El propósito de otorgar plena vigencia a los Derechos Humanos para todos los habitantes del país, el cual hace parte cardinal del proyecto histórico de Colombia, enfrenta hoy obstáculos muy graves. A la violencia difusa del desorden social se agrega una poderosa violencia delincuencial, y a ésta, una compleja y polarizada violencia de carácter político. Los límites entre unas y otras, así como sus encadenamientos, no son del todo claros. Las hostilidades bélicas favorecen perversas dinámicas de eliminación de supuestos antagonistas por fuera del escenario mismo donde se realizan. En conjunto, ellas propician unas condiciones de intolerancia, negativismo y saturación del aparato judicial que favorecen la comisión de delitos constitutivos de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

El Gobierno Nacional ha puesto en manos del Vicepresidente de la República, en su calidad de Alto Consejero para los Derechos Humanos, la coordinación de los múltiples esfuerzos y tareas que desde diversas entidades del Estado, se realizan en procura de garantizar, proteger y defender los derechos fundamentales. Se está adelantando una amplia labor de concertación para la elaboración de una política de Estado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que garantice unidad de criterios y amplitud de compromisos por parte de todas las instituciones con competencias en el tema y que aspira a integrarse con los esfuerzos emprendidos desde la sociedad civil.

Esta política encuentra su lugar, dentro de un contexto de violencia, entre las impostergables exigencias de la Paz, puesto que la reconciliación habrá de aproximarnos al respeto de los Derechos Humanos y, a la vez, la lucha infatigable por su efectiva vigencia nos conducirá a la paz.

La política, entonces, se inspira en la necesidad de atender problemáticas que por su magnitud humanitaria precisan de una atención prioritaria, así como la integralidad de los derechos en sus dimensiones civil, política, económica, social y cultural. En consecuencia, sus lineamientos básicos contemplan la profundización en la lucha contra la impunidad mediante el impulso investigativo de los casos más relevantes, la protección de quienes trabajan en su defensa y promoción, el combate a los grupos de autodefensa, la lucha contra el secuestro, la atención integral a la población desplazada, el fortalecimiento de la capacidad estatal y las necesarias readecuaciones institucionales, en especial la modernización de la Fuerza Pública.

Esta iniciativa se enmarca, así mismo, dentro de un espíritu de cooperación constructiva con la comunidad internacional, cuyo calificado concurso de asesoría y seguimiento imparcial a la situación interna, el Gobierno Nacional valora. Por ello mantiene una política de permitir con toda transparencia el escrutinio de la comunidad internacional a fin de que se obtenga desde el exterior una visión realista de la problemática que nos aqueja y de la gestión institucional.

Justamente, el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que se ha puesto en funcionamiento, es el fruto de la cooperación internacional en Derechos Humanos. Se trata de un instrumento que habrá de contribuir al escrutinio propio, nacional e internacional de las problemáticas, factores y tendencias que configuran el escenario de las violaciones a los Derechos Humanos, a avanzar en su comprensión analítica y a divulgar el conjunto de la gestión estatal. En fin, procurar la generación de conocimiento que sirva a la definición de políticas y proporcione insumos para su evaluación. El presente Boletín es un medio para la difusión de este cometido. La información que contiene permite el examen y facilita comunicar la transparencia del trabajo que adelanta el Gobierno en la materia.