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El documento presenta el estado y los principales avances en materia de la garantía de los derechos humanos en el país, considerando la crisis mundial generada por la pandemia del COVID-19. Esto a partir de las diferentes políticas públicas, programas y proyectos implementados desde los diferentes sectores del Gobierno nacional.
Informe Anual Derechos Humanos 2018.
Durante el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, Colombia experimentó un cambio normativo e institucional dirigido a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y reforzar la eficiencia y coherencia de la organización y funcionamiento del Estado.
Hoy en día Colombia se consolida como un país que promueve, respeta y garantiza los derechos humanos en condiciones de igualdad. El 7 de agosto del 2010, el país emprendió el reto de romper con los imaginarios de estigmatización de quienes ejercen el rol de defensa de los derechos humanos promoviendo espacios de interlocución que han abonado el terreno fértil de la democracia, y con ello, los han instalado como tema de primer orden en la agenda pública. De igual manera, el país ha desplegado una acción estatal que orienta la política bajo el enfoque de derechos, entendiendo que no es suficiente la provisión de bienes públicos, si ello no se refleja en mejores condiciones de vida y bienestar. Dicha consolidación reside en la interlocución con sectores y poblaciones de distinto origen, y en su incidencia en la política pública, así como en el reconocimiento dado tanto en el nivel territorial como en la escena internacional.
El proceso de la ratificación del Tratado de Roma de 1998, que contiene el Estatuto de la Corte Penal Internacional, reafirma la tradición de adhesión e incorporación a la legislación interna colombiana de buena parte de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario. El trámite de incorporación del Tratado de Roma constituye un desarrollo de la Política Gubernamental de Promoción, Garantía y Defensa de los Derechos Humanos y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario.
El Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario –DIH-, pone a consideración de los funcionarios y funcionarias del Gobierno y del Estado colombiano de todos los niveles, de los investigadores e investigadoras de centros académicos, de las organizaciones internacionales, de las personas integrantes de organizaciones gubernamentales y de los movimientos sociales, así como de la opinión pública nacional e internacional, el Informe Anual de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, correspondiente al año 2010.
La Política de Defensa y Seguridad Democrática busca rescatar el imperio de la ley y extender una presencia activa y constante de las instituciones en todo el territorio nacional para brindar seguridad y justicia, fortalecer la institucionalidad local, propiciar oportunidades para un desarrollo con dignidad y un disfrute pleno de los derechos, y promover la transformación y recuperación tanto económica como social de las regiones aisladas e inseguras.una creciente participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, en su ejecución y en su vigilancia, y en la decisión de poder avanzar en lo que se concibe como la construcción de una cohesión social que conforman una Nación.
La primera constatación que se produce al contrastar los datos de violencia de los municipios que conformaron la Zona de Distensión (ZD) durante el proceso de paz adelantado por la administración Pastrana, con los promedios anteriores e históricos, es la sentida reducción de las acciones de guerra, enfrentamientos y combates. En la misma medida y como consecuencia de lo anterior, se observa la reducción de la violencia relacionada con el conflicto, como los homicidios y secuestros cometidos en la zona. A pesar de lo anterior, la situación tampoco fue de normalidad y, por el contrario, en este intervalo el conflicto en Meta y Caquetá experimentó importantes cambios que se analizarán en el presente estudio.
Durante el año 2009, se registraron en el país 15.817 homicidios, 2% (323) menos que los perpetrados en 2008, año en el cual acaecieron 16.140 muertes violentas, manteniendo la tendencia descendente que se viene presentando desde 2003, aunque no de manera tan pronunciada como en años anteriores.
Durante 2008, se registraron en el país 16.140 homicidios, 6% (1.058) menos que los perpetrados en 2007, año en el cual acaecieron 17.198 muertes violentas, manteniendo la tendencia a la baja que se viene presentando desde 2003, aunque no de manera tan pronunciada como en años anteriores.
Las guerrillas de las FARC y el ELN desplazaron la presencia de la Policía Nacional en la Sierra Nevada de Santa Marta. Posteriormente, la aparición de grupos de autodefensa y narcotraficantes agravó la situación de violencia. Las autodefensas amenazan a la población civil que según ellos coopera con la guerrilla, y los narcotraficantes usan la tierra, óptima para el cultivo de coca.
Durante el año 2006, se registraron 17.479 homicidios, 3% menos que los registrados en 2005, año en el cual se presentaron 18.111, manteniéndose la tendencia a la baja de los últimos años, aunque se debe tener en cuenta que la disminución este año fue relativamente menos, puesto que entre 2002 y 2003 la reducción en el número de homicidios fue de 18%, entre 2003 y 2004 de 14% y entre 2004 y 2005 de 10%
La ejecución y consolidación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática ha permitido al Gobierno colombiano obtener importantes logros en materia de protección de los derechos humanos de sus conciudadanos durante el año 2004. Los homicidios se redujeron en 14%, los casos de masacres en 52%, los secuestros en 35% y el desplazamiento forzado en 29%, con respecto al 2003, para no citar sino algunas violaciones contra esos derechos y libertades cometidas por las agrupaciones al margen de la ley.
Colombia ha logrado grandes e importantes avances en la defensa de los derechos humanos y del DIH gracias a la política de Seguridad Democrática. Como consecuencia directa de la misma en el 2003 se redujeron en 22% los homicidios, respecto del año anterior, lo cual permitió salvar la vida de 85.800 colombianos.