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El documento presenta el estado y los principales avances en materia de la garantía de los derechos humanos en el país, considerando la crisis mundial generada por la pandemia del COVID-19. Esto a partir de las diferentes políticas públicas, programas y proyectos implementados desde los diferentes sectores del Gobierno nacional.

Este documento contiene las memorias de la socialización, a los líderes y miembros de Las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Observatorios de DD.HH. y demás asistentes, de los documentos que contienen una aproximación de la situación que viven las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, como lo son el Mapa de Riesgo de Vulneración a los DD.HH. y Discriminación Racial contra las personas Afrocolombianas y una infografía que muestra cifras de Desigualdad Social y Discriminación Racial y Racismo en Contextos Urbanos. Esta socialización permitió retroalimentar y recoger sus experiencias de quienes viven a diario el flagelo de la desigualdad y la discriminación para visibilizarlas y así trabajar en pro del Goce Efectivo de sus Derechos Humanos.

Ruta de protección de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos y algunas nociones conexas.

Este documento es una recopilación del desarrollo por parte de los organismos internacionales y la academia en materia de Empresas y Derechos Humanos, conducta empresarial responsable y debida diligencia, a partir de la promulgación de los principios rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 2011.

Este documento consolida datos, entre 2016 al 2021, de desigualdad social, discriminación racial y racismo en las capitales departamentales, como diagnóstico de la situación de las personas que hacen parte de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Informe anual de implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos 2020 – 2022 “Juntos Lo Hacemos Posible: Resiliencia y Solidaridad”, año 2021.

Informe de homicidios de líderes sociales y personas defensoras de DDHH en Colombia. (Enero - Diciembre 2021).

En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, realizó un acompañamiento al Departamento Nacional de Estadística -DANE en la elaboración de la nota estadística “Enfoque transversal Derechos Humanos – ODS- Agenda 2030.” El trabajo articulado incluyó la realización de varias reuniones con los equipos de colaboradores; la entrega de insumos para soportar los reportes estadísticos con la información que reposa en la Consejería y otras instituciones; así como algunas sugerencias en los contenidos y un aporte en la corrección de estilo. Con estas actividades, que permiten la publicación de la Nota Estadística, se demuestra una vez más la capacidad de trabajo articulado institucional y el compromiso de la Consejería por materializar la defensa de los Derechos humanos en el territorio colombiano.

Mapa de Riesgo de vulneración de Derechos Humanos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y discriminación racial y racismo.

Informe sobre el Reclutamiento Uso y Utilización de niños niñas y adolescentes por grupos armados organizados y grupos delictivos organizados. Período de análisis septiembre de 2016 a diciembre de 2020.

Actualización y fortalecimiento del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos PLANEDH 2021 - 2034.

Informe de resultados del mapa de riesgo a la vulneración de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal de la población objeto de los programas de protección de justicia transicional del año 2019, en el marco de lo establecido en los artículos 2.4.1.1.4., 2.4.1.1.9. y 2.4.1.1.10. del Decreto 1066 del 2015.

Manual de instalación territorial de rutas de prevención en el marco de la línea de política pública de prevención del reclutamiento, utilización, uso y, violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados (GAO) y grupos delictivos organizados (GDO).

Lineamientos y acciones del Gobierno Nacional para el respeto y garantía de los DDHH en Colombia 2021 - 2022

Informe de Homicidios contra Líderes Sociales y Defensores/as de Derechos Humanos en Colombia 2020. (Enero - Diciembre 2020).

Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos 2020 - 2022 Juntos Lo Hacemos Posible: Solidaridad y Resiliencia

Informe y Recomendaciones. Durante la Pandemia del covid-19 a la luz de los Derechos Humanos Capítulo III

Informe y Recomendaciones. Durante la Pandemia del covid-19 a la luz de los Derechos Humanos Capítulo II

Informe y Recomendaciones. Durante la Pandemia del covid-19 a la luz de los Derechos Humanos Capítulo I

Informe de Homicidios contra líderes sociales y defensores/as de derechos humanos en Colombia. (Enero - Septiembre 2020).

Segundo Informe Trimestral de Homicidios contra líderes sociales y defensores/as de derechos humanos en Colombia. (Abril-Junio 2020).

Informe Trimestral de Homicidios contra Líderes Sociales y Defensores/as de Derechos Humanos en Colombia. (Enero - Marzo 2020).

Informe Anual Derechos Humanos 2018.

Informe de Homicidios Contra Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos 2016-2019 (Enero 2020).

Informe de Homicidios Contra Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos 2016-2019. (Diciembre 2019).

Este documento contiene la actualización de la Línea de Política Pública de Prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados.

Informe de Homicidios Contra Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos (2016-2019). (Octubre 2019).

Informe de Homicidios Contra Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos (2010-2019) (Julio 2019).

Informe de Homicidios Contra Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos (2010-2019). (Las cifras utilizadas se encuentran sujetas a variaciones debido a la naturaleza de las bases de datos las cuales son dinámicas y cambiantes por la fuente de información). (Junio 2019).

En el presente documento se adelanta una de estas iniciativas a través de la descripción de una herramienta para el desarrollo integral de los observatorios de derechos humanos.

Este documento contiene los principales avances identificados por las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Derechos Humanos para la implementación de la Estrategia Nacional de DD.HH., en los cuales presentamos de manera sucinta los principales avances normativos y desarrollos temáticos de cada uno de los lineamientos priorizados en los últimos dos años. (2016 – Julio 2018).

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, es el resultado de la discusión rigurosa y democrática en el Congreso de la República y producto del consenso entre el Gobierno Nacional, diversos sectores políticos y la sociedad civil. Ésta constituyó para Colombia un marco legal sin precedentes para recomponer el tejido social, adoptando medidas efectivas de reparación a favor de las víctimas; dando origen a una política pública de reparación integral que inició su implementación aún en medio del conflicto armado.

La obligación internacional que tienen los Estados de prevenir las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario supone una dimensión preventiva, que cobra especial importancia en procesos transicionales donde persisten riesgos y no basta con reparar los daños ya infligidos, sino prevenir los futuros.

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental, reconocido en la Constitución Política (artículos 20 y 74) y en distintos tratados internacionales de los que Colombia es parte, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos1 (artículo 13) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2 (artículo 19). Además, se encuentra previsto en distintos instrumentos internacionales, tales como la Carta Democrática Interamericana (artículos 4 y 6), la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (artículos 10 y 13) y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (artículo 10).

Durante el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, Colombia experimentó un cambio normativo e institucional dirigido a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y reforzar la eficiencia y coherencia de la organización y funcionamiento del Estado.

El registro de casos de reclutamiento, utilización/ uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes con ocasión del conflicto armado interno en Colombia se ha reducido de manera consistente en los últimos cuatro años (desde 2013). Este hecho tiene como causa fundamental las negociaciones de paz adelantadas entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el Gobierno Nacional, quienes finalmente firmaron un Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016.

El Centro Nacional de Memoria Histórica calcula que en Colombia, durante los últimos 50 años, cerca de 16.000 menores de edad se han vinculado de algún modo al conflicto armado interno. Otras entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Unidad para las Víctimas también han ofrecido cifras similares, aunque varían dependiendo de los registros consultados, puesto que dichas entidades cumplen con funciones diferentes.

Colombia creó en 2007 la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA), con el fin de coordinar los esfuerzos en materia de prevención de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. A partir de las recomendaciones de la Resolución 1612 de 2005 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del apoyo de varias instancias internacionales, y mediante el Decreto 4690 de 2007, se puso en marcha una estructura institucional que ha permanecido en el tiempo con algunas variaciones.

Entre las acciones emprendidas en el marco del proceso de implementación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas, se han encaminado esfuerzos para crear los insumos necesarios a fin de desarrollar un sistema coherente de mecanismos judiciales y no judiciales, que ofrezca soluciones satisfactorias para las partes y atienda la necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación para las personas que puedan verse afectadas en el ejercicio de sus derechos en el marco de operaciones empresariales.

El Examen Periódico Universal, conocido con la sigla EPU en español y UPR en inglés, es un mecanismo de evaluación diseñado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para examinar la situación de derechos humanos de todos los países miembros de esta organización internacional.

El presente lineamiento recomienda establecer una articulación con los observatorios que conforman la Red Nacional de Observatorios de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario -RODHI-, con el propósito de obtener insumos para la toma de decisiones en materia de prevención, protección y garantías de no repetición.

Colombia recognizes that the VPI play a vital role in the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Indeed, the Colombian National Human Rights Strategy takes them into account. In particular, the Subsystem on Human Rights, IHL and Enterprise, established within its framework, includes the Government commitment to ensure that members of the Armed Forces and Police are trained on the VPI. Additionally, the National Action Plan on Human Rights and Business (NAP) states.

La vinculación de personas menores de edad a los conflictos armados y su utilización en las hostilidades ha sido una realidad en muchos países alrededor del mundo. Por ello, se han generado mecanismos e instrumentos internacionales para hacerle frente a esta problemática. Así, la Convención de los Derechos del Niño, en un primer esfuerzo por ello, contempla el compromiso de los Estados de adoptar medidas para prevenir y evitar el reclutamiento de niños menores de 15 años y su participación directa en las hostilidades, en tanto su Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en conflictos armados fortalece la aplicación de la Convención y aumenta la protección de los niños y niñas durante los conflictos armados exhortando a los Estados a tomar medidas para que ningún menor de 18 años sea vinculado al conflicto armado.

Como señala el Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, los derechos de niños, niñas y adolescentes son fundamentales y corresponde a una obligación de la familia, la sociedad y el Estado; asistirlos y protegerlos para garantizar su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos. Asimismo, alude que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

La toma de decisiones para la construcción de políticas públicas en temas en extremo sensibles, como la prevención del reclutamiento por parte de actores ilegales, violencia sexual, implementación de políticas territoriales de extracción de los recursos, entre otros, se ha basado en la primera parte del siglo XX en metodologías cuantitativas que si bien brindan una pauta para focalizar los recursos, fue probada como fotogramas estáticos de realidades complejas, cambiantes en el tiempo y desiguales en los territorios. Por tal, la distancia entre los planes de diseño y su implementación adecuada es un desafío recurrente para los hacedores de política pública.

Colombia, in the current peace building process, assumes the commitment to embrace the highest international standards for the protection and guarantee of Human Rights in the relation to business activity. On December 9, 2015, the Colombian President, Juan Manuel Santos Calderón, adopted the National Action Plan on Human Rights and Business (NAP)1 as the Colombian response to national implementation of the ‘Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework’ (UNGPs). Colombia became the first non-European State to adopt a NAP in this subject.

En el actual proceso de construcción de paz, Colombia asume el compromiso de acoger los más altos estándares internacionales para la protección y garantía de los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales. En ese contexto, el 9 de diciembre de 2015, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, adoptó el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas (en adelante PNA) como una respuesta de Colombia a la implementación de los “Principios Rectores sobre empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar” (en adelante Principios Rectores o PRNU). Se convirtió así en el primer país noeuropeo en adoptar un Plan Nacional de Acción en la materia.

Esta cartilla hace parte del “Programa de Formación: Promoción y ejercicio de los DDHH, para una cultura de paz y reconciliación,“ elaborado entre el SENA y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Se trata de un curso gratuito que busca brindar herramientas y conocimientos sobre derechos humanos para aportar en la construcción de una cultura en paz y reconciliación desde la cotidianidad. El programa también pretende formar líderes comunitarios y a la sociedad civil en general en el ejercicio cotidiano de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y colectivos, y proporcionar información sobre las discusiones y avances frente a nuevos desarrollos de derechos humanos en el ámbito empresarial.

En 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acogió unánimemente en su Resolución 17/4 los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”. Estos Principios Rectores son, en la actualidad, la referencia mundial para todos los actores (principalmente los estados, las empresas y la sociedad civil) que de forma directa o indirecta tienen obligaciones, responsabilidades y/o intereses legítimos en relación con la actividad comercial y empresarial.

Esta cartilla hace parte del “Programa de Formación: Promoción y ejercicio de los DDHH, para una cultura de paz y reconciliación,“ elaborado entre el SENA y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Se trata de un curso gratuito que busca brindar herramientas y conocimientos sobre derechos humanos para aportar en la construcción de una cultura en paz y reconciliación desde la cotidianidad. El programa también pretende formar líderes comunitarios y a la sociedad civil en general en el ejercicio cotidiano de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y colectivos, y proporcionar información sobre las discusiones y avances frente a nuevos desarrollos de derechos humanos en el ámbito empresarial.

En este documento se encuentra apartes de este módulo que se centra en un análisis académico, jurídico y jurisprudencial que permitirá a los operadores judiciales: I. Tener argumentos desde la normativa nacional e internacional para la garantía de los derechos de las mujeres víctimas, II. Incorporar dentro de la formación y aplicación de los derechos humanos el enfoque diferencial, como herramienta que permitirá identificar y con ello prevenir, investigar y sancionar en debida formas, las vulneraciones a los derechos humanos que se dan en el marco del conflicto armado, en especial las víctimas de violencia sexual.

El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) para atender las necesidades específicas de las mujeres en el marco de la Ruta de Protección del programa de la UNP. En este espacio participan 4 representantes delegadas por las mujeres (mujeres víctimas, lideresas, organizaciones de mujeres); entidades estatales y organismos internacionales que trabajan en la defensa y garantía de los derechos de las mujeres. Los casos son estudiados desde un enfoque de género y se adoptan medidas integrales o complementarias a favor de la protegida. Para que su caso sea estudiado en el CERREM de Mujeres, debe manifestarlo en el momento de la solicitud y en la entrevista con el analista de riesgo. Si en la solicitud de protección se evidencia que existe violencia sexual, el caso será remitido a este comité.

Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex han sido históricamente discriminadas por su orientación sexual, identidad, expresión de género y diversidad corporal; aún continúan siendo víctimas de discriminación, violencia y otros abusos, en una clara vulneración a sus derechos humanos protegidos en los instrumentos internacionales e interamericanos.

La política criminal juega un papel importante en la dinámica delictual que comporta una sociedad.

La política criminal juega un papel importante en la dinámica delictual que comporta una sociedad, por lo tanto debe adoptar respuestas para “hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción".

Con el fin de dar inicio a este trabajo, el Programa Presidencial, ahora Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, conformó un equipo de trabajo que se dió a la tarea de investigar y construir una serie de herramientas pedagógicas, para formar a las comunidades indígenas en Derechos Humanos y en principios del Derecho Internacional Humanitario, con enfoque étnico. Para la consolidación de dichas herramientas pedagógicas fue necesario desarrollar temáticas y estrategias lo suficientemente flexibles con el propósito de que, partiendo de los mitos de origen y la cosmovisión del pueblo indígena Embera Katío, puediesen ser adaptables a otras culturas indígenas.

Antes de ser víctimas del reclutamiento, niños y niñas estaban expuestos a diferentes vulneraciones en su entorno familiar y comunitario. Entre los más mencionados por ellos en los estudios de caracterización se encuentran los asociados a la violencia intrafamiliar, al abuso sexual, al trato negligente, a la difícil y precaria situación económica de sus hogares agravada por la explotación laboral, a la falta de oportunidades y a la dificultad en el acceso a la educación, por factores como distancia, calidad o permanencia, entre otros.

Este boletín tiene como finalidad iniciar un proceso de reflexión y debate que permita realizar una diferenciación preliminar entre reclutamiento y utilización, acudiendo a por lo menos dos perspectivas desde las que se ha enfocado la intervención estatal al respecto, a saber: la jurídica y la de atención. Esto con el fin de identificar y afinar las inquietudes que permitan mejorar la atención y la política de prevención de estas graves violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El Decreto 4690 de 2007 dio vida a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Organizados al Margen de la Ley y de los Grupos Delictivos Organizados, con el mandato de articular las acciones de prevención de estas vulneraciones con las entidades del Estado en los ámbitos nacional y local y aquellas desarrolladas por las organizaciones sociales y la cooperación internacional.

En Colombia desafortunadamente, muchos niños y niñas como tú, han vivido situaciones de abuso que les ha causado daño, afectado su vida personal y familiar, por eso no podemos permitir que se conviertan en hechos normales, es necesario que los niños, niñas y sus familias conozcan las acciones que podemos realizar a nivel personal, con nuestros amigos y con la familia para que esto no nos suceda; pero también, con esta cartilla queremos que conozcas que hay autoridades y personas en tu ciudad como los profesores o personas en la alcaldía que tienen la obligación de ayudarte y atenderte cuando hay una situación de riesgo o peligro.

Colombia está comprometida con la protección y garantía de los derechos humanos de toda la ciudadanía. Por esta razón, el país ha implementado diferentes políticas públicas orientadas a la garantía de los derechos de toda la sociedad colombiana, y es parte de los tratados internacionales más importantes de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Dichas políticas se han ajustado a estándares internacionales y a las recomendaciones recibidas por parte de diferentes órganos de derechos humanos.

El principal objetivo de la Priorización 2015 es brindar información precisa y confiable que permita definir los municipios y departamentos que se deben atender prioritariamente para prevenir la ocurrencia del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Si bien el CONPES 3673 de 2010 tuvo vigencia hasta el año 2014, las bases en las que se fundamenta este documento y su enfoque integral responden a los principios constitutivos de la Ley 1098 de 2006, razón suficiente para que la Comisión Intersectorial mantenga su observancia y aplicación. Así mismo, como la de los demás instrumentos nacionales e internacionales que instan al Estado colombiano a garantizar el interés superior del niño, su protección integral, el respeto de los principios de corresponsabilidad y la exigibilidad de los derechos, atendiendo los diferentes enfoques diferenciales.

En consecuencia con la propuesta de una mirada territorial y regional de las intervenciones en prevención, el mismo documento presentó tres categorías de clasificación espacial de los municipios, basadas en el concepto de contigüidad territorial, entendida como el estado a partir del cual dos o más entidades espaciales comparten un segmento, un área o una característica en común que permite transitar de un área a otra sin las restricciones de límites predeterminados; así se identificaron tres tipos de aglomeraciones de municipios, a saber: 3 Corredores, 32 Conglomerados y 41 Puntos Calientes.

El objetivo de la Priorización es brindar información precisa y confiable que permita definir los municipios y departamentos que se deben atender prioritariamente para prevenir la ocurrencia del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Cuando se cumplen 68 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en Colombia firmamos recientemente un acuerdo para poner fin al conflicto armado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, nos proponemos reflexionar nuevamente sobre estos principios, tomar impulso y seguir avanzando con decisión hacia el deseado horizonte de una paz con derechos humanos.

En esta primera entrega de una serie de documentos que configuran el “Atlas del Impacto Regional del Conflicto”, se exponen las más significativas violaciones de los Derechos Humanos y las principales infracciones al DIH en más de dos décadas. Los estudios regionales aquí integrados se enfocan en la vulneración del derecho a la vida, el desplazamiento forzado, los casos relacionados con el uso de minas antipersonal y la presencia de cultivos de uso ilícito y el narcotráfico como factor desencadenante de múltiples violencias y clave para la comprensión del conflicto en los últimos 30 años en Colombia.

La Secretaría Técnica ha producido algunos documentos de trabajo que han brindado un primer acercamiento al desarrollo del tema, especialmente considerando que se requiere un abordaje particular para el encargo de la Comisión Intersectorial y para el desarrollo de estrategias y lineamientos que permitan prevenir la violencia sexual contra niños y niñas en el marco del conflicto armado interno. En este sentido, este boletín es un insumo que busca abrir el diálogo interinstitucional sobre la concepción y abordaje del tema, por lo que planea algunas preguntas orientadoras a las entidades de la Comisión Intersectorial.

Este boletín tiene como finalidad iniciar un proceso de reflexión y debate que permita realizar una diferenciación preliminar entre reclutamiento y utilización, acudiendo a por lo menos dos perspectivas desde las que se ha enfocado la intervención estatal al respecto, a saber: la jurídica y la de atención. Esto con el fin de identificar y afinar las inquietudes que permitan mejorar la atención y la política de prevención de estas graves violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En Colombia desafortunadamente, muchos niños y niñas como tú, han vivido situaciones de abuso que les ha causado daño, afectado su vida personal y familiar, por eso no podemos permitir que se conviertan en hechos normales, es necesario que los niños, niñas y sus familias conozcan las acciones que podemos realizar a nivel personal, con nuestros amigos y con la familia para que esto no nos suceda; pero también, con esta cartilla queremos que conozcas que hay autoridades y personas en tu ciudad como los profesores o personas en la alcaldía que tienen la obligación de ayudarte y atenderte cuando hay una situación de riesgo o peligro.

Estrategia Nacional para los Derechos Humanos es fruto del trabajo coordinado y articulado de los representantes de las instituciones del Estado, en el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, cuyo propósito fue el de incluir, complementar y apropiar, al interior de sus entidades, la “Propuesta de Política Integral de Derechos Humanos 2014-2034”1, para lo cual se definieron lineamientos por contenidos de derechos, así como estrategias y líneas de acción.

Hoy en día Colombia se consolida como un país que promueve, respeta y garantiza los derechos humanos en condiciones de igualdad. El 7 de agosto del 2010, el país emprendió el reto de romper con los imaginarios de estigmatización de quienes ejercen el rol de defensa de los derechos humanos promoviendo espacios de interlocución que han abonado el terreno fértil de la democracia, y con ello, los han instalado como tema de primer orden en la agenda pública. De igual manera, el país ha desplegado una acción estatal que orienta la política bajo el enfoque de derechos, entendiendo que no es suficiente la provisión de bienes públicos, si ello no se refleja en mejores condiciones de vida y bienestar. Dicha consolidación reside en la interlocución con sectores y poblaciones de distinto origen, y en su incidencia en la política pública, así como en el reconocimiento dado tanto en el nivel territorial como en la escena internacional.

En 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acogió unánimemente en su Resolución 17/4 los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”. Estos Principios Rectores son en la actualidad la referencia mundial para todos los actores (principalmente los estados, las empresas y la sociedad civil) que de forma directa o indirecta tienen obligaciones, responsabilidades y/o intereses legítimos en relación con la actividad comercial y empresarial.

In 2011 the United Nations Human Rights Council unanimously endorsed in its Resolution 17/4 the Guiding Principles on Business and Human Rights: implementing the United Nations “protect, respect and remedy” framework. These principles are currently a world reference to all actors (mainly states, business and civil society), who have, either directly or indirectly, obligations, responsibilities and/or lawful interests regarding the enterprise and business activity.

La presente guía tiene como propósito realizar una breve aproximación al concepto y utilidad del Enfoque Basado en Derechos Humanos (en adelante EBDH). Para ello, el documento retoma algunos de sus elementos principales y presenta una serie de orientaciones prácticas para su incorporación en los Planes de Desarrollo Territorial.

El contenido de este informe da cuenta de los principales avances del año 2015 sobre las 7 líneas estratégicas de acción por parte de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos en ejercicio de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial, atendiendo el mandato de articulación y coordinación de las acciones de prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual.

El documento se compone de dos partes, la primera explica el enfoque conceptual que guía la mirada del observatorio así como la metodología usada para calcular la probabilidad de ocurrencia de reclutamiento y/o utilización; la segunda parte presenta breves diagnósticos departamentales que señalan cuales son las dinámicas asociadas a los escenarios de reclutamiento identificados.

Es muy grato para el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario presentar el proyecto “Cultura en Derechos Humanos desde la innovación social”, el cual hemos realizado desde el 2012 con el Master en Investigación para el Diseño y la Innovación del Elisava Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona, la Universidad de los Andes y el Instituto Ramón Llul. Dicho proyecto lo hemos diseñado en nuestra calidad de secretaría técnica del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con el objetivo de aportar a la transformación del comportamiento de los ciudadanos hacia una cultura respetuosa y promotora de los derechos humanos.

Este proyecto surge como parte del compromiso del Gobierno Nacional y de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) con el fortalecimiento del servicio público a través de la educación, empoderando a los Funcionarios (as) Públicos (as) para avanzar en la efectiva defensa y garantía de los Derechos Humanos en Colombia. Dentro del marco del difícil contexto con el que a diario los funcionarios(as), deben enfrentarse con particularidades como aquellas que surgen del conflicto armado y aquellas dadas por la diversidad social y cultural, se les exige especiales calidades y capacidades como garantes de los Derechos Humanos.

Este proyecto surge como parte del compromiso del Gobierno Nacional y de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) con el fortalecimiento del servicio público a través de la educación, empoderando a los Funcionarios (as) Públicos (as) para avanzar en la efectiva defensa y garantía de los Derechos Humanos en Colombia.

Como parte del trabajo intersectorial para la prevención y la atención de las graves violaciones los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes – ESCNNA –, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, han aunado esfuerzos para reflejar cómo esta problemática ha afectado a la población infantil colombiana.

La Estrategia Nacional de Derechos Humanos y DIH pretende ser el marco orientador de la acción del Estado para garantizar el goce efectivo de derechos de todos y todas las colombianas. Se trata de una apuesta sin precedentes en Colombia en la cual la participación y el diálogo han sido las piedras angulares del proceso.

Documento de la Propuesta para la Política Pública de Derechos Humanos en Colombia 2014-2034.

La problemática del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en Colombia ha estado caracterizado por la multiplicidad e interrelación de factores y variables que inciden en su ocurrencia. En este sentido, su dinámica ha impactado de forma diferencial a diversos grupos poblacionales generando consecuencias a nivel físico, emocional, social y comunitario para los niños, niñas y adolescentes y su relación e interacción con sus familias y comunidades. Esto se ha evidenciado en diversos documentos (académicos, investigativos, sentencias, documentos temáticos y de política) que han abordado la problemática del reclutamiento y utilización de la niñez y adolescencia. A partir de ellos, el CONPES 3673 de 2010 realizó una lectura y análisis de la problemática y sus factores asociados, estableciendo unos objetivos de política en materia de prevención de reclutamiento y utilización.

El Decreto 4690 de 2007 dio vida a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Organizados al Margen de la Ley y de los Grupos Delictivos Organizados, con el mandato de articular las acciones de prevención de estas vulneraciones con las entidades del Estado en los ámbitos nacional y local y aquellas desarrolladas por las organizaciones sociales y la cooperación internacional.

PUBLICACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA TECNICA DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO, UTILIZACIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY Y POR GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. El CONPES 3673 de 2010 representa el compromiso del Estado colombiano por la prevención del reclutamiento y la utilización partiendo del enfoque de protección integral de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes contemplado por el Código de Infancia y Adolescencia. Este documento de política, incluye un Plan de Acción que involucra a 21 entidades del orden nacional, a través del cual se establecen acciones puntuales y responsables.

El secuestro constituye uno de los delitos pluriofensivos contra la dignidad humana y la libertadpersonal, en virtud de la gravedad de los derechos vulnerados en sus víctimas directas y familiares.Si bien los esfuerzos estatales para brindar condiciones de seguridad y judicializar el secuestro han permitido reducir este grave perjuicio del derecho a la libertad personal y la dignidad humana, el secuestro aún es una realidad palpable en Colombia.

La serie de tres documentos propuesta que hoy entrega el proceso tripartito de Construcción Participativa de la Política Pública de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, no podría ser más oportuna. En efecto, cuando tenemos la ilusión que señala, que de la Habana, vendrá un barco cargado de un acuerdo que ponga fin a la confrontación armada y posibilite el desarrollo de una agenda de transición y construcción de paz, ningún referente mejor para ese futuro luminoso, que una política y un enfoque de derechos que permeen todas las políticas públicas en los próximos veinte años.

La serie de tres documentos propuesta que hoy entrega el proceso tripartito de Construcción Participativa de la Política Pública de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Soporte Normativo Política Pública de Derechos Humanos en Colombia 2014-2034.

La serie de tres documentos propuesta que hoy entrega el proceso tripartito de Construcción Participativa de la Política Pública de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Guía Metodológica - Política Pública de Derechos Humanos en Colombia 2014-2034.

PUBLICACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA TECNICA DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO, UTILIZACIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY Y POR GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. En sesión de alto nivel de la Comisión Intersectorial de prevención del reclutamiento y la utilización de niños y niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley1 se identificó que las entidades miembros, en general, actúan de manera independiente y no en coordinación y articulación entre sí, por lo que se hacía necesario comenzar el planteamiento de un esquema de confluencia de planeaciones y mandatos de articulación, específicamente en el tema de Prevención de Reclutamiento y Utilización.

PUBLICACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA TECNICA DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO, UTILIZACIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY Y POR GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. Mientras más efectiva sea la garantía de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y más entornos protectores se construyan para ellos y ellas, menor será el riesgo de que sean reclutados para empuñar las armas y utilizados en escenarios de violencia.

PUBLICACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA TECNICA DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO, UTILIZACIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY Y POR GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. La Comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley y grupos de delincuencia organizada, compuesta por 23 entidades del orden nacional, representa el mayor esfuerzo del Estado colombiano por prevenir, de manera articulada e interinstitucional, la ocurrencia de estas tres vulneraciones de las que son víctimas los niños, niñas y adolescentes en Colombia.

Los esfuerzos que Colombia ha venido realizando en protección y respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, se materializan en varias iniciativas gubernamentales con finalidad de construir un país justo, humano, con igualdad de condiciones para sus habitantes, respetuoso con los derechos inherentes al ser humano y comprometido con la defensa de las garantías fundamentales.

El presente documento es uno de los productos que ha arrojado el proceso de la construcción participativa de la política pública en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Es una muestra de los diferentes resultados conseguidos durante este proceso, que buscan contribuir al desarrollo de la agenda de derechos humanos colombiana a través de la implementación y estímulo del diálogo Estado - Sociedad Civil, desde una perspectiva de este como garante del goce efectivo de derechos y de los ciudadanos y ciudadanas como titulares de los mismos.

El Gobierno colombiano determinó como una prioridad del Estado su compromiso por garantizar los Derechos Humanos - DDHH - y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario - DIH. Es así como el Plan Nacional de Desarrollo – PND- 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, en su Capítulo V “Consolidación de la Paz”, expresamente se refiere a la Política Pública Integral en DDHH y DIH y a la Justicia Transicional, como mecanismos para garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional.

El Examen Periódico Universal, conocido con la sigla EPU en español y UPR en inglés, es un mecanismo de evaluación diseñado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para examinar la situación de derechos humanos de todos los países miembros de esta organización internacional.

La elaboración del presente informe representa un esfuerzo continuado del Estado que inició a partir de la sustentación del informe del primer ciclo. En ese entonces, Colombia adquirió motu proprio un compromiso de seguimiento permanente que ha venido cumpliendo durante los últimos cuatro años.

Resulta claro que las mayores concentraciones de afrocolombianos se presentan en el Pacífico, mientras que en el Caribe y las cuencas medias y bajas de los ríos Magdalena y Cauca hay presencia de este grupo poblacional pero en proporciones menores. La región del Urabá presenta altas concentraciones de afrocolombianos pero el número de municipios es mucho menor que el conjunto del Pacífico. Estas constataciones adquieren relevancia para explicar que las mayores afectaciones a la población afrocolombiana se produjeron cuando la violencia se desplazó del Caribe y el Urabá, al Pacífico. Mientras en el Caribe y el Urabá los índices fueron muy altos en los noventa, en el Pacífico se deterioraron en el nuevo milenio.

Bien lo dice el Plan de Desarrollo del Meta “el interés del gobierno departamental es lograr en los próximos cuatro años el desarrollo del Meta a partir de un modelo económico regional sostenible y sustentable cimentado en un Gran Acuerdo Incluyente y Participativo encaminando a consolidar el Meta como un territorio más humano e incluyente, competitivo e innovador, ordenado y sostenible, colectivo, creíble y estratégico. Se propone orientar el desarrollo económico y social del Departamento a partir de una carta de navegación construida participativamente con los actores sociales, articulada con los entes territoriales y analizados por las instancias de planeación y control político, representados respectivamente por el Consejo Territorial de Planeación y la honorable Asamblea Departamental del Meta”.

La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (aprobada en 1979) fue ratificada por el Estado colombiano el 19 de enero de 1982 y el Protocolo Facultativo a la Convención (aprobada en 1999), el 23 de enero de 2007. De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Convención, hasta ahora el Estado colombiano ha presentado al Comité seis (6) informes periódicos.

A lo largo de los años y especialmente en desarrollo de conflictos armados internacionales y no internacionales, se han cometido una serie de atrocidades en contra de la humanidad, en especial en contra de las mujeres y niños, lo que ha significado que la comunidad internacional quiera ponerle un punto final a tales abusos o castigar a los responsables de conductas que atentan contra los pilares de la dignidad humana.

Este documento hace parte del proyecto “Identificación, elaboración y evaluación de módulos para capacitación en materia de investigación, juzgamiento y sanción de casos de violaciones a los DDHH e infracciones al derecho internacional humanitario” perteneciente al programa presidencial de DDHH y DIH –PLCI- y auspiciado por la Embajada Real de los Países Bajos. Su reproducción total o parcial requiere autorización escrita del PLCI y de la UT Universidad del Rosario-Ideamérica.

El Observatorio del Programa Presidencia de Derechos Humanos-DH y Derecho Internacional Humanitario-DIH, pone a consideración de los funcionarios y funcionarias del gobierno departamental y de los gobiernos municipales del departamento del Atlántico, de los funcionarios y funcionarias de las entidades estatales, departamental y municipales; de las organizaciones sociales y comunitarias, de los centros académicos y de la ciudadanía del Atlántico, así como de la opinión pública nacional e internacional, el Diagnóstico departamental del Atlántico 2000-Primer semestre de 2011.

Al iniciar el nuevo milenio, la situación de Colombia en materia de violencia y seguridad se encontraba significativamente deteriorada. Los grupos armados irregulares habían expulsado la institucionalidad de más de 150 municipios y se encontraban en plena expansión tanto las guerrillas como los grupos de autodefensa. En cuanto a los indicadores sobre violencia, los homicidios alcanzaban tasas significativas entre 2000 y 2002, sobrepasando las 60 muertes violentas por cien mil habitantes. Por otra parte, los secuestros en estos mismos años oscilaban entre 2.800 y 3.500 plagios anuales, fruto en gran medida de la realización de numerosos retenes ilegales y de actos de piratería terrestre, que facilitaban la comisión de secuestros masivos y los actos de piratería terrestre. Del mismo modo, en este periodo, el fenómeno del desplazamiento forzado llegó a sus niveles más altos a nivel histórico.

Si bien reconozco los esfuerzos del Gobierno (..) para mejorar la situación de los defensores de derechos humanos, aún queda mucho por hacer para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores de derechos humanos.

Hoy en día, en un contexto marcado por gobiernos democráticos, la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos continúa siendo esencial para el proceso de fortalecimiento de las democracias.

Así tengamos visiones distintas, así tengamos opiniones distintas, su labor y la nuestra es la que nos permite construir una sociedad más tolerante, una sociedad más incluyente y una sociedad donde se respete cada vez más los derechos humanos.

El Gobierno del Presidente de Álvaro Uribe Vélez reitera su disposición para brindar todas las garantías que requieran para su trabajo las organizaciones sociales, ONG, sindicatos y organizaciones comunales en la labor que desarrollan en todo el territorio nacional.

La defensa de los derechos humanos es una acción necesaria y legítima para la democracia, en un país como Colombia que tiene el orgullo de estar plenamente abierto y dispuesto al escrutinio internacional en esta materia.

La Constitución Política contiene estos artículos aplicables a la labor de los defensores y defensoras: Artículo 20, sobre los derechos a la libertad de expresión, de pensamiento y opinión; el Artículo 37 sobre la libertad de reunión pública y pacífica, el Artículo 38 sobre la libertad de asociación y el Artículo 95 sobre el deber de todos los ciudadanos de defender y difundir los derechos humanos.

Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entr e otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole (…) para que toda persona (…) pueda disfrutar en la práctica de t odos esos derechos y libertades.

Los defensores (as) defienden y promueven los derechos humanos (derechos civiles y políticos, económicos sociales y culturales y colectivos) y las libertades individuales. Examinan la labor y la políti ca de las entidades estatales para garantizar y proteger estos derechos. Esta labor la puede n adelantar desde cualquier cargo o función que tengan; individual o colectivamente y en el plano nacional , local o internacional.

Este libro de formación especializada es producto de la ejecución del proyecto contenido en la Política de Lucha contra la Impunidad, Documento CONPES 3411, mediante el cual el Estado colombiano ofrece a operadores penales, militares y disciplinarios medios e instrumentos para generar las capacidades y habilidades necesarias en la investigación, juzgamiento y sanción de casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Este libro sirve como apoyo, y es coadyuvante para los módulos de capacitación ofrecidos a los operadores mencionados.

El presente documento contiene el primer Informe de seguimiento a la Política de lucha contra la impunidad, en el periodo comprendido entre marzo de 2006 y diciembre de 2008. Este informe fue elaborado por la Corporación Excelencia en la Justicia, con corte a 30 de junio de 2008, con base en la información recibida del Proyecto de Lucha Contra la Impunidad –PLCI– y en el trabajo de campo realizado con las entidades involucradas en la ejecución de la Política. Posteriormente el Proyecto de Lucha Contra la Impunidad, a partir de los datos recibidos de las entidades, realizó una actualización del informe con el propósito de presentar la información con corte a 31 de diciembre de 2008 y ampliar algunos aspectos del mismo.

El Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario –DIH-, pone a consideración de los funcionarios y funcionarias del Gobierno y del Estado colombiano de todos los niveles, de los investigadores e investigadoras de centros académicos, de las organizaciones internacionales, de las personas integrantes de organizaciones gubernamentales y de los movimientos sociales, así como de la opinión pública nacional e internacional, el Informe Anual de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, correspondiente al año 2010.

Durante el año 2009, se registraron en el país 15.817 homicidios, 2% (323) menos que los perpetrados en 2008, año en el cual acaecieron 16.140 muertes violentas, manteniendo la tendencia descendente que se viene presentando desde 2003, aunque no de manera tan pronunciada como en años anteriores.

Resulta del mayor interés hacer una interpretación sobre la dinámica reciente de la violencia en Córdoba, en particular la derivada de la confrontación armada y la desplegada por los actores armados irregulares contra la sociedad. En los últimos cuarenta años, el departamento se ha constituido en un escenario donde han intervenido guerrillas, narcotráfico, autodefensas y bandas criminales.

El presente estudio se propone analizar la información recopilada por la Policía Nacional sobre homicidios en el periodo comprendido entre 1995 y 2006, diferenciando nueve grupos de municipios, definidos a partir del tamaño de su población.

El presente informe estudia la naturaleza y la dinámica de las bandas criminales que se conformaron después de la esmovilización colectiva de las autodefensas, que culminó en agosto de 2006; el período del estudio cubre el lapso que se extiende entre 2005 y el primer semestre de 2008. El estudio hace énfasis en las relaciones existentes entre las bandas criminales y el narcotráfico, pero así mismo pretende identificar y caracterizar otras órbitas sobre las cuáles las bandas tienen incidencia, tales como la extracción de rentas de economías legales e ilegales, las presiones que ejercen sobre la sociedad, su impacto sobre los homicidios y los desplazamientos de población.

El presente documento es un esfuerzo por contribuir a la construcción de un enfoque conceptual y aportar al debate sobre los contextos en los cuales se desenvuelve el proceso de realización de los derechos económicos, sociales y culturales (Desc) en Colombia. Se busca además plantear una perspectiva metodológica para la creación de un sistema de información, a partir del análisis de variables e indicadores pertinentes y confiables que faciliten el seguimiento a las políticas públicas conducentes a la realización de los Desc en Colombia.

En medio de múltiples dificultades de orden presupuestal logístico y de cooperación institucional, entre otras, en cada municipio de Colombia, el personero Municipal debe atender la enorme responsabilidad de: vigilar la actuación de los funcionarios de la administración pública, promover la vigencia y protección de los derechos humanos, actuar en defensa del patrimonio y el interés público, promover la participación ciudadana y el control social sobre la gestión pública, reclamar de las autoridades la protección de la población civil y la atención de las víctimas de la confrontación armada, requerir la asistencia del Estado para aquellas personas y comunidades en graves situaciones de vulnerabilidad, abandono, discriminación o marginalidad social.

Pese a distancias iniciativas que han facilitado el entorno a la vida civil de combatientes al margen de la ley, no se ha encontrado en Colombia una solución política integral a la confrontación armada, como sucedió en países del África subsahariana y Centro américa, al salir del antagonismo "éste-oeste".

En Colombia entre 1962 y 2007, se registran aproximadamente 45.427 secuestros. El secuestro extorsivo, ya sea con fines económicos o políticos, ha sido el de mayor impacto en el país. Se ha podido establecer que de los anteriores, 27.235 son extorsivos y 18.129 son simples, El 52% del total de secuestros ocurrió entre 1996 y 2007, lo cual pone de presente la existencia de una elevada concentración en estos doce años.

En Colombia entre 1962 y 2007, se registran aproximadamente 45.427 secuestros.

La publicación del Observatorio de Derechos Humanos “Dinámica reciente de la violencia en la Costa Pacífica nariñense y caucana” estudia y analiza el impacto del narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales sobre las comunidades afrocolombianas de esta zona.

El presente documento tiene como objetivo analizar la situación de derechos humanos, en las poblaciones afrodescendientes que habitan los municipios focalizados por la Honorable Corte Constitucional, a través del Auto No. 005 de 2009, en el departamento de Antioquia: Apartadó, Caucasia, Turbo, Murindó, Vigía del Fuerte, Chigorodó y Mutatá.

El presente documento tiene el objetivo de analizar la situación de derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes que habitan Bogotá y Soacha, municipios priorizados por la Honorable Corte Constitucional – HCC - a través del Auto No. 005 de 2009.

El presente documento tiene como objetivo analizar la situación de derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes que habitan en los municipios focalizados por la Honorable Corte Constitucional – en adelante HCC - a través del Auto No. 005 de 2009 en el departamento de Bolívar: Cartagena, El Carmen de Bolívar, Maria La Baja y Turbaco.

El presente documento tiene como objeto analizar la situación humanitaria y la manera en que la dinámica de la confrontación armada está afectando a la población afrodescendiente, en los municipios focalizados en el departamento de Cauca por la Honorable Corte Constitucional – HCC - a través del Auto No. 005 de 2009: López de Micay, Timbiquí y Guapí.

El presente documento tiene como objetivo analizar la situación de derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes que habitan en el municipio de La Jagua de Ibiríco en el departamento del Cesar, el cual fue priorizado por la Honorable Corte Constitucional – HCC - a través del Auto No. 005 de 2009.

En el presente diagnóstico, se analizará la situación de derechos humanos de los municipios donde se encuentran asentadas las comunidades afrocolombianas en el departamento de Chocó. Este informe se hace en cumplimiento del Auto No. 005 de 2009 de la Honorable Corte Constitucional, quien priorizó algunas de las comunidades afrocolombianas en el departamento; sin embargo, por tratarse de la población mayoritaria de Chocó se hará referencia al departamento en su conjunto, además de referirse a los municipios priorizados por la Corte Constitucional, a saber el Alto Baudó, Bagadó, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darién, Condoto, El Litoral del San Juan, Istmina, Juradó, Nóvita, Quibdó, Riosucio, Sipí, Tadó y Unguía.

El presente documento tiene como objetivo analizar la situación de derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes que habitan en los municipios focalizados en el departamento de Córdoba por la Honorable Corte Constitucional – HCC - a través del Auto No. 005 de 2009: Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia y San José de Uré.

El presente documento tiene el objetivo de analizar la situación de derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes que habitan en los municipios focalizados en el departamento de Nariño por la Honorable Corte Constitucional – HCC - a través del Auto No. 005 de 2009: Barbacoas, El Charco, La Tola, Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Mosquera, Santa Bárbara de Iscuandé, Magüí Payán y Tumaco.

El presente documento tiene como objetivo, analizar la situación de derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes, que habitan en los municipios focalizados por la Honorable Corte Constitucional – en adelante HCC - a través del Auto No. 005 de 2009 en el departamento de Sucre: Colosó, Ovejas y San Onofre.

El presente documento tiene como objeto analizar la situación de derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes que habitan en los municipios focalizados por la Honorable Corte Constitucional – HCC - a través del Auto No. 005 de 2009 en el departamento de Valle del Cauca: Buenaventura y Cali.

La población Arhuaco (Ika o Ijka) está constituida por unas 14.901 personas, está localizada en la vertiente occidental y suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta y es uno de los cuatro grupos indígenas existentes allí (Kogui, Arhuaco, Kankuamo y Wiwa).

Los Awá-Cuaiquer o Awá se encuentran ubicados básicamente en Nariño, en la región del piedemonte pacífico; sus asentamientos cubren alrededor de 500.000 hectáreas desde el piedemonte de la cordillera, hasta los 1.800 metros de altura y se extienden a partir del río Telembí, en Nariño y del bajo Putumayo en Colombia hacia el noroccidente del Ecuador.

Se conservan rasgos y rituales donde se utilizan plantas psicotrópicas, fundamentales en la realización de cualquier ceremonia, aunque también es utilizada en actividades de tipo social. Dentro de los rituales más importantes y que marcan sin duda el ciclo vital de la etnia, están el "rezo del pescado", ceremonia de iniciación y de bautizo, que tiene una gran difusión entre los grupos de la región. Su sentido general es preparar a la joven para la vida adulta y el “Itomo”, que hace parte del ciclo de ceremonias del segundo enterramiento.

Los indígenas de la etnia Chimila - Ette Ennaka-, se localizan en el municipio de Sabanas de San Ángel, en el departamento de Magdalena. “Son también conocidos en la literatura como Simiza, Chimile y Shimizia. Su lengua pertenece a la familia lingüística Chibcha” 1 . Los Chimila se encuentran establecidos en un resguardo que tiene dos asentamientos de la etnia. “Esta propiedad está compuesta por dos porciones de tierra separadas por varios kilómetros llamadas, respectivamente, Issa Oristunna y Ette Butteriya”.

Los indígenas de la etnia Coconuco (o Kokonuco) están asentados en el municipio de Puracé y en una proporción menor en Sotará, en el Oriente del departamento del Cauca. Los Coconuco están ubicados en los resguardos de Coconuco y Puracé y el área de influencia del Cabildo de Paletará. La comunidad de Paletará es considerada como una comunidad civil, es decir, que tiene cabildo como autoridad indígena, pero su territorio no está cobijado por la figura jurídica del resguardo. En los tres resguardos, se alberga una población de 9.355 habitantes.

El pueblo indígena Coreguaje (o Guajes, Payagaxes, Guaques y Piojés) se encuentra ubicado al suroeste de la Amazonía, en los municipios de Florencia, Milán, Solita, La Montañita y Solano en Caquetá, y en Puerto Leguizamo (Putumayo), en la ribera de los ríos Orteguaza, Peneya, Caquetá, Mecaya y sus afluentes.

De acuerdo a los registros del Departamento Nacional de Estadística (Dane) en 2005, un total de 44.127 personas manifestaron ser indígenas en el departamento de Chocó, un territorio biodiverso, de selva húmeda, planicies costeras, valles aluviales, serranías y piedemonte cordillerano. Según esos registros, en el departamento tienen asiento cinco etnias indígenas: Embera, Embera Chamí, Embera Katío, Tule y Waunaan (o Wounaan), grupos que se encuentran divididos en 115 resguardos.

Pertenecientes al grupo de los chocoes, el pueblo indígena Embera está diseminado a lo largo del litoral Pacífico, con un patrón de asentamiento caracterizado por la dispersión, en ámbitos geográficos propios de la selva tropical húmeda. Es así como están distribuidos en los departamentos de Chocó, Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas, Cauca, Córdoba, Putumayo, Caquetá y Nariño.

Pertenecientes al grupo de los chocoes, el pueblo indígena Embera está diseminado a lo largo del litoral Pacífico, con un patrón de asentamiento caracterizado por la dispersión, en ámbitos geográficos propios de la selva tropical húmeda. Es así como están distribuidos en los departamentos de Chocó, Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas, Cauca, Córdoba, Putumayo, Caquetá y Nariño.

El pueblo Eperara Siapidara (también llamado Saija, Epená Saija, Epea Pedee o Cholo) se encuentra ubicado en seis municipios de la región pacífica de los departamentos de Nariño y Cauca. En Cauca, están asentados sobre la ribera del río Saija, en la región de López de Micay, y sobre el río Naya en límites con Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. En Nariño, hacen presencia en cuatro municipios, Olaya Herrera, El Charco, Tumaco y La Tola.

El pueblo indígena Guambiano (Hijos del agua, llamados también Misag o Misak) se encuentra ubicado en los departamentos de Huila y Cauca, en los municipios de La Plata y La Argentina en el primero y en Piendamó, Morales, Jámbalo, Caldono, Totoró, Toribío y Silvia en el segundo. De acuerdo con información proveniente de la Universidad del Cauca, el pueblo Guambiano está conformado por 20.782 indígenas, es decir, el 3% de la población indígena nacional y sus resguardos ocupan una extensión 18.521 hectáreas, en un territorio caracterizado por su alto nivel de precipitaciones.

Los indígenas Guayabero o Cunimia se encuentran ubicados en las riberas del río Guaviare, en los municipios de Puerto Concordia y Mapiripán en el departamento de Meta y en San José de Guaviare en Guaviare.

La población Inga ocupa el quinto lugar en cuanto a número de habitantes entre los grupos étnicos colombianos. Esta comunidad descendiente de los Incas, hace parte de la familia lingüística quechua, lo que permite que las comunidades asentadas en Perú, Bolivia y Ecuador puedan comunicarse entre sí.

Las comunidades de la etnia Kamsá o Kamentsá habitan en su mayoría el Valle del Sibundoy , en el departamento de Putumayo. Sin embargo, según la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y Justicia existen dos resguardos (Inga-Kamsá y Camentsá-Biya), pertenecientes a esta etnia en la capital, Mocoa, territorio que comparten con indígenas pertenecientes a la etnia Inga.

La población Kankuamo (o Kankuaka, Kankui o Kankuané) está constituida por unas 15.000 personas y hacen parte del complejo cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta. De los cinco grupos indígenas existentes en esta parte del territorio (Wayúu, Kogui, Arhuaco y Wiwa), es el único que no conserva su lengua ancestral, que era denominada como “Kakachukua o Kakatutukua o Atanques”. Por lo anterior, su comunicación se da en español, aunque utilizan algunos vocablos originales, en especial los relacionados con lugares, animales y plantas.

Las comunidades Kichwa habitan la gran cuenca amazónica, considerada por científicos ambientales y ecologistas como el pulmón del mundo. Su riqueza ambiental, expresada a través de la fauna, flora y minerales, aún no se ha podido establecer.

Los indígenas Kofán (o Cofan) se encuentran repartidos en comunidades asentadas en los municipios de Valle del Guamuéz, Orito y San Miguel en el departamento de Putumayo. En algunas de estas áreas, comparten sus territorios con indígenas de las etnias Nasa, Katio y Awá. Se ubican principalmente a lo largo de algunos ríos y afluentes del Putumayo en el sur del país, como los ríos San Miguel y Guamuéz. Las comunidades donde habitan la etnia Kofán son: El Diviso, Jardines de Sucumbios, San José, Rancherías, Santa Rosa del Guamuéz, Yarina, Afilador, Campo Alegre, Nueva Isla, Villanueva y Bocana de Luzón. Muchas de las comunidades se asientan cerca de los centros urbanos de la Hormiga, San Miguel, Orito, Puerto Asís y en el área de La Punta, frontera con Ecuador. En este último país, los Kofán están organizados en las comunidades de Dureno, Dubwno, Sinangue, Umbakhe, Sábalo, Kuyabeno y Chandiana.

Los indígenas de la etnia Kogui ( o Kaggaba) habitan la vertiente norte y sur de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la parte correspondiente a Guatapuri, en lo que se conoce como Mauramake del Resguardo Arhuaco de la Sierra y la mayoría de la población Kogui vive en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena.

Los territorios habitados por la comunidad indígena Kuiva se encuentran distribuidos principalmente en tres departamentos, a saber Arauca, Casanare y Vichada.

El territorio Nasa o Páez, con una extensión de unos 1.300 km2, se encuentra ubicada en la vertiente oriental de la cordillera central, en el departamento de Cauca, en un triángulo geográfico conformado por los contrafuertes orientales de la cordillera central y las cuencas hidrográficas de los ríos Páez y Yaguará en el oriente, y La Plata y Páez en el sur.

El pueblo indígena Nukak (o Nukak Makú) es uno de los pueblos indígenas que habita en el departamento del Guaviare, junto con otros nueve grupos étnicos pertenecientes a las familias lingüísticas tucano, guahibo, arawak y saliba-piapoco: éstos son los pueblos Desano, Tucano, Cubeo, Piratapuyo, Guanano, Sicuani, Guayabero, Curripaco y Piaroa. La población actual se estima en 400 personas.

Los Pijao o Pijaos eran una federación de pueblos indígenas, que avanzaron a través del Chocó hasta los límites de Cartago, para finalmente establecerse en la región del Tolima grande: Así, en tiempos precolombinos poblaron la cordillera central de los Andes entre los nevados del Huila, del Quindío y del Tolima, el valle alto del río Magdalena y el alto Valle del Cauca.

Los indígenas Sikuani eran conocidos como Guahibo, Guajibo o Hiwi; no obstante, a partir de 1985, después del Primer Encuentro para Unificación del Alfabeto se adoptó de manera oficial el nombre Sikuani, término que parece paradójico, cuando en la actualidad el Guahibo se encuentra muy aculturado por el acercamiento a los colonos y los procesos de evangelización.

Los indígenas Guayabero o Cunimia se encuentran ubicados en las riberas del río Guaviare, en los municipios de Puerto Concordia y Mapiripán en el departamento de Meta y en San José de Guaviare en Guaviare.

El pueblo indígena Totoroe se encuentra ubicado en la zona oriental del departamento de Cauca, específicamente en el municipio de Totoró, sobre la vertiente oriental de la cordillera Central.

Los indígenas de la etnia Tule (o Kuna), - o gente propia, como ellos mismos se denominan -, están localizados en los municipios de Turbo y Necoclí en Antioquia y Unguía en Chocó, ubicados en la región del Urabá. “Su población comprende 1.231 personas. Se encuentran principalmente en las localidades de Arquía en Chocó y la mayoría en Caimán Nuevo, departamento de Antioquia. La mayor parte de la población Tule vive en Panamá, en la comarca de San Blas y sobre el bajo río Bayano”.

Los Uitoto (Witoto, Huitoto, Murui, Muinane, Mi-ka, Mi-pode) habitan la zona sur de la Amazonía colombiana. En el departamento de Amazonas, están asentados en las orillas de los ríos Caquetá, Putumayo, Igará- Paraná y Cará-Paraná. En el departamento de Putumayo se encuentran ubicados sobre el curso medio del río Putumayo y en el departamento de Caquetá se encuentran sobre el río del mismo nombre un poco aislados del resto del grupo a causa de los raudales del Araracuara.

Los territorios donde está asentada la comunidad indígena U'wa se encuentran ubicados en la parte norte de la cordillera oriental, entre los departamentos de Arauca, Boyacá, Norte de Santander y Santander.

Los Wayúu se encuentran ubicados en la península de La Guajira al norte de Colombia y al noroeste de Venezuela en el estado de Zulia, sobre el mar Caribe. Ocupan un área de 1.080.336 hectáreas, las cuales están localizadas en el resguardo de la Alta y Media Guajira, ocho resguardos más ubicados en el sur y la Media Guajira y la reserva de Carraipía.

El pueblo indígena Wiwa (o Arzario) es uno de los cuatro pueblos que habita la Sierra Nevada de Santa Marta, junto con los indígenas Kankuamo, Kogui y Arhuaco. Según información de Etnias de Colombia, el pueblo Wiwa está constituida por 1.850 personas aproximadamente.

De acuerdo a los registros del Departamento Nacional de Estadística (Dane) en 2005, un total de 44.127 personas manifestaron ser indígenas en el departamento del Chocó, un territorio biodiverso, de selva húmeda, planicies costeras, valles aluviales, serranías y piedemonte cordillerano . Según esos registros, en el departamento tienen asiento cinco etnias indígenas: Embera, Embera Chamí, Embera Katío, Tule y Waunaan (o Wounaan), grupos que se encuentran divididos en 115 resguardos.

Los indígenas Yanacona se encuentran ubicados en la zona suroriental del departamento de Cauca en el Macizo colombiano, específicamente en los municipios de Puracé, Sotará, está ubicado el resguardo de Río Blanco; en La Vega, se encuentran los resguardos de Guachicono y Pancitará; en Almaguer, el resguardo Caquiona; en San Sebastián, el resguardo de San Sebastián; en Santa Rosa, el resguardo de Santa Marta y están asentadas comunidades indígenas en Frontino, El Moral y El Oso, en el municipio de La Sierra.

Los Yukpa (o Yuco) habitan la Serranía de Perijá, que se extiende más allá de las fronteras colombianas hasta el vecino país de Venezuela. El antiguo hábitat de esta comunidad étnica se extendía por el occidente, desde el río Cesar, en Colombia, hasta el lago de Maracaibo en Venezuela al oriente. “La ubicación actual de los Yukpa está comprendida entre los meridianos 73° y 72° 30’ longitud occidental y las latitudes 9° 40’ y 10° 35’ norte. Por el sur, llega hasta las localidades de Becerril (Colombia) y el río Tucuco (Venezuela); por el norte, se extiende hasta el río Chiriamo y la población de San José de Oriente Municipio de San Diego (Colombia) y las fuentes del río Apón (Venezuela).

Los territorios habitados por la comunidad indígena de los Zenú se encuentran repartidos principalmente en tres departamentos a saber, Antioquia, Córdoba y Sucre, en 21 municipios.

Durante 2008, se registraron en el país 16.140 homicidios, 6% (1.058) menos que los perpetrados en 2007, año en el cual acaecieron 17.198 muertes violentas, manteniendo la tendencia a la baja que se viene presentando desde 2003, aunque no de manera tan pronunciada como en años anteriores.

Pese a que los homicidios en Colombia han registrado en los últimos 16 años niveles elevados, al tiempo se han producido oscilaciones bruscas hacia arriba y hacia abajo y desplazamientos espaciales, en el país no se cuenta con un análisis que examine estas características a lo largo y ancho de la geografía nacional. Adicionalmente los diagnósticos sobre la violencia en el país han acuñado interpretaciones propias de contextos muy distintos al nuestro, y por lo tanto no han hecho que las políticas públicas en la materia muy a menudo no tenga los resultados esperados.

El Proyecto Cultura de derechos humanos hace un reconocimiento especial y rinde un homenaje póstumo a la memoria de Luis Fernando Maldonado, quien con su generosidad, sencillez y calidez nos acompañó y alentó, compartiendo su saber y experiencia como defensor de los derechos humanos, en el sueño de construir nuevos conocimientos y unas nuevas relaciones que nos llevan a reconocernos y valorarnos como seres humanos y sujetos a derechos.

La política de defensa y seguridad democrática (PSD), impulsada desde 2003 por la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, se implementó en un escenario en el cual los actores armados ilegales se habían fortalecido durante los años anteriores y constituían una real amenaza para la estabilidad y legitimidad del Estado colombiano . En este contexto, las Farc, a la ofensiva desde el año 1996, llega en 1998 a una mesa de negociación con el Gobierno nacional en una posición ventajosa, que finalmente no logra traducirse en negociaciones de paz . Por su parte, el ELN, muy afectado por la incursión de las autodefensas en sus zonas de influencia desde 1996, disminuido en términos militares por la ofensiva de la Fuerza Pública en su contra, inicia reuniones exploratorias con el Gobierno, que hasta la fecha no han culminado ni logrado su reinserción en la sociedad.

Cuando no había amanecido, entre los padres y madres ancestrales discutían cómo crear el mundo. Algunos no querían que amaneciera y otros si, por eso se pelearon y hubo guerra entre ellos. Antes de amanecer también la Guerra era pensamiento, desde el principio había guerreros en pensamiento… Cuando amaneció, la madre Punkuhsa Fue creando todo lo que existe, lo femenino y lo masculino, el hombre blanco, las diferentes lenguas, todos los animales y plantas este momento se llamaba: Yuimke, que es uno de los sitios sagrados de la en la creación del mundo Wiwa

En 2007, se cometieron en el país, 17.198 homicidios, 281 (2%) menos que los cometidos en 2006, año en el cual acaecieron 17.479, manteniendo la tendencia a la baja –aunque no tan marcada- que se viene presentando desde 2003.

Las elecciones de alcaldes y gobernadores, que se celebrarán en el país el 28 de octubre de 2007, hacen parte de un proceso histórico que ha ido definiendo a la democracia como la forma de gobierno, mediante la cual se regula la convivencia de los ciudadanos colombianos. Coherente con los devenires políticos, la democracia es dinámica y sus contínuas reformas están relacionadas con las circunstancias económicas, políticas y sociales de cada país.

La evolución de la humanidad ha sido determinada por el desarrolllo de una sociedad patriarcal, en la cual el papel de la mujer ha estado enmarcado en la sumisión y la sujeción femenina a las decisiones de padres, hermanos y esposos y en algunas sociedades, son las decisiones de la colectividad las que trazan el rumbo de sus vidas.

La región del Bajo Cauca antioqueño está conformada por los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza y su entorno está constituido por Amalfi, Anorí, Ituango, Segovia y Valdivia. La región comprende las tierras entre las planicies del bajo río Cauca y las estribaciones occidentales de la Serranía de San Lucas, entre los ríos Nechí y Cauca. La dinámica física se estructura por el curso del río Cauca, recorriendo la región a partir del municipio de Ituango en el sur, hasta la parte nororiental de la región, un poco más allá de la desembocadura del río Nechí, en límites con el departamento de Bolívar.

Durante el año 2006, se registraron 17.479 homicidios, 3% menos que los registrados en 2005, año en el cual se presentaron 18.111, manteniéndose la tendencia a la baja de los últimos años, auque se debe tener en cuenta que la disminución este año fue relativamente menos, puesto que entre 2002 y 2003 la reducción en el número de homicidios fue de 18%, entre 2003 y 2004 de 14% y entre 2004 y 2005 de 10%.

Garantizar que las comunidades más vulnerables por causa del conflicto armado permanezcan en sus territorios, conserven su autonomía y dignidad, continúen con sus procesos de desarrollo y organización, y hagan realmente efectivos derechos humanos fundamentales como el de la vida, la libertad y la integridad, no es una tarea fácil. Más aún cuando la presencia de diferentes actores armados ilegales ha hecho de muchas de estas comunidades, en particular de indígenas, afrocolombianas y campesinas, blanco de amenazas y víctimas directas de homicidios, desplazamientos y masacres, entre otras violaciones.

El Urabá Antioqueño, uno de los principales epicentros de la confrontación armada en Colombia de las tres últimas décadas, es la actualidad, luego de la desmovilización del bloque Bananero y de algunas estructuras del bloque Élmer Cárdenas de la Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, un escenario regional que enfrenta nuevas amenazas para los derechos humanos de sus habitantes, derivadas de la aparición de estructuras delincuenciales asociadas al negocio del narcotráfico y de la permanencia en la zona de frentes subversivos y de estructuras de las autodefensas no desmovilizadas.

La dinámica reciente de la confrontación armada en el departamento de Caldas no se compara con la realidad de otros escenarios de disputa y control de los actores armados ilegales en el país. Sus altos índices de violencia, caracterizados principalmente por altas tasas de homicidio en diferentes rincones del departamento, por un importante registro de población desplazada, y por la presencia de víctimas del secuestro y de las minas antipersonales, hace indispensable un análisis sobre los factores locales que inciden en la situación de derechos humanos de sus habitantes.

El Programa Presidencial de Derechos Humanos se complace en compartir esta Guía para la conformación de observatorios de DH y DIH. Ella condensa la experiencia del equipo de trabajo del Observatorio de Derechos Humanos, adscrito al Programa, sus reflexiones, y orientaciones teóricas y metodológicas de estudiosos de las ciencias sociales y su análisis.

De acuerdo con condiciones geográficas y económicas. Peque, Sabanalarga y Buriticá podrían agruparse con los municipios de otras subregiones de Antioquia ubicados en el cañón del río Cauca; Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Sopetrán, Olaya, Liborina podrían conformar el eje turístico de la subregión; y los demás, Ebéjico, Armenia, Heliconia, Anzá y Giraldo podrían conformar el bloque de municipios cercanos al Valle de Aburrá. Por otra parte, el occidente lejano está conformado por los municipios de Abriaquí, Dabeiba, Uramita, Giraldo, Peque, Cañasgordas, Frontino.

La zona de convergencia del accionar de los ya desmovilizados bloques Norte, Central Bolívar y Catatumbo, localizada en los departamentos de Santander, Norte de Santander y el Sur de Cesar, es motivo de análisis y balance de la publicación del Observatorio de Derechos Humanos y DIH, Dinámica reciente de la confrontación armada en la confluencia de los Santanderes y Sur de Cesar.

Se conoce con el nombre de “Noche y niebla”[2] o de los “prisioneros esfumados”, el método de la desaparición forzada utilizado de manera sistemática por el Tercer Reich alemán a partir de diciembre de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial. La estrategia del Fuehrer, Adolf Hitler, estaba dirigida a intimidar los familiares y amigos de quienes eran considerados enemigos del proyecto alemán. Los prisioneros eran desaparecidos en medio de la noche y sus allegados perdían toda posibilidad de conocer su lugar de reclusión, sus condiciones de supervivencia y en muchos casos su inevitable muerte. Esta práctica se extendió por Europa, donde miles de judíos, franceses, belgas y personas de diversas nacionalidades, credos y etnias, consideradas peligrosas, fueron las principales víctimas de esta atroz delito, definido después como crimen de lesa humanidad.

Un nuevo escenario de la confrontación armada en Catatumbo comienza en constituirse luego de la desmovilización de los bloques Norte y Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC: el desarrollo de paros armados, una escalada en la perpetración de acciones de sabotaje, el surgimiento de nuevos frentes de las FARC y el ELN en zonas donde su accionar era antes incipiente, los ataques contra la Fuerza Pública y la aparición de nuevas estructuras delincuenciales asociadas al narcotráfico y a los grupos de autodefensa desmovilizados.

Un análisis con perspectiva histórica que explica las causas de la violencia en el Norte del Valle, es la principal característica de Dinámica Reciente de la Violencia en el Norte del Valle, publicación del Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República que señala al narcotráfico como el motor más importante de los hechos violentos en esta zona del país.

Entre los instrumentos internacionales ratificados por el Estado colombiano, que buscan la protección de los derechos y del bienestar de los niños y niñas, se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Boletín 10: Por el derecho a la diferencia y a la igualdad de oportunidades: los derechos humanos de las personas con discapacidad.

La libertad de expresión, además de ser connatural de los seres humanos, es considerada como un derecho fundamental; es a partir de su libre ejercicio que hombres y mujeres tienen la posibilidad de manifestar de manera verbal, escrita o simbólica sus inquietudes y percepciones acerca de la realidad en la que viven; es a través de este derecho que las personas pueden materializar sus objeciones o diferencias frente a una u otra política, así como denunciar el incumplimiento o la violación de sus demás derechos.

Acciones específicas de las autoridades de Cali han repercutido en una ligera baja de los homicidios en el primer semestre de 2005. Ese panorama se diferencia del registro de los últimos años que muestra que Cali había tenido pocos avances en la disminución de los indicadores de violencia desde 2004, especialmente en lo que a homicidios se refiere. Esta situación estaría relacionada con generadores de violencia que operan en la ciudad sin jerarquías establecidas, que recorren varias capas sociales y cuyos miembros pueden pasar de un bando a otro ofreciéndose al mejor postor.

El 9 de junio de 2005, en su informe sobre el avance de los Objetivos de Desarrollo consignados en la Declaración del Milenio-dentro de los que se encuentra reducir los niveles de pobreza y hambre, lograr la educación primaria universal, alcanzar la igualdad de género, y la disminución de la mortalidad infantil, entre otros-el Secretario General de las Naciones Unidas, Koffi Annan, llamóla atención sobre la situación de muchos de los países más pobres que “no conseguirán muchos o quizáninguno de los Objetivos del Milenio, fijados en el año 2000 para su consecución en el 2015”.

El arribo de las autodefensas a principios de la década de 1980 cambió el panorama de los derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta. El estudio del Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia publicado en marzo de 2006, Dinámica reciente de la confrontación armada en la Sierra Nevada de Santa Marta, así lo evidencia.

Los grupos al margen de la ley - principalmente las FARC y las autodefensas- han puesto sus intereses en Sucre debido a que la geografía del departamento les resulta conveniente para adelantar acciones armadas y traficar con ilícitos. A pesar de la presencia de estos grupos, la Fuerza Pública ha mitigado sus acciones, lo que se demuestra en el descenso de varios indicadores de derechos humanos como los homicidios, el secuestro y el desplazamiento.

Los beneficios de la riqueza mineral y agraria de Casanare se han visto opacados por el accionar de los grupos al margen de la ley y la corrupción. El Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República dedica este estudio publicado en febrero de 2006 a este departamento del oriente colombiano, analizando, entre otros temas, la convergencia entre la presencia de grupos al margen de la ley y las ganancias derivadas de los recursos naturales.

El antecedente más preciso acerca de la importancia de brindar atención a los heridos y los muertos víctimas de las confrontaciones ha sido ubicado históricamente en la Batalla de Solferino que tuvo lugar el 24 de junio de 1859 en esa ciudad italiana en el marco de la búsqueda de unificación de Italia.

Los beneficios de la riqueza mineral y agraria de Casanare se han visto opacados por el accionar de los grupos al margen de la ley y la corrupción. El Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República dedica este estudio publicado en febrero de 2006 a este departamento del oriente colombiano, analizando, entre otros temas, la convergencia entre la presencia de grupos al margen de la ley y las ganancias derivadas de los recursos naturales.

El interés por llevar a cabo una aproximación sobre la violencia reciente en Barranquilla surgió a principios de 2004 por el aumento de los homicidios, en particular de sindicalistas, docentes, estudiantes y tenderos, así como por la incidencia de la incursión de los grupos de autodefensa en el incremento de este fenómeno. Lo anterior motivó la realización de un investigación detallada de los factores que generan e influyen en la actual situación de violencia por la que atraviesa la ciudad.

Una mayor protección de la infraestructura pública del país, la expansión de la presencia de la Fuerza Pública en el territorio nacional y el refuerzo de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y de Policía, hacen parte de las medidas que el Gobierno nacional adelanta en el marco de la ejecución de su Política de Seguridad Democrática, que han permitido una disminución significativa de los ataques contra la población civil y a la infraestructura durante los últimos años.

Los esfuerzos que el Estado viene desarrollando para lograr el cabal ejercicio de la autoridad y la plena vigencia de la institucionalidad democrática es el principal determinante de la disminución del accionar de los grupos irregulares y su incidencia en la población civil. Así lo asegura el análisis que el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República hace sobre la situación de derechos humanos de este departamento, la cual resalta el importante descenso de la mayoría de los indicadores de violencia en los años 2003 y 2004, aún cuando la población de regiones como Montes de María y Sur de Bolívar sigan siendo vulnerables al accionar de los grupos irregulares.

La invención de la máquina de vapor y el cambio de los métodos artesanales por unos más industrializados en la explotación de carbón y la producción de textiles –entre otros-, así como la reforma en la tenencia de tierras impulsada por el gobierno inglés (los tradicionales terrenos comunitarios se titularon a nombre de un solo dueño) impulsaron al campesinado británico a migrar a las ciudades industrializadas con la expectativa de buscar ingresos que les permitieran su subsistencia.

Reiniciar sus vidas, recuperar su núcleo familiar y abandonar definitivamente la clandestinidad es la alternativa por la que han optado más de 5.000 colombianos entre agosto de 2002 y octubre de 2004.

El Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, nació en 1999 por la necesidad de hacer seguimiento, desde el Estado, a la compleja situación de derechos humanos que se vive en el país.

La libertad de expresión, es en la actualidad un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática y uno de los derechos fundamentales e inalienables de toda persona. De allí que garantizar su ejercicio se ha convertido en uno de los principales retos de los gobiernos y en una preocupación permanente de las organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales.

La publicación Panorama Actual del Tolima, es el segundo estudio en tres años que el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República dedica a este departamento. Este análisis comprende el lapso 2002 – 2004 y deduce que la situación del departamento se origina por su calidad de corredor estratégico y en que concentra una gran riqueza natural que posibilita una economía de guerra basada en la extorsión y el cultivo de ilícitos.

Los estragos ocasionados por la Primera Guerra Mundial (1914-1918), hicieron evidente la necesidad de establecer un código penal internacional que, al igual que una corte penal internacional, permitiera castigar los crímenes cometidos en desarrollo de esta confrontación.

Los municipios del departamento de Cundinamarca, por su vecindad con Bogotá, tienen una importancia fundamental y así lo demuestra la más reciente publicación del Observatorio de Derechos Humanos y DIH, Dinámica reciente de la confrontación armada en el departamento de Cundinamarca. El estudio, que se concentra en los años 2002 y 2003, demuestra que las FARC escogieron a las poblaciones del departamento como el centro del despliegue estratégico de su fuerza armada y por consiguiente, establecieron frentes en sus municipios con el objetivo final de cercar a la capital de la República.

Las iniciativas y acciones emprendidas con el fin de proteger los derechos de todos los ciudadanos, pero en particular de aquellos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, han sido parte de las tareas cotidianas del Gobierno nacional durante los últimos 24 meses. Al cumplirse dos años del mandato del Presidente Uribe, las cifras, aunque evidencian en su mayoría signos de mejoría con respecto a los dos primeros años del gobierno anterior, revelan una realidad preocupante que invita a continuar y fortalecer las acciones adelantadas en materia de protección de derechos y de prevenciónde futuras violaciones.

Las iniciativas y acciones emprendidas con el fin de proteger los derechos de todos los ciudadanos, pero en particular de aquellos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, han sido parte de las tareas cotidianas del Gobierno nacional durante los últimos 24 meses. Al cumplirse dos años del mandato del Presidente Uribe, las cifras, aunque evidencian en su mayoría signos de mejoría con respecto a los dos primeros años del gobierno anterior, revelan una realidad preocupante que invita a continuar y fortalecer las acciones adelantadas en materia de protección de derechos y de prevenciónde futuras violaciones.

Norma mediante la cual Colombia da cumplimiento a la Convención de Ottawa por la que se prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal, la Ley 759 de 2002 recoge no sólo las disposiciones legales que buscan erradicar el uso de esta arma de guerra en el país, sino también la voluntad del Estado colombiano de generar las acciones necesarias para mitigar las consecuencias de una problemática que cobra un número importante de víctimas dentro de la población civil, en particular, en las zonas rurales más apartadas.

La ejecución y consolidación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática ha permitido al Gobierno colombiano obtener importantes logros en materia de protección de los derechos humanos de sus conciudadanos durante el año 2004. Los homicidios se redujeron en 14%, los casos de masacres en 52%, los secuestros en 35% y el desplazamiento forzado en 29%, con respecto al 2003, para no citar sino algunas violaciones contra esos derechos y libertades cometidas por las agrupaciones al margen de la ley.

La creación del Sistema de las Naciones Unidas en 1945 identifica como uno de sus principios básicos la creación de un sistema de cooperación internacional entre los Estados con el propósito de garantizar y mantener la paz y evitar al máximo la utilización de la guerra entre Estados, además de establecer mecanismos que a través de sistemas de alertas permitan advertir algunas circunstancias para poder atender que no se presentaran en el ámbito internacional conflictos entre estados[1]”.

En el departamento del Cauca si bien los conflictos han estado fuertemente ligados a la defensa de la tierra, hoy también se expresan en la lucha por la autonomía de las culturas indígenas; el reconocimiento de derechos por las negritudes; la profunda heterogeneidad económica; la deficiencia de servicios públicos; la irrupción del narcotráfico; y el escalamiento del conflicto armado. Entre estos conflictos se destaca el que se genera por la presencia de los actores armados que por tres décadas han estado en contradicción con las comunidades indígenas que se rigen por un orden autónomo y habiéndose constituido en un fuerte movimiento social han logrado a partir de los años noventa una muy importante representación política a nivel local y nacional, lo cual introduce un factor de mayor complejidad frente a otras regiones del país donde éste no es el común denominador.

En 1991 se reconoció en el país la necesidad de incorporar de manera más amplia el tema de los derechos humanos en la naciente Constitución y, como consecuencia, en ella se plasman las acciones que deberían desarrollar las instituciones encargadas de su ejecución. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados por más de una década por los distintos gobiernos y por la sociedad civil, no ha sido posible lograr una coordinación en las acciones dirigidas a impulsar en el nivel territorial de la política en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

El Oriente Antioqueño está conformado por el mayor número de municipios de las subregiones del departamento, 23 en total: Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, Concepción, El Carmen de Viboral, El Santuario, Granada, Guarne, Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, Peñol, Retiro, Rionegro, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente y Sonsón. Esta región posee una enorme riqueza hídrica y biofísica por la abundancia de aguas de los ríos Nare, Rionegro, El Buey, Calderas, Samaná; una zona de bosque húmedo tropical; el sistema del altiplano; un cordón montañoso que abarca los municipios de La Unión, El Carmen, La Ceja con prolongación al Páramo de Sonsón y una zona de vertiente apta para la producción de café y caña.

Sector especialmente vulnerable por su protagonismo en la vida social de las comunidades a lo largo y ancho del país, los docentes, al igual que los sindicalistas, las autoridades locales y los grupos indígenas, se han convertido durante los últimos añosen uno de los grupos sociales más afectados en materia de violaciones a los derechos humanos; muestra de ello es el incremento del 75% de los homicidios contra este sector en los 5 primeros meses del2004 y el creciente número de docentes amenazados en diferentes zonas del territorio nacional.

Víctimas del desplazamiento forzado, del uso de minas antipersonal y municiones abandonadas sin explotar y del reclutamiento forzado, los niños colombianos siguen siendo una de las poblaciones más afectadas por la violencia y la confrontación armada que vive el país. Aunque las violaciones contra derechos fundamentales como el homicidio y el secuestro disminuyeron en los primeros meses del 2004, sigue siendo preocupante la alta participación de esta población en las personas desplazadas por la violencia, en las víctimas por minas antipersonal y en las filasde los grupos armados.

La Política de Defensa y Seguridad Democrática busca rescatar el imperio de la ley y extender una presencia activa y constante de las instituciones en todo el territorio nacional para brindar seguridad y justicia, fortalecer la institucionalidad local, propiciar oportunidades para un desarrollo con dignidad y un disfrute pleno de los derechos, y promover la transformación y recuperación tanto económica como social de las regiones aisladas e inseguras.una creciente participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, en su ejecución y en su vigilancia, y en la decisión de poder avanzar en lo que se concibe como la construcción de una cohesión social que conforman una Nación.

La primera constatación que se produce al contrastar los datos de violencia de los municipios que conformaron la Zona de Distensión (ZD) durante el proceso de paz adelantado por la administración Pastrana, con los promedios anteriores e históricos, es la sentida reducción de las acciones de guerra, enfrentamientos y combates. En la misma medida y como consecuencia de lo anterior, se observa la reducción de la violencia relacionada con el conflicto, como los homicidios y secuestros cometidos en la zona. A pesar de lo anterior, la situación tampoco fue de normalidad y, por el contrario, en este intervalo el conflicto en Meta y Caquetá experimentó importantes cambios que se analizarán en el presente estudio.

Cuando en los años setenta la bonanza marimbera se manifestó, evidenció la importancia estratégica derivada de la posición costera y fronteriza del Chocó1. El narcotráfico trajo efectos perversos a nivel social, expresados en la transformación de valores, las venganzas y la violencia. La concentración de la tierra creció de la mano del narcotráfico, estimulada por la crisis de la economía campesina.

La primera constatación que se produce al contrastar los datos de violencia de los municipios que conformaron la Zona de Distensión (ZD) durante el proceso de paz adelantado por la administración Pastrana, con los promedios anteriores e históricos, es la sentida reducción de las acciones de guerra, enfrentamientos y combates. En la misma medida y como consecuencia de lo anterior, se observa la reducción de la violencia relacionada con el conflicto, como los homicidios y secuestros cometidos en la zona. A pesar de lo anterior, la situación tampoco fue de normalidad y, por el contrario, en este intervalo el conflicto en Meta y Caquetá experimentó importantes cambios que se analizarán en el presente estudio.

Colombia ha logrado grandes e importantes avances en la defensa de los derechos humanos y del DIH gracias a la política de Seguridad Democrática. Como consecuencia directa de la misma en el 2003 se redujeron en 22% los homicidios, respecto del año anterior, lo cual permitió salvar la vida de 85.800 colombianos.

Dentro de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación (ZRC) decretadas el 21 de septiembre de 2002 por el Gobierno Nacional al amparo de la Conmoción Interior, que estuvo vigente hasta el 30 de abril del presente año, se declararon como parte de los mismos, 26 municipios ubicados en los departamentos de Bolívar y Sucre.

El departamento del Huila fue junto con el de Tolima uno de los principales escenarios de “La Violencia” de los años cincuenta. En el Huila operaron guerrillas liberales y comunistas; así mismo, diversas bandas de origen conservador se disputaron muchos de estos espacios con liberales y comunistas. La agudización de los enfrentamientos se produjo en el momento en que las organizaciones de izquierda con presencia en el Tolima, decidieron no acogerse a la amnistía ofrecida por el gobierno militar de Rojas Pinilla y se desplazaron al Huila en busca de nuevos territorios. También se localizaron en el departamento algunos de los núcleos de autodefensa campesina de orientación comunista que fueron la base para la creación de las Farc.

Una sucesión de violencias de todo tipo marca la evolución de la situación de los derechos humanos en el departamento del Valle del Cauca, de forma especial la vida y la integridad. A la violencia partidista de mediados del siglo XX, caracterizada por actos de bandolerismo, sucedió la afectación por la aparición de grupos guerrilleros de vieja data, Farc y Eln; en los setenta fue centro de actividad del M-19 y más adelante contó con la presencia del Quintín Lame.

Este departamento, estratégico por su posición geográfica, sus recursos naturales y su cercanía con Ecuador, se ha convertido en escenario de la violencia en el país, afectando a las negritudes, los grupos indígenas, los campesinos y a la población urbana. Esta publicación de noviembre de 2002 recoge una visión global sobre la situación de derechos humanos de Nariño.

Los jerarcas, sacerdotes, miembros de comunidades religiosas y misioneros están siendo víctimas de asesinatos, secuestros y amenazas, y las iglesias atacadas por parte de los actores armados irregulares en medio de la degradación del conflicto colombiano. Esta situación se suma a la condición de otros sectores de colombianos: autoridades gubernamentales, líderes comunitarios, sindicalistas, periodistas, defensores de los derechos humanos, grupos indígenas y comunidades afrocolombianas. Las violaciones contra la vida y libertad de los religiosos como personas también atentan contra otros derechos como el de expresión, pensamiento y no solo de los religiosos como persona, sino de la sociedad colombiana en general.

La degradación del conflicto armado interno colombiano ha provocado hechos imposibles de defender ética y moralmente. Muestra de ello son los crecientes ataques a la misión médica: los ataques a centros hospitalarios; las amenazas a personal del servicio sanitario; el bloqueo de las acciones de prevención, tales como las campañas de vacunación; los atentados contra personal médico y paramédico; la prohibición de circulación a ambulancias y las acciones para rematar heridos o enfermos en centros de atención o medios de transporte del sector salud.

Amplias zonas selváticas, bosques andinos, páramos y extensos nudos montañosos extendidos a lo largo de la geografía nacional, en donde nacen importantes ríos y viven especies endémicas o amplias poblaciones de animales en peligro de extinción, constituyen los parques nacionales. Sin embargo, en medio de un conflicto, las altas montañas se convierten en zona de retaguardia, de refugio o de descanso. Las selvas en escudo o escuela de formación militar; los bosques andinos, en zona ideal para el cultivo de amapola y sus fronteras, pobladas por campesinos o indígenas, en escenario de disputa y confrontación.

El departamento del Meta tiene importancia para las Farc por el dispositivo militar que ha logrado estructurar en los últimos 36 años conformado por no menos de ocho frentes militares y porque ha sido en buena medida sede del Estado Mayor del Bloque Oriental, EMBO, y del Secretariado Nacional. Adicionalmente, el departamento estudiado, considerado una zona histórica para la organización, ha sido sede de algunas de las principales conferencias, plenos y encuentros a nivel nacional en los que se ha definido el rumbo de la guerrilla. Así mismo, ha servido también de espacio en el que se han sostenido contactos con representantes de varios gobiernos con el propósito de llevar a cabo un proceso de paz.

Para entender la problemática de la situación que actualmente padece la población de Arauca y Casanare, es necesario conocer los procesos históricos de la violencia, del esparcimiento del conflicto y del dominio de los actores al mando en la región.

La abolición de la esclavitud en Colombia, que se realizó hace ciento cincuenta años con la expedición de la ley 21 de 1856, marca un hito en la lucha contra la desigualdad, un logro en materia de los derechos humanos que antecede a muchos otros países. Sin embargo fue tardío el proceso de realización de los derechos de esta población cuya situación se ha caracterizado por su gran marginamiento y profunda pobreza.

En el marco del conflicto armado irregular y degradado, los actores armados ilegales (guerrillas y autodefensas ilegales), han desconocido y violado los principios básicos y las normas que regulan los conflictos armados, particularmente aquellos preceptos del Derecho Internacional Humanitario; en el caso nuestro las normas que regulan los conflictos armados de carácter interno. Los actores armados ilegales del conflicto colombiano no hacen la diferencia entre combatientes y no combatientes, cuando están en hostilidades o fuera de ellas, infringiendo el Principio de Distinción.

In the framework of an irregular and degraded armed conflict, the illegal armed actors (guerrillas and illegal self-defense groups), have ignored and violated the basic principles and norms regulating armed conflicts, particularly those contained in International Humanitarian Law(IHL); in this case, the norms that regulate internal armed conflicts. The illegal armed actors of the Colombian conflict do not do differentiate among combatants and non-combatants within and outside hostilities, infringing the Principle of Distinction.

Alrededor del 7% de la actividad armada en el país se produce en este departamento. El principal factor generador de violencia es el control de zonas estratégicas disputadas entre grupos guerrilleros y de autodefensas. Buscan apropiarse de salidas al norte y al centro del país, aprovechar la frontera venezolana y controlar la explotación petrolera.

En la actualidad la región del Paramillo1 no es simplemente una zona de disputa en la que las autodefensas y las guerrillas han sostenido intensas confrontaciones directas (2001) y han atentado contra la población civil (1996 – 2001), sino que es el epicentro del conflicto armado que se desarrolla en una región mucho más amplia que comprende el Urabá, el departamento de Córdoba y en general el norte de Antioquia, para no mencionar sino su entorno próximo.

El actual escalamiento del conflicto armado en medio del desarrollo del proceso electoral, los atentados a la vida y la libertad de los candidatos y electores y a los derechos políticos de los colombianos, crean un clima de violación de los derechos humanos y se pone en peligro la estabilidad democrática de Colombia. Los actores armados ilegales tratan de afectar a los protagonistas y los resultados del proceso electoral impidiendo el adecuado desarrollo de las elecciones, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto.

Hay en la actualidad al menos tres procesos que confluyen en el Sumapaz en los que están involucrados actores armados ilegales y que han incidido negativamente en el panorama de derechos humanos: los secuestros de las guerrillas, los operativos militares contra las FARC y la irrupción reciente de los grupos de autodefensa. Los dos primeros tienen tradición en la región, caracterizaron la década de los noventa, se intensificaron notablemente en el año 2000 y si bien bajaron en el 2001, siguen siendo críticos. Por el contrario, un aspecto novedoso en el pasado reciente fue la formación y desarrollo de las agrupaciones de autodefensas que se han manifestado con especial intensidad desde el año 2000 afectando sectores de la clase política local y de la población civil.

El departamento del Tolima1 fue uno de los principales escenarios de “La Violencia” de los años cincuenta signada por el fenómeno del bandolerismo. Así mismo se localizaron hacia el sur del departamento los núcleos de autodefensa campesina de orientación comunista que fueron la base para la creación de las FARC en 19642. Igualmente, existieron grupos de autodefensa integrados por comunidades claramente enfrentadas a las guerrillas comunistas, que poco tienen que ver con las que operan hoy día.

En desarrollo de la política de protección y defensa de los derechos humanos, el Gobierno Nacional realiza amplios esfuerzos institucionales encaminados a velar por los derechos humanos y la dignidad de los reclusos, mejorando sus condiciones de vida. Con estos propósitos, trabaja en el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario mediante la ampliación del número de cupos en los penales y la superación de los problemas de administración de los centros de reclusión. En más alto nivel del Estado, lo anterior es materia para el Consejo Nacional de Política Criminal.

Pocas armas convencionales entre las empleadas en los conflictos modernos son tan aterradoras como las minas destinadas al personal militar, por lo que se denominan minas antipersonal. Utilizadas desde la Segunda Guerra Mundial por combatientes regulares e irregulares como dispositivo estratégico, para obstaculizar o impedir el paso del enemigo, atemorizarlo o desorganizarlo, se convierten en armas de efecto indiscriminado pues matan o mutilan a hombres, mujeres, niños y animales no sólo durante el conflicto, sino en el curso muchas décadas después de terminadas las hostilidades.

Few conventional weapons among those used in modern conflicts are as terrifying as anti-personnel mines or mines intended against military personnel. Employed by both regular and irregular combatants since the Second World War as a strategic device to hinder or prevent the advance of the enemy, intimidating or disorganizing it, landmines become weapons of indiscriminate effects since they kill or maim men, women, children or animals, not just during the conflict but for many decades after the end of the hostilities.

La insurgencia colombiana a partir de los años ochenta comienza a variar su condición de guerrilla rural con influencia exclusiva en zonas periféricas, logrando con el paso del tiempo extender su presencia a los centros urbanos más importantes del país, mientras que su mayor actividad armada permanece concentrada en zonas petroleras, mineras, de cultivos ilícitos y fronterizas. La evolución de la presencia guerrillera muestra con claridad cómo avanza de manera cada vez más evidente hacia las zonas que le proporcionan ventajas estratégicas en la confrontación.

Entre la segunda mitad de 2000 y el primer trimestre de 2001, las autodefensas llevaron a cabo una ofensiva en Barrancabermeja que les permitió reducir notablemente la influencia de las guerrillas, sobre todo del ELN, y controlar el casco urbano del puerto petrolero, ocupando buena parte de los espacios que antes eran del dominio de la subversión.

El proceso de la ratificación del Tratado de Roma de 1998, que contiene el Estatuto de la Corte Penal Internacional, reafirma la tradición de adhesión e incorporación a la legislación interna colombiana de buena parte de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario. El trámite de incorporación del Tratado de Roma constituye un desarrollo de la Política Gubernamental de Promoción, Garantía y Defensa de los Derechos Humanos y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

The impact of the hostilities on children is one of the most disturbing facets of Colombia’s internal armed conflict. Whether as a result of their direct participation as recruits of the illegal armed groups, or simply by being there at the wrong moment, playing in the wrong field, walking the wrong footpath or being members of threatened or displaced families, children account for a vast proportion of the victims to the conflict. The figures speak for themselves. As Rafael Santos Calderón points out, at least 6,000 boys and girls have joined the ranks of insurgent or self-defense groups as combatants. They are used as spies, message-bearers or human shields, or are sent on risky missions. Girls are subjected to sexual abuse and discrimination.

El panorama que ofrece el Viejo Caldas en el momento actual hace necesario reconocer al menos tres dimensiones de la crisis regional: la crisis social de larga duración ocasionada por la crisis de la economía cafetera; la tragedia económica y humana causada por el impacto del terremoto que tuvo epicentro en esta región; y la emergencia del conflicto armado en medio de la crisis de la seguridad ciudadana. Esta última, caracterizada por elevados índices de homicidio, se ve agravada por la proliferación de la extorsión y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que, como en el caso del secuestro, en la actualidad son cometidas mayoritariamente por la guerrilla con presencia en la región. Este último aspecto de la crisis que afronta el Viejo Caldas es el tema central del presente estudio.

El secuestro y la toma de rehenes, con la cual está aquél asociado dentro del marco del conflicto armado, han alcanzado en Colombia niveles alarmantes. Ambas prácticas, continuas y endémicas, constituyen graves atentados contra la libertad personal y han sido uno de los mayores motivos de preocupación y temor en el país en los últimos diez años. La lucha contra el secuestro y la toma de rehenes hace parte fundamental de la acción del Estado colombiano frente a la actual situación, y particularmente de la política de derechos humanos y DIH del actual gobierno.

La promoción y protección de los derechos humanos de los indígenas, población especialmente vulnerable, hace parte de la Política de Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario 1998-2002 del actual gobierno. En ella se ha definido como prioridad proteger la vida, integridad personal y libertad de aquellas personas que son víctimas de amenazas y hostigamientos, masacres y muertes dentro del marco del conflicto armado.

Las guerrillas de las FARC y el ELN desplazaron la presencia de la Policía Nacional en la Sierra Nevada de Santa Marta. Posteriormente, la aparición de grupos de autodefensa y narcotraficantes agravó la situación de violencia. Las autodefensas amenazan a la población civil que según ellos coopera con la guerrilla, y los narcotraficantes usan la tierra, óptima para el cultivo de coca.

En los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare la guerrilla y los grupos de autodefensa han recurrido a la violencia sembrando el terror, buscando con ello ampliar su influencia e imponer sus reglas en zonas que tienen un elevado valor estratégico para sus intereses. Esto es especialmente claro a partir de los años ochenta, cuando se registra una alta intensidad de la violencia en toda esta región que se evidencia en las elevadas tasas de homicidios, muy superiores a las de otros departamentos del país.

El Gobierno de Colombia... condena las amenazas, ataques y atentados contra los miembros de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, y de cualquier otra organización social, sindical, política, cívica, académica o comunitaria, así como la práctica del secuestro de civiles en general y de miembros de estas organizaciones en particular.

Los cultivos de coca en el sur de Bolívar y las explotaciones de oro en la serranía de San Lucas son sin duda factores que explican buena parte de la dinámica de la violencia de los últimos tres años y en particular el avance de las autodefensas en esta zona del país.

Quiero de manera muy especial felicitar al pueblo de Mogotes, ganador del premio. Este es un ejemplo patente de cómo los colombianos podemos, cuando queremos, tomar el destino en nuestras propias manos, sin permitir que los violentos o los corruptos decidan por nosotros. ¡Cuánto tenemos que aprender de estos santandereanos corajudos que con su propia Asamblea Municipal Constituyente han construido un oasis de paz y de progreso comunitario. Lo mismo podríamos decir de las comunidades de paz de Urabá y del proyecto NASA o plan de vida de las comunidades indigenas del norte del Cauca, de Toribío, y de todos y cada uno de los postulantes, que con su ejemplo de vida nos demuestran que la paz se contruye día a día en nuestro propio entorno y dentro de las posibilidades de cada quien.

El Estado tiene unas obligaciones ineludibles que cumplir como garante de los derechos fundamentales y como gestor y promotor del bienestar colectivo. Pero la sociedad civil tiene un nuevo espacio que no es el espacio de lo privado, sino también el espacio de lo público, pero no de lo público coercitivo sino de lo público ético.

Los medios de comunicación tienen responsabilidades cruciales en la movilización pacífica de las ideas. Además de ser profesionales que informan la verdad, los periodistas aportan los elementos con los cuales el público hace la interpretación de los sucesos de la guerra y de la paz. Con base en ellos decidirá su actitud frente a hechos que a veces hieren su sensibilidad, en otras los llenan de desasosiego, o los contagian de optimismo. Apelo a la conciencia de los periodistas para que no olviden que al escribir sobre las desventuras de la violencia o las ilusiones de la paz, le están hablando a los colombianos de lo que más les produce dolor pero, al mismo tiempo, de lo que más les despierta esperanzas.

Este documento presenta una síntesis de estudios empíricos sobre las infracciones del derecho internacional humanitario y de las violaciones de los derechos humanos cometidas por los grupos de autodefensa en el curso del conflicto armado, y los esfuerzos del Estado colombiano para enfrentarlos. Su propósito es el de aportar algunos elementos que enriquezcan la percepción del gobierno colombiano en relación con estos protagonistas de graves infracciones del derecho internacional humanitario.

This document presents a summary of empirical studies of breaches of international humanitarian law and human rights violations committed by the self-defense groups in the context of the armed conflict, and the efforts made by the Colombian State to fight them. Its aim is to offer some elements that will enrich the Colombian government's perception of these key parties to serious infringements of international humanitarian law.

"El desplazamiento forzado de personas en Colombia ha tenido y tiene lugar de manera casi imperceptible para el resto de la población. Por eso ha sido calificado como un proceso silencioso y clandestino. La atención de los cientos de miles de nacionales desplazados exige, sin embargo, que la sociedad reconozca la tragedia humanitaria que afronta el país. Esa es la única posibilidad de comprometer a la totalidad de los colombianos en la lucha contra los efectos devastadores del desplazamiento forzado sobre las personas". Sentencia 1150 de la Corte Constitucional, 30 de agosto de 2000.

El conflicto armado interno en Colombia, por su creciente generalización, fragmentación y degradación, constituye la mayor fuente de violación de los derechos fundamentales. Imposibilita la plena realización de los Derechos Humanos y, a la vez, reduce la capacidad del Estado para garantizarlos. Los actores armados al margen de la ley, específicamente los grupos guerrilleros y de autodefensa, han deshumanizado el conflicto, involucrando cada vez más a la población civil.

El panorama actual de la violencia en el Putumayo es bastante complicado. Su situación fronteriza con el Ecuador y el Perú y el hecho que albergue más de cincuenta mil hectáreas cultivadas de coca, aproximadamente la mitad de las existentes en todo el país, lo convierten en lugar estratégico para las autodefensas y las Farc. Es bien sabido que en un contexto de confrontación entre dos fuerzas al margen de la ley por el control de un territorio los índices de violencia y violaciones a los derechos humanos suben notablemente. Este breve informe se propone por ello analizar lo ocurrido en los últimos años y en particular establecer relaciones entre los cultivos de coca, los actores armados al margen de la ley, la violencia y los desplazamientos.

Colombia se despierta cada día con una noticia de sangre producida por los violentos, que parecen no entender más mensaje que el de las armas. Cuando presenciamos sus continuos ataques a los pueblos de Colombia, a la población civil y a los policías, no podemos menos que asombrarnos de que quienes los realizan pretendan que están luchando por el pueblo.

“Al culminar el trámite legislativo del proyecto de ley de Tipificación de la Desaparición Forzada de Personas, el Gobierno destaca ante la opinión pública nacional e internacional el profundo significado que esta ley conlleva, al propiciar las condiciones normativas necesarias para la efectiva defensa y protección de los Derechos Humanos, permitir el adelantamiento de la lucha contra la impunidad y contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho.

Si vamos a hablar de un cese al fuego y hostilidades, ello debe incluir el fin del secuestro y de la extorsión como fuentes de financiación de actividades claramente al margen de la ley y que afectan diariamente a la población civil, ajena al conflicto. Esto es lo que reclama el pueblo colombiano y la comunidad internacional, que presencian asombrados el doble discurso de este grupo y que exigen, como lo hace el Presidente de los colombianos, el acatamiento pleno del Derecho Internacional Humanitario.

Si vamos a hablar de un cese al fuego y hostilidades, ello debe incluir el fin del secuestro y de la extorsión como fuentes de financiación de actividades claramente al margen de la ley y que afectan diariamente a la población civil, ajena al conflicto. Esto es lo que reclama el pueblo colombiano y la comunidad internacional, que presencian asombrados el doble discurso de este grupo y que exigen, como lo hace el Presidente de los colombianos, el acatamiento pleno del Derecho Internacional Humanitario

El Gobierno estima que es conveniente profundizar en el cabal entendimiento y comprensión de la dimensión cultural, ética y jurídica de los Derechos Humanos. En el contexto internacional contemporáneo, los avances en la reflexión teórica y las novedosas prácticas judiciales puestas en marcha para sancionar a los perpetradores de violaciones de los Derechos Humanos, indican con creciente precisión que tanto a sujetos individuales como a organizaciones y grupos les cabe responsabilidad cuando cometen estos crímenes.

El Gobierno que represento está comprometido en una lucha de largo aliento por conquistar el respeto por los Derechos Humanos, comenzando por el más precioso: el derecho a la vida. Este compromiso se confunde con su empeño por lograr la paz y la reconciliación entre todos los colombiano.

La aprobación del nuevo Código Penal Militar y la puesta en marcha del Comité Especial de Impulso a las investigaciones de violación de Derechos Humanos demuestran la firme decisión de los colombianos de corregir la grave crisis humanitaria que venimos padeciendo hace ya varios lustros. De este desempeño participan, entre otros, organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, distintas instancias del Estado como la Procuraduría y la Fiscalía y en forma decidida el Gobierno Nacional.

El propósito de otorgar plena vigencia a los Derechos Humanos para todos los habitantes del país, el cual hace parte cardinal del proyecto histórico de Colombia, enfrenta hoy obstáculos muy graves. A la violencia difusa del desorden social se agrega una poderosa violencia delincuencial, y a ésta, una compleja y polarizada violencia de carácter político. Los límites entre unas y otras, así como sus encadenamientos, no son del todo claros. Las hostilidades bélicas favorecen perversas dinámicas de eliminación de supuestos antagonistas por fuera del escenario mismo donde se realizan. En conjunto, ellas propician unas condiciones de intolerancia, negativismo y saturación del aparato judicial que favorecen la comisión de delitos constitutivos de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

El conflicto armado interno en Colombia, por su creciente generalización, fragmentación y degradación, constituye la mayor fuente de violación de los derechos fundamentales. Imposibilita la plena realización de los Derechos Humanos y, a la vez, reduce la capacidad del Estado para garantizarlos. Los actores armados al margen de la ley, específicamente los grupos guerrilleros y de autodefensa, han deshumanizado el conflicto, involucrando cada vez más a la población civil.

La situación colombiana tiene características muy particulares. El conflicto armado interno, con una historia cercana a los cincuenta años, ha sido exacerbado en las últimas dos décadas por fenómenos tan complejos y lesivos para la sociedad como la guerrilla, el narcotráfico y las autodefensas. La barbarie de sus métodos y actuaciones guerreras ha terminado por asemejarlos. En estas circunstancias, se requiere de una enorme creatividad para hallar el equilibrio entre el olvido y la satisfacción de la vindicta pública, entre el perdón y el castigo, y encontrar la senda segura de la reconciliación.