La Política de Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario del actual Gobierno definió como uno de sus ejes prioritarios la protección de los defensores de los derechos humanos, el impulso a la justicia y la lucha contra la impunidad por graves violaciones de los derechos humanos. Además, estableció que el Gobierno trabajaría en la instauración de mecanismos concertados con los grupos sociales para la promoción y protección de los derechos humanos de los grupos especialmente vulnerables, contemplando entre sus metas la protección de los periodistas.

Las amenazas contra la vida y los asesinatos de comunicadores sociales y periodistas se suman a los que se cometen contra muchos otros grupos vulnerados, agravando el panorama de los derechos humanos en Colombia. Los comunicadores, en razón de su oficio, se convierten en víctimas del conflicto armado, por lo cual el gobierno colombiano debe brindarles especial protección. En muchos casos se erigen en defensores de los derechos humanos, pues en ejercicio de su actividad profesional asumen la difusión, defensa, preservación y restablecimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Algunos han sido atacados físicamente y otros se han visto forzados a salir del país por amenazas. Por sus implicaciones para la libertad de expresión, las violaciones de los derechos humanos de periodistas y comunicadores representan costos enormes para la democracia, tienen una gran repercusión social y su impacto acentúa de manera considerable la critica situación.

En desarrollo de la política, el Gobierno Nacional creó mediante el Decreto 1592 del 18 de agosto de 2000 el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales, dando cumplimiento a recomendaciones de organismos intergubernamentales de derechos humanos. Sus mecanismos han sido concertados, en su concepción y ejecución, con los gremios y asociaciones de periodistas, y se han puesto en ejecución medidas de seguridad para proteger a los periodistas en las zonas de conflicto y en misiones peligrosas, en desarrollo de los Convenios de Ginebra.

El Programa acoge a los periodistas que, en ejercicio de su actividad profesional, asuman la difusión, defensa, preservación y restablecimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y que, por tal circunstancia, se encuentren en situación de riesgo contra su vida, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia política o ideológica o con el conflicto armado que padece el país.

Se asignó la responsabilidad del Programa Especial de Protección a la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior. El Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos, integrado por el Viceministro del Interior o su delegado, quien lo preside, el Director General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y un delegado del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, está encargado de su funcionamiento y de la evaluación de cada caso en particular. Así mismo, hacen parte del Comité en calidad de invitados especiales, con voz y voto, un delegado de la Vicepresidencia de la República y un delegado de la Policía Nacional, y como invitados permanentes, con voz y voto, tres delegados de las asociaciones de periodistas designados por el Ministerio del Interior.

El Programa fue instalado formalmente en octubre y dotado de un presupuesto inicial de cuatrocientos millones de pesos. Las actividades del Programa están dirigidas al cubrimiento de gastos de protección, traslados y ayudas humanitarias; medidas de autoprotección; fortalecimiento de una red de periodistas y comunicadores sociales; pedagogía sobre el papel de los periodistas en el conflicto para evitar que sean señalados como parte del mismo; y elaboración de manuales de autoprotección. Se puso en operación el comité de evaluación de riesgos, encargado de definir los distintos aspectos de la prestación de la protección a los periodistas que la soliciten. Treinta y cinco periodistas han pedido protección del Programa y sus casos están en etapa de estudio de riesgo.

De otra parte, la voluntad del Estado colombiano de esclarecer los casos en la justicia y luchar contra la impunidad se demuestra en la creación de una subunidad especial para investigaciones sobre periodistas en la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. Actualmente la subunidad conoce de 28 procesos donde han sido víctimas periodistas y comunicadores sociales, de los cuales 24 son casos de homicidio, 3 de amenazas y 1 de secuestro. De estos casos, 21 se encuentran en fase preliminar, 2 en etapa instructiva y 3 en etapa de juicio. En los restantes se ha proferido una sentencia absolutoria y una condenatoria. La labor de la Fiscalía recibe el apoyo del Gobierno Nacional a través de la Vicepresidencia de la República y su Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con apoyos logísticos y un pequeño fondo de ayudas de emergencia que cuenta con respaldo de la cooperación internacional. Las labores de la Vicepresidencia hacen parte de los esfuerzos interinstitucionales coordinados con el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación.