expresó que, “los únicos responsables en Colombia que usan las minas antipersonas son los grupos armados organizados y grupos armados residuales, son estos desalmados criminales los responsables de las consecuencias humanitarias de nuestra población, parece que esto también se le olvidó a la CICR”.
También es pertinente aclarar que durante el 2021, el Registro Único de Víctimas registra 139 víctimas por desaparición en 141 eventos. Esta cifra es menor a la que registra el CICR.
Al comparar esto con la información de los últimos 5 años se evidencia que el 2021 es el año en el que se registra el menor número de casos desde 2017.
“Para el Gobierno Nacional los casos documentados no son meras estadísticas, por lo contrario, cada uno de estos generan dolor y desagarra el alma en el pueblo colombiano. No nos conformamos con la disminución, nuestro objetivo siempre ha sido la no ocurrencia de estos hechos victimizantes”, dijo el Consejero Jefferson.
Por último, se debe destacar el papel del CICR en la salvaguarda del DIH y la importancia de la aplicación del principio de neutralidad. Comprendemos la importancia de este papel en el funcionamiento de la delegación en Colombia, bajo esto invitamos al CICR considerar en sus análisis los datos e información a cargo de las diferentes instituciones del Estado.
